Pamela Boltei

Al menos cuatro reuniones alcanzó a sostener la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Valparaíso, en medio de una visita exprés a la ciudad que forma parte de la intensa agenda que tiene el equipo liderado por el comisionado Joel Hernández en el país, hasta el próximo 31 de enero.

La visita in loco comenzó el 25 de enero en la Región Metropolitana y este miércoles un pequeño equipo arribó, cerca de las 9 de la mañana, a Valparaíso, para reunirse primero con el vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti, y el senador José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA. Posteriormente tuvo un encuentro con la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y, pasado el mediodía, otra con la comisión de Derechos Humanos en la que también participaron diputados. Allí, Andrés Celis le entregó una carta con su inquietud por el daño a vecinos y comerciantes de calles Condell, en Valparaíso, y en Viña del Mar y San Antonio.

Joel Hernández confesó en la reunión que buscaba "medir el pulso" de los parlamentarios, ver el proceso del plebiscito de abril y conocer las iniciativas de ley respecto de las causas que dieron origen al estallido. "Sabemos que es un fenómeno multicausal", reconoció, pero aseguró que buscan aportar a soluciones.

"Tenemos como objetivo hacer un informe con observaciones que deben ser objetivas y constructivas con propósito de colaborar con el Estado chileno, para superar el impasse donde se encuentra y para poder observar las protestas sociales desde una mirada amplia tenemos que entrar al análisis de las causas y consecuencias de este estallido social y, desde luego, con una visión de futuro, de ver cómo Chile puede regresar a la normalidad, pero desde luego fortalecida, porque creemos que si bien ha sido un desafío para Estado y sociedad, es también una gran oportunidad para salir fortalecido en sus instituciones, leyes, reglamentos y procesos", dijo.

Con organizaciones

Cerca de las 15 horas, la comitiva se reunió con unas cien personas, entre víctimas de lesiones oculares y otras, dirigentes de la Mesa Social Valparaíso, estudiantes secundarios y universitarios, organizaciones de derechos humanos de la región, culturales, medioambientales y médicos en dos salas del edificio CIAE de la Universidad de Valparaíso (UV), quienes les expusieron, cada uno por un plazo de tres minutos como máximo, sus testimonios personales sobre lo vivido en Valparaíso, principalmente en las manifestaciones y enfrentamientos posteriores, y luego sobre las demandas sociales locales, las que se centraron en los problemas medioambientales de Quintero y Puchuncaví y el conflicto del agua en la zona interior.

En el cuarto piso donde se realizó la reunión, entidades culturales montaron una pequeña exposición cronológica con fotografías, balines y bombas lacrimógenas usadas, y previo a los testimonios, se reprodujo un audio de lo que pasa en subida Cumming cuando han ocurrido enfrentamientos. Inés Robles, coordinadora Clínica Jurídica de E. Derecho UV, explicó que "las asociaciones culturales que quisieron participar creyeron que era una situación interesante para que ellos pudieran escuchar cómo se percibía la manifestación y la represión de la misma".

Francisca Padilla, representante de la Confech, dijo que "es importante que ocurran este tipo de instancias donde entes externos a Chile vienen a fiscalizar lo que ocurre en el país con la movilización social. Lo importante es que vengan a dejar sanciones por lo que ocurre porque hay una impunidad tremenda".

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas Valparaíso, valoró el espacio: "La posición que tiene la Mesa Social es que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos y esperamos que se plantee eso en el informe, porque eso ha sido relativizado por el Gobierno".

"Para observar las protestas (...) tenemos que analizar causas y consecuencias de este estallido social con una visión de futuro".

Joel Hernández, Comisionado CIDH

El Presidente Sebastián Piñera realizó una sorpresiva reunión durante la tarde de ayer en el Palacio Presidencial del Cerro Castillo con el gabinete sectorial regional, para abordar medidas por el problema hídrico.

La Región de Valparaíso registró un déficit de lluvias del 79% en 2019. El año pasado, el Mandatario presentó un plan para combatir la escasez hídrica en Chile, que incluía más recursos para asistir a las familias y agricultores afectados, inversiones en el sector sanitario y en embalses, y la promoción de la eficiencia en el riego y en el consumo de agua.

Este miércoles el Jefe de Estado coordinó nuevas acciones para paliar los efectos negativos que afectaron a las localidades de la región durante los últimos meses. En la mesa de trabajo participaron también el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, gobernadores, seremis; el director general de Aguas, Óscar Cristi, y el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas.

Entre las medidas acordadas a corto plazo se planteó aumentar las fiscalizaciones subterráneas y de derechos de agua, mayor trabajo con las juntas de vigilancia, apurar los proyectos de conexión de APR con sanitarias, además de un catastro a pozos abandonados y lograr un uso más eficiente de recursos. A largo plazo se buscará realizar algunas obras para mitigar la crisis.

Con una carta escrita de su puño y letra, y que le envió a diferentes instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema, uno de los dos condenados por el homicidio del profesor villalemanino Nibaldo Villegas, Francisco Silva, decidió iniciar una huelga de hambre seca para exigir una disminución de la pena que le fue asignada por su responsabilidad en el horrendo crimen.

"No tuve un juicio justo y me encuentro mal condenado por un asesinato que no cometí. Sé que debo pagar mi delito, pues no desconozco mi lamentable participación en las acciones para desaparecer el cuerpo, pero deseo pagar lo justo y no por algo que no hice. Solicito muy humildemente que se revise y baje mi condena a una justa por mi actuar", fueron las palabras del condenado, quien le dirigió la misiva a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a Gendarmería y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras entidades.

Cabe recordar que Silva fue condenado por el delito de homicidio calificado y deberá pasar al menos 20 años en prisión, para recién poder solicitar algún tipo de beneficio carcelario. Durante el juicio se logró acreditar su participación en la muerte del profesor, como también en el descuartizamiento y ocultamiento del cuerpo, cuyo torso apareció flotando en las cercanías al muelle Prat, en Valparaíso.

Sin efecto en el caso

Consultado sobre la huelga de hambre seca iniciada por Silva, el abogado de la familia Villegas, Patricio Olivares, aseguró que el condenado "se encuentra en su derecho a manifestarse", aunque sostuvo que la forma de hacerlo y su objetivo "son cuestionables, puesto que las consecuencias para su salud son de gran envergadura".

Pero además, el defensor precisó que ninguno de los organismos a los cuales Francisco Silva les envió una carta "tienen la facultad para realizar una rebaja, una conmutación ni una sustitución de la condena, por lo tanto él va a continuar en prisión de por vida".

"Sus plegarias de una supuesta 'injusticia' no sirven de nada. Y nosotros mantenemos la tranquilidad porque una disminución de la pena no va a ocurrir independiente de las medidas que él tome. Además, esto vuelve a demostrar que estamos frente a una persona con rasgos psicópatas", señaló el abogado de la familia.

"Ninguno de los organismos tiene la facultad para rebajar, conmutar o sustituir la condena. Él va a seguir en prisión".

Patricio Olivares, Abogado de familia Villegas