Nuestra misión, que es proporcionar defensa penal de alta calidad a todas las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la dignidad y los derechos humanos de nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia a aquellos en situación de especial vulnerabilidad, quedó más que nunca de relieve en la ciudadanía durante los días más agitados del denominado estallido social.

Como nuestro compromiso es la defensa de los derechos de las personas, la Defensoría Penal Pública en enero pasado dispuso crear un plan nacional para responder a la necesidad de otorgar defensa penal a las personas que se encuentren detenidas al interior de cuarteles policiales.

Su objetivo es comenzar lo antes posible a realizar nuestro trabajo profesional desde la perspectiva procesal penal y salvaguardar los derechos fundamentales durante las primeras horas de la detención, a través de la presencia de un defensor penal público, garantizando los derechos a la libertad, integridad y garantías judiciales.

Para cumplir con el espíritu de esta iniciativa, recientemente en Valparaíso y Viña del Mar comenzó el programa piloto de atención en cuarteles policiales. El modelo se aplica de manera focalizada en estas zonas porque tienen mayor población y cifras de personas detenidas, conforme a las estadísticas institucionales.

En la fase inicial cumplen turnos en las comisarías defensores institucionales, abogados de Unidad de Estudios, el asesor jurídico y quien suscribe.

Cada abogado que concurre a los cuarteles policiales realiza, entre otras, las siguientes actuaciones: solicita el listado de personas privadas de libertad, priorizando la atención de menores de edad y mujeres; en segundo lugar, en la entrevista verifica que los indicados en la nómina estén efectivamente en el recinto policial, constatando de manera directa el estado de su integridad física y psíquica. Y por cierto, comienza a desarrollar las respectivas teorías del caso.

Con la voluntad de impulsar relaciones interinstitucionales colaborativas en beneficio de la ciudadanía, me reuní hace unos días con el jefe de la V Zona de Carabineros, general Hugo Zenteno Vásquez, a quien agradezco su colaboración a la iniciativa, la cual también próximamente difundiré en la Policía de Investigaciones.

En medio de la crisis sanitaria que significa el desarrollo del coronavirus en nuestro país, la continuidad de los servicios de aseo es fundamental, pues el oportuno manejo de los residuos domiciliarios, comerciales o industriales es un aspecto importante en la tarea de controlar la propagación de la pandemia.

Debido a ello, el cierre temporal del vertedero El Molle, situado en el Camino de la Pólvora, que recibe residuos de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, es un hecho grave que bien pudo ser evitado.

Durante casi 24 horas el vertedero estuvo cerrado debido a que fue bloqueado por un grupo de recicladores que opera en ese recinto, impidiendo el acceso de camiones con residuos, lo que provocó, a su vez, alteraciones en los servicios de aseo de algunos puntos de Valparaíso y Concón.

Veolia, la nueva empresa operadora del vertedero, afirmó que el cierre no fue provocado por sus trabajadores, sino que "por la presencia de algunos recicladores que realizan actividades no reguladas en algunas zonas". Esta medida de fuerza obligó a que trabajadores de la mencionada empresa se retiraran del recinto, lo cual determinó la paralización momentánea de las operaciones. Ante esto, la empresa tomó medidas para asegurar la protección de su personal y para reponer la reapertura del recinto se requirió la presencia de Carabineros. Paralelamente, se estableció una mesa de trabajo para abordar el problema que tiene muchas caras. La más penosa, el trabajo mismo de los recicladores que, formales o informales, buscan algún beneficio en un medio de alta contaminación, con materiales peligrosos, malolientes y en proceso de descomposición. A ello se suma la presencia de roedores. ¡El peor de los mundos!

Pero por otro lado está la importancia del trabajo que allí se desarrolla en beneficio de la salud de toda la población y del medioambiente en general. Así, la paralización de los servicios de aseo, cuyo eslabón final son los vertederos y el reciclaje que allí se intenta realizar, es una amenaza para todos.

Esa paralización muchas veces se refleja en calles llenas de basura, con depósitos colapsados y verdaderos festines de perros vagos y también en vertederos clandestinos en sitios eriazos o quebradas que terminan siendo focos de devastadores incendios.

Toda esta realidad exige la seguridad de mantener expeditos servicios de aseo, desde el retiro de los desperdicios hasta su deposición en los vertederos.

Lo señalado supone evitar conflictos como el ocurrido en el vertedero El Molle, buscando que la tarea de la mesa de trabajo tenga resultados efectivos para asegurar que esta grave situación no se vuelva a repetir, considerando además la situación sanitaria actual en que la salud de toda la población está amenazada por el temible covid-19.

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