En una furgoneta blanca de la agencia penitenciaria peruana, Keiko Fujimori, quien fue la mujer más poderosa en los últimos cuatro años, volvió a la misma prisión de la que salió hace dos meses.

Las cámaras no pudieron captar su rostro, pero algunas decenas de seguidoras vestidas con camisetas de color anaranjado que tenían retratos de ella y de su también encarcelado padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), gritaban: "¡Keiko, valiente, aquí está tu gente!".

Lavado de activos

En la víspera, y tras una lectura de ocho horas, el juez Víctor Zúñiga ordenó 15 meses de prisión preventiva para ella mientras es investigada por lavado de activos de la constructora brasileña Odebrecht.

Fujimori, de 44 años, pasó la noche en un local en el centro de la capital donde permanecen los presos a quienes aun no se les ha asignado la cárcel. La agencia penitenciaria ordenó que sea internada en la prisión de mujeres de Lima, donde estuvo presa por 13 meses hasta noviembre pasado, cuando salió por decisión del Tribunal Constitucional.

La nueva orden contra Keiko Fujimori cae en el peor momento por el que atraviesa su partido, que fue castigado con el voto popular el domingo en las elecciones legislativas.

Obstrucción

El poder de Keiko se forjó a través de la última década, pero se consolidó en 2016 cuando su partido político, Fuerza Popular, consiguió 73 escaños en el Parlamento, de 130 sillas. Su enorme poder fue usado para obstruir al gobierno del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El parlamento también protegió a una serie de funcionarios investigados por corrupción.

Su partido fue decisivo incluso en empujar a la renuncia de Kuczynski, lo que logró en 2018, cuando el entonces mandatario fue acusado de comprar votos para evitar su destitución.

Lo que quizá no imaginó es que el caso de corrupción propiciado por Odebrecht, que cayó en 2016 como una ola sobre los poderosos expresidentes peruanos, también la alcanzaría.

El Parlamento Europeo (PE) puso ayer el sello final al acuerdo del Brexit negociado entre la Unión Europea y el Reino Unido, tratado que recoge los términos de la salida ordenada de los británicos del bloque comunitario mañana a la medianoche.

Una gran mayoría de la Eurocámara, 621 diputados, votó "sí" al acuerdo de retirada, mientras que 49 parlamentarios votaron en contra (mayoritariamente los partidos de la oposición británica, como laboristas, liberaldemócratas y verdes) y 13 se abstuvieron.

El debate se prolongó durante casi dos horas en las que se cruzaron las celebraciones de los partidarios de la marcha, sentados al fondo del hemiciclo, con las lágrimas y la emoción de los británicos que hablaban en el pleno por última vez, algunos de ellos con ropa azul y amarilla en homenaje a la bandera de la UE.

Los 47 años del Reino Unido en la UE acabarán, y aunque ya no será un Estado miembro, seguirá vinculado a las normas europeas durante el periodo de transición, once meses en los que los equipos negociadores volverán a sentarse a la mesa para diseñar la relación futura.

En esas conversaciones se incluirá el acuerdo de comercio entre ambos, unas negociaciones que se prevén complejas y para las que, según ha advertido ya el bloque europeo, harán falta más de los once meses que le quedan a los británicos alineados con la normativa europea.

En Escocia, mientras tanto, el Parlamento votó a favor de convocar a un nuevo referendo sobre la independencia, una medida para presionar al gobierno británico a pocas horas del Brexit. Los legisladores en Edimburgo votaron 64-54 a favor de un referendo "para que el pueblo de Escocia pueda decidir si quieren convertirse en un país independiente".

La votación tendrá escasas consecuencias en lo inmediato. Un referendo, para ser vinculante, requiere la aprobación del gobierno británico, y semanas atrás el primer ministro Boris Johnson rechazó el pedido del gobierno escocés de someter a votación la independencia.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer un pacto que reescribió las reglas del comercio con México y Canadá, asegurando que reemplaza la "pesadilla" de un acuerdo que data de la era de Bill Clinton (el TLCAN) y que mantendrá los empleos, la riqueza y el crecimiento en Estados Unidos.

"Este es un acuerdo de vanguardia que protege, defiende y sirve al gran pueblo de nuestro país", dijo Trump en la ceremonia de firma en la Casa Blanca, aunque los expertos en comercio dicen que el impacto del nuevo tratado, llamado T-MEC, será modesto.

Canadá y México son los dos principales mercados de exportación de los bienes estadounidenses. El nuevo acuerdo requiere, por ejemplo, que los fabricantes de automóviles obtengan el 75% de su contenido de producción (en comparación con el 62,5% en el TLCAN) de América del Norte para calificar para los beneficios libres de impuestos del pacto.

Eso significa que debe haber más contenido del auto que se haya fabricado en alguno de los tres países de América del Norte, en lugar de partes importadas de sitios más baratos, como China y otros lugares.