Cristián Rojas M.

El pasado lunes 2 de marzo asumió el presidente más joven en la historia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, tomando las riendas del tribunal de alzada en un momento crucial para el país, lo cual siente como "un desafío para que la gestión de los tribunales se haga de mejor manera en lo jurisdiccional y en lo interno".

- El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dijo que luego del estallido social están todos intranquilos. ¿Existe esa misma sensación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso?

- La sensación de los funcionarios judiciales en esta jurisdicción, yo creo que en este momento es de tranquilidad. En el sentido de que estamos con todos los medios y mecanismos disponibles para enfrentar situaciones de mayor cantidad de trabajo, que es lo que, básicamente, podría ocurrirles a los órganos de la jurisdicción en el caso de que la crisis social contemplara mayor carga, sobre todo en estos días de marzo. Por ejemplo, más detenciones, más audiencias, más controles de detención. Por lo tanto, la jurisdicción está preparada, y desde ese punto de vista, está tranquila.

- Ya hubo, al menos, tres presentaciones feministas frente a la Corte, reclamando porque la Justicia no es igual para mujeres que para hombres y que en la misma Corte no hay paridad. ¿Se está trabajando en ese ámbito? ¿Hay alguna autocrítica al respecto?

- En materia jurisdiccional, mi percepción en materia de fallos es que no ha existido una discriminación de género. Sí, la ministra que está a cargo del tema en la Corte Suprema, la señora Andrea Muñoz, nos ha orientado en cuanto a que se mejoren los medios de acceso a la justicia, sobre todo en materia de violencia de género, en los tribunales de familia y en los juzgados de Garantía, que es donde podría haber alguna limitación o alguna condición, pero yo no la percibo, al menos de parte de la situación jurisdiccional.

- ¿Cree que la sensación de injusticia está al centro del estallido? Injusticia por los sueldos, por el acceso al agua, las pensiones, pero también injusticia cuando, por ejemplo, a un ciudadano le toca enfrentar en tribunales a un empresario? ¿Cómo cree que está enfrentando el Poder Judicial ese reclamo?

- Todos los reclamos ciudadanos tienen algún fundamento y por eso, yo creo, los está discutiendo el Gobierno en su agenda social, así que ya no dependen del Poder Judicial propiamente tal. Pero la injusticia que pudiere manifestar un ciudadano frente a los tribunales, al acceso a la justicia de un particular, en especial de un trabajador frente a un empresario, tiene que verse caso a caso, no podría yo decir que hay una injusticia en general frente a una situación. Ahora, mi percepción es que, en general, la justicia laboral funciona bien. De hecho hay una reforma procesal laboral que simplificó el procedimiento y lo hizo más breve, les dio tiempo acotado a los jueces para resolver.

- Lo del empresario era sólo a modo de ejemplo. Pero la pregunta apuntaba a la percepción de una justicia para ricos y otra para pobres, y en ese sentido, se recuerda, por ejemplo, el caso del joven que murió en el incendio de la cárcel de San Miguel, que estaba preso por vender cd's piratas en las calles, mientras que el empresario Raúl Schuler, que robó o receptó gran cantidad de esculturas, quedó libre gracias a un acuerdo reparatorio...

- Hay que mirar el caso a caso con empatía, porque no es lo mismo un imputado que comete un delito que no es considerado por el Código Penal como crimen, que no tiene antecedentes, o que los puede tener incluso, pero que puede tener una salida alternativa conforme a la ley. Entonces no tiene mayor sentido ingresarlo a que cumpla una medida cautelar de prisión preventiva mientras se tramita la causa.

"Ahora, en cuanto a la defensa. En esta jurisdicción la Defensoría Penal Pública funciona bastante bien, tiene un defensor público regional excelente, el señor Claudio Pérez-García, que está encima de todos sus defensores penales locales, trabajan bastante en reuniones y capacitaciones de los defensores, y al menos lo que yo percibí como ministro en sala, en los alegatos, es que se encontraban bastante preparados los defensores penales públicos. De hecho yo diría que un defensor penal público está más capacitado que un defensor privado en general, salvo que sea un abogado penalista. De modo que un imputado, aquí, podría sentirse tranquilo en cuanto a la defensa a la que tiene derecho", acota.

Y sigue: "El que tiene dinero puede pagar un abogado bueno, y el mecanismo para solucionar esa natural diferencia lo proporciona el Estado, que está obligado a solucionarlo, porque constitucionalmente y por obligación de convenios internacionales en materia penal, está obligado a otorgarle defensoría al imputado".

"Ahora, donde podría existir una diferencia -que se está solucionando- es en materia civil y en materia de familia, donde podría existir una deuda porque ahí el que no tiene ingresos es defendido por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en materia civil, o por las clínicas jurídicas de las universidades, en donde ahí sí uno podría reprochar en el sentido de que si es atendido por un estudiante de la universidad en las clínicas jurídicas, o es atendido por una persona que está en vías de ser abogado, que está haciendo la práctica, podría haber una diferencia con el que sí tiene los medios. Entonces ahí yo creo que sí podría mejorarse, y crear una defensoría podría ser una solución. O mejorar el sistema de la CAJ, que aquí, al menos en segunda instancia funciona bien, porque los abogados son buenos, ellos están encima de los postulantes, yo eso lo he visto. No sé cómo funciona en primera instancia, si los abogados de primera instancia harán la misma tarea que hacen los de la segunda. Pero sí, no son abogados que tienen un magíster, como por ejemplo, sí lo exigen en la Defensoría Penal Pública y en la Defensoría Laboral. Ahí podría haber una diferencia y podría mejorarse ese sistema, ya que podría haber ahí una justa demanda de acceso a una mejor defensa", agrega.

Fallos contradictorios

- La Corte ha tenido fallos dispares en torno a los recursos interpuestos por la Municipalidad de Valparaíso y el Consejo de Rectores contra el uso de gases y balines por parte de Carabineros. Han acogido, revocado, vuelto a acoger, vuelto a revocar ¿Cómo se explica esa disparidad de criterios frente a un mismo tema?

- Rápidamente se detectó el problema y se agruparon todas las causas. El fallo aún no se dicta. Uno podría decir que hubo cierta disparidad de criterios en las manifestaciones no pacíficas, porque en las pacíficas siempre hubo el mismo criterio: que no se podían utilizar los balines de goma en las manifestaciones pacíficas. Siempre hubo orden de no innovar. En el mayor o menor alcance hubo una disparidad de criterios, pero eso se debe a nuestro sistema jurídico, en que, a diferencia de otros, cada juez es independiente. Incluso en esta Corte, en que somos un tribunal colegiado, puede haber votaciones divididas; cada juez puede pensar distinto y eso lo reconoce la Constitución Política.

- ¿Cómo estima usted que Carabineros ha enfocado el uso de esos disuasivos? Porque hay reiteradas denuncias de manifestantes pacíficos, mientras los comerciantes saqueados acusan pasividad, abandono e incluso permisividad por parte de la policía.

- Eso tiene que verse en cada situación en particular, porque de otro modo ya sería opinar especulativamente, y yo no soy bueno para eso. Pero si me traen un caso en particular de un manifestante pacífico que ha sido agredido, tendría que revisar la carpeta de investigación del Ministerio Público y ver si efectivamente se trataba de un manifestante pacífico. Tratándose de los comerciantes, bueno, ellos tienen que utilizar los mecanismos legales que correspondan. Sé que han interpuesto recursos de protección, que también están en tramitación. Y Carabineros tiene que actuar utilizando sus facultades legales cuando hay intervenciones ilícitas en los locales.

- La crítica de locatarios de Condell o subida Ecuador, por ejemplo, es que Carabineros no aplica con los saqueadores la misma fuerza que utiliza contra los manifestantes...

- Bueno, esa crítica habrá que hacérsela al Intendente de Valparaíso, que en esta región es el encargado de que los carabineros cumplan su labor. Y si no lo hacen, bueno, los comerciantes pueden interponer los recursos de protección, y en el fallo me imagino que, si es que se llegara a acoger, como restablecimiento del derecho, tendría que obligarse a que Carabineros cumpliera su labor. No necesariamente Carabineros tiene que utilizar las escopetas con los balines para defender a los comerciantes, algunas veces se pueden realizar actuaciones preventivas; hay unas mesas técnicas interinstitucionales en las que participa la Corte de Apelaciones, que son para adoptar acciones preventivas. Hasta el mismo patrullaje, o que se ubiquen en los lugares que corresponde, hay distintas fórmulas que pueden utilizar los carabineros para prevenir la comisión de hechos ilícitos. Claro, hay que estar en el momento. Pero los comerciantes tendrán que dirigirse al Intendente, y si no, interponer los recursos de protección; más que eso la jurisdicción no puede realizar, los jueces no pueden ubicarse en los locales comerciales. Yo encuentro que, evidentemente, son lícitas las demandas de los comerciantes cuando son afectados, y deben dirigirse al Intendente para que Carabineros realice su función si no lo han hecho.

- Al parecer los comerciantes entendieron mal esos recursos porque han criticado al alcalde y al Consejo de Rectores, acusándolos de inhibir a Carabineros, pese a que han explicado que dichos recursos son sólo para el caso de manifestaciones de carácter pacífico...

- Claro, se trata solamente de las manifestaciones pacíficas, ya que en la comisión de hechos ilícitos Carabineros tiene todos los medios para utilizarlos.

"Todos los reclamos ciudadanos tienen algún fundamento y por eso, yo creo, los está discutiendo el Gobierno en su agenda social".

"Son lícitas las demandas de los comerciantes afectados, y deben dirigirse al intendente para que Carabineros realice su función si no lo han hecho".

"Estamos con todos los medios y mecanismos disponibles para enfrentar mayor cantidad de trabajo, en caso que la crisis social contemplara mayor carga".