Cuando cerca de 300.000 estudiantes intentaron rendir la PSU, luego de dos postergaciones, más de dos tercios de ellos no consiguieron dar todas las pruebas para las que se habían inscrito. Sin embargo, en algún sentido puede afirmarse que la sociedad chilena se sometió al test de la PSU y que su resultado fue malo, a la vez que iluminador de relevantes carencias desatendidas.

Así, aunque los actos de sabotaje a la PSU son totalmente inaceptables y yerran el foco al concentrarse en dicho examen de selección, es cierto que al finalizar su educación secundaria muchos de nuestros jóvenes arrastran injustas desventajas a esas alturas difíciles de revertir. Y también lo es que nada contribuiría tanto a volver a nuestra sociedad más justa y próspera como reformas que conduzcan a una mejora sustancial de la protección de la infancia y de la educación preescolar, escolar y técnica.

La mala noticia es que la evidencia muestra que los movimientos de protestas más bien conducen a equivocar las prioridades postergando la solución de problemas importantes. La movilización de los llamados pingüinos de 2006 llevó a la adopción de algunas buenas medidas en materia de educación preescolar y escolar, pero las marchas de 2011 cambiaron ese rumbo, concentrando crecientemente los esfuerzos y los recursos en la educación universitaria mediante malas y costosas políticas, cuya inadecuada forma de financiamiento favoreció un persistente estancamiento de nuestra economía, que es uno de los factores que incubó el actual malestar.

Y todo indica que la actual crisis, con un acento predominante en las pensiones, llevará otra vez a postergar a los niños y adolescentes. Se olvida que, según la última encuesta CASEN, elaborada en 2017, mientras un 4,5% de las personas de 60 o más años vive en hogares con ingresos bajo la línea de la pobreza, un 15% de aquellas entre 0 y 3 y un 13,6% de las entre 4 y 17 padecen esa condición.

El episodio de la PSU hizo también patente las dificultades que enfrentamos desde octubre para hacer prevalecer nuestra legalidad democrática frente al ejercicio de la violencia. Y eso nos lleva, entre otras cosas, a las policías. Sin duda, ellas han estado sometidas a una inusitada exigencia, pues prácticamente ninguno de los movimientos de protesta ocurridos en democracias en los últimos años ha ido acompañado de los niveles de violencia que hemos visto en Chile. No obstante, es claro que es imprescindible modernizar drásticamente a nuestras policías, dotándolas de los recursos y competencias que les permitan resguardar el orden público protegiendo los derechos fundamentales de todos.

Y aunque esto ya no tiene mucho que ver con la PSU, vale la pena resaltar también que parte significativa de la violencia que hemos experimentado proviene de bandas de narcotraficantes, cuyo nocivo poder es fruto de la fracasada política de criminalización de las drogas, que pone en sus manos enormes cantidades de recursos, mientras el Estado gasta otros tantos en una guerra imposible de ganar. Entre nuestras prioridades debería estar también, por tanto, un plan cuidadosamente pensado para una gradual legalización de las drogas, del que podrían seguirse muchos beneficios.

La frecuencia con la que se utiliza el término "clase media" contrasta con la falta de precisión respecto a su verdadero significado. No es extraño que en los discursos políticos se hable de la clase media como la gran destinataria de los programas políticos. Probablemente, la popularidad del concepto en el discurso retórico no se deba precisamente a su significado, sino más bien a la adhesión que produce en el electorado, el cual está compuesto por personas que, en su inmensa mayoría, se identifica con este grupo pese a desconocer su alcance.

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de clase media? Uno de los intentos por caracterizar a este grupo social lo encontramos en el trabajo de María Paz Arzola y Catalina Larraín ("Hacia una definición y caracterización de la clase media en Chile", 2019), en el cual proponen una noción de clase media que incorpora a grupos familiares, cuyos ingresos oscilan entre $626.021 a $2.504.083. Las investigadoras distinguen, a su vez, entre clase media-baja (ingreso familiar entre $626.021 y $1.252.041), clase media (ingreso familiar entre $1.252.041 y 1.878.062) y clase media alta (ingreso familiar entre $1.878.062 y $2.504.083).

Al parecer, detrás de este reduccionismo semántico se esconde un grupo de individuos que, pese a identificarse con esta idea, vive en una situación de pobreza disfrazada. Aterrizando lo anterior, resulta útil traer a colación los resultados de la última Encuesta de Calidad de Vida de Fundación Piensa. Con una muestra de 1.650 encuestados de la Región de Valparaíso, el estudio nos indica que el 16% de ellos declara tener dificultades para llegar a fin de mes con su ingreso familiar, mientras que un 8% reconoce tener que endeudarse para terminar el mes. Junto con ello, destaca la cifra de 43% de encuestados que declara alcanzarles los ingresos para llegar a fin de mes, pero a costa de no poder ahorrar. Probablemente, este último dato es el que mejor grafica lo planteado hasta este momento. Cuando casi la mitad de la población regional llega a duras penas a fin de mes, cabe preguntarnos qué pasaría con esas familias si es que les afectase algún imprevisto que los haga incurrir en algún gasto extraordinario. Y he aquí el problema, esas personas pasarían a formar parte del grupo social más vulnerable: aquellos que deben endeudarse para llegar a fin de mes.

Este fenómeno reflejado a través de la encuesta no es nuevo y, de hecho, ha sido estudiado con atención por algunos académicos. Este es el caso del profesor de la Universidad de Londres, Guy Standing, quien en su obra más mediática ("The precariat: The new dangerous class") propone una nueva segmentación de clases sociales, donde resalta la que él denomina como "el precariado". Esta sería una clase social emergente, compuesta por individuos que poseen un trabajo y una vida inestable, que no se sienten representados por partidos políticos tradicionales y que viven al límite de la deuda insostenible, es decir, sólo les basta un error o accidente para estar en la calle.

La verdad es que lo planteado por Standing cobra bastante sentido si analizamos los acontecimientos más recientes de nuestro país. Ya se ha hablado suficiente sobre la falta de tacto de nuestras autoridades, quienes no pudieron ver que existía un grupo significante de ciudadanos viviendo al límite de sus capacidades económicas. Quizás la solución pase por ajustar el lente a través del cual estudiamos la sociedad, partiendo por entender que entre la clase media y la pobreza parece haber algo más.

La increíble estampa de Kersti Kaljulaid, la Presidenta de la República de Estonia, un singular país de 1.3 millones de habitantes situado en el extremo noreste de Europa, rodeado por Rusia, Letonia y el Mar Báltico, se dejó caer el último viernes por la Región de Valparaíso en lugares en apariencia imposibles, como el exedificio Corfo, hoy en manos de la PDI, o las oficinas del naciente instituto Inciber, en el barrio industrial de El Salto. Pero todo ello tiene cierta lógica, conducida por el senador Kenneth Pugh y su fiel escudero, Michael Heavey, quienes intentan impulsar la que quizás sea una de las apuestas más audaces del último tiempo: convertir a la Región de Valparaíso en el primer distrito administrativo completamente digital del país. Para ello, la PDI juega un rol tremendamente importante, por cuanto la sede de Curauma se convertiría en el centro nacional del Cibercrimen, es decir, donde todas las políticas relativas se aúnen en función de una noción de defensa que no necesita radicarse en Santiago por su carácter inequívocamente ubicuo.

De la misma forma, la intención del proyecto liderado por Pugh -en el cual ha contado con otras figuras como el asesor presidencial de ciberseguridad, Mario Farren- apunta a la instalación de una oficina pública, también en nuestra Región, desde la cual se dicten y monitoreen las políticas públicas respectivas.

¿Será ello posible? Imagínense la posibilidad de eliminar burocracias, trámites sin sentido, de instalar tecnología de blockchain para que los personeros del Consejo Regional y la Intendencia no terminen en las páginas policiales como ha sido durante, al menos, las últimas cinco administraciones; de crear valor para que los recursos lleguen donde se necesitan y no se queden en el camino, de entender que llenar la administración pública de cargos no tiene ningún sentido; de multiplicar los mercados para la exportación y el talento; finalmente, de convertirnos en país decente y capaz de compertir en las grandes ligas.

¿Cómo es posible hoy que ni el Gobierno Regional ni la Municipalidad de Valparaíso tengan un catastro formal y acabado de las necesidades en los cerros? Y no hablamos de tabulaciones manuales ni de estimaciones al ojo, sino del mapeo digital de los derrumbes, zonas de peligro y otros puntos que no han conseguido ser superados desde tiempos del alcalde Francisco Bartolucci o quizás antes.

¿Dónde, más allá de homenajes postreros a los niños expertos en robótica del colegio Patricio Lynch, está el impulso para que las nuevas generaciones tengan recursos y acceso a la educación neotecnológica? ¿De qué manera, tan absurda y triste, nos llevamos respetando protocolos absurdos de sentar en las primeras filas y darles prioridad a grises funcionarios como algunos secretarios regionales ministeriales de los cuales nadie se acordará en un par de años, mientras postergamos a los jóvenes, quienes debieron haber sido los primeros en conocer el ejemplo estonio?

La Presidenta Kaljulaid es un ejemplo de corrección en política y ello habla mucho del porqué del explosivo desarrollo de una nación que, en 1989, estaba por los suelos.