Su rostro más sórdido está mostrando la crisis habitacional: grupos organizados trafican con terrenos del Serviu destinados a viviendas sociales de familias que utilizan las vías legales para acceder a una vivienda digna.
Estos grupos lotean y "venden derechos" en espacios que previamente tienen un objetivo, lucrando así con el drama habitacional de algunas familias y, a la vez, dificultando el proceso regular que han iniciado otras.
El Servicio de la Vivienda y Urbanización, Serviu, ha detectado 10 de estas ocupaciones ilegales en la región, cuatro de ellas en Viña del Mar, comuna en la cual ya hay 98 campamentos que albergan a 7.117 familias.
Los terrenos en esa comuna se ubican en El Olivar, Miraflores Alto y Reñaca Alto. En el caso de El Olivar, el predio, por su condición, es incompatible para la vivienda. Los otros ya tienen asignación a comités de vivienda y uno de ellos está entregado para uso deportivo. Especialmente grave es el caso del terreno de Miraflores alto, donde loteadores ilegales han demarcado y levantado cierres perimetrales. Se dan casos similares en la comuna de San Antonio.
El director regional del Serviu, Tomas Ochoa, puntualizó que esos predios tienen destino habitacional a través de comités de vivienda formados por personas que "por años y por la vía regular han esperado que su proyecto se concrete".
La presidenta del comité de vivienda "Nueva Vida" de Reñaca Alto, Nicole Pérez, da cuenta en terreno de la gravedad del problema, pues los ocupantes ilegales se han puesto agresivos y afirman que no se van a mover.
Más categórica es Ana María Montenegro, del comité "Santa Esmeralda", quien pide celeridad en los proyectos del Serviu y que, con amparo de la ley, saquen a los ocupantes ilegales.
El tema de las ocupaciones y los loteos irregulares en Viña del Mar no es nuevo. Ya en los años 50 del siglo pasado surgieron graves problemas de "ventas brujas" en el sector Achupallas. La situación tardó años en resolverse en medio de acciones judiciales, pérdida económica para adquirentes y gasto de recursos públicos, pues la urbanización comprometida nunca llegaba.
Ante la actual situación de ocupaciones de terrenos que ya tienen destino, Ochoa advirtió que "vamos a tener tolerancia cero con aquellos que se tomen terrenos y vamos a desalojar".
El problema es que hay hechos consumados, hay pagos a quizás qué promotores y hay familias que confían en haber logrado solución para su necesidad de vivienda.
El desalojo anunciado tiene alcances humanos y también políticos. Y mientras, por otro lado, está la presión y el desaliento de quienes formalmente están desde hace tiempo haciendo fila.
Este caso, que debe ser una luz roja permanente, exige anticipación, investigación y, lo más duro, voluntad de actuar.
