Las carencias que nos recordó la PSU
"La evidencia muestra que los movimientos de protestas más bien conducen a equivocar las prioridades postergando la solución de problemas importantes". Claudio Oliva Ekelund, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Cuando cerca de 300.000 estudiantes intentaron rendir la PSU, luego de dos postergaciones, más de dos tercios de ellos no consiguieron dar todas las pruebas para las que se habían inscrito. Sin embargo, en algún sentido puede afirmarse que la sociedad chilena se sometió al test de la PSU y que su resultado fue malo, a la vez que iluminador de relevantes carencias desatendidas.
Así, aunque los actos de sabotaje a la PSU son totalmente inaceptables y yerran el foco al concentrarse en dicho examen de selección, es cierto que al finalizar su educación secundaria muchos de nuestros jóvenes arrastran injustas desventajas a esas alturas difíciles de revertir. Y también lo es que nada contribuiría tanto a volver a nuestra sociedad más justa y próspera como reformas que conduzcan a una mejora sustancial de la protección de la infancia y de la educación preescolar, escolar y técnica.
La mala noticia es que la evidencia muestra que los movimientos de protestas más bien conducen a equivocar las prioridades postergando la solución de problemas importantes. La movilización de los llamados pingüinos de 2006 llevó a la adopción de algunas buenas medidas en materia de educación preescolar y escolar, pero las marchas de 2011 cambiaron ese rumbo, concentrando crecientemente los esfuerzos y los recursos en la educación universitaria mediante malas y costosas políticas, cuya inadecuada forma de financiamiento favoreció un persistente estancamiento de nuestra economía, que es uno de los factores que incubó el actual malestar.
Y todo indica que la actual crisis, con un acento predominante en las pensiones, llevará otra vez a postergar a los niños y adolescentes. Se olvida que, según la última encuesta CASEN, elaborada en 2017, mientras un 4,5% de las personas de 60 o más años vive en hogares con ingresos bajo la línea de la pobreza, un 15% de aquellas entre 0 y 3 y un 13,6% de las entre 4 y 17 padecen esa condición.
El episodio de la PSU hizo también patente las dificultades que enfrentamos desde octubre para hacer prevalecer nuestra legalidad democrática frente al ejercicio de la violencia. Y eso nos lleva, entre otras cosas, a las policías. Sin duda, ellas han estado sometidas a una inusitada exigencia, pues prácticamente ninguno de los movimientos de protesta ocurridos en democracias en los últimos años ha ido acompañado de los niveles de violencia que hemos visto en Chile. No obstante, es claro que es imprescindible modernizar drásticamente a nuestras policías, dotándolas de los recursos y competencias que les permitan resguardar el orden público protegiendo los derechos fundamentales de todos.
Y aunque esto ya no tiene mucho que ver con la PSU, vale la pena resaltar también que parte significativa de la violencia que hemos experimentado proviene de bandas de narcotraficantes, cuyo nocivo poder es fruto de la fracasada política de criminalización de las drogas, que pone en sus manos enormes cantidades de recursos, mientras el Estado gasta otros tantos en una guerra imposible de ganar. Entre nuestras prioridades debería estar también, por tanto, un plan cuidadosamente pensado para una gradual legalización de las drogas, del que podrían seguirse muchos beneficios.