Actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados, para hacer exigible a éstos, programas de integración escolar. La iniciativa ingresó para su primer trámite constitucional (Senado) el 15 de octubre de 2019, y se prevé que una vez aprobada, sus disposiciones comenzarán a regir para el proceso de admisión del año siguiente al de su publicación.

Sin duda, es un gran avance. Como he señalado en otras oportunidades, el acceso a la educación, en todas sus modalidades, es por derecho y no por privilegio. No obstante, la realidad en nuestro país para nuestros y nuestras estudiantes con discapacidad (en establecimientos particulares pagados) está condicionada por una serie de requisitos, tales como el cobro de matrícula y/o arancel diferenciado, los cuales son justificados en razón de los costos de implementación de programas de integración escolar. Asimismo, y como práctica frecuente, en el caso de estudiantes con autismo, se les solicita a las familias incorporar una tutora de manera permanente y que, lógicamente, es costeado íntegramente por éstas, transformándose de esta manera en verdaderas islas de exclusión, descuidando, por tanto, los valores esenciales de la inclusión referidos no sólo a la presencia de la persona, sino que, además, a la participación activa, contribución dentro de su contexto educativo y aprendizajes significativos.

Este camino, en donde dignificamos a las personas con discapacidad, y en este caso, a la persona con Autismo, aún es un camino inacabado, y que sin duda tiene relación con la dignidad humana, para ello, se hace necesario la construcción de una escuela acogedora, así como políticas que aseguren el acceso, y la permanencia, en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de las y los estudiantes sin discapacidad.

Este camino, sin duda, supone un gran desafío, donde las instituciones y la comunidad en general debieran, en primer lugar, abrazar la diversidad, así como el creer en el valor del colectivo, para luego ponerse al servicio de éstas, promoviendo así su calidad de vida y la construcción de proyectos de vida personales por medio de sistemas de apoyos centrados en la persona. ¿Dónde y cómo? En comunidad, en contextos vitales y naturales, visibilizándolos y dándoles voz.

Volviendo al proyecto de ley, nuestra forma de concebir la sociedad y las personas se encuentra íntimamente relacionada con la escuela. Para ello, como señala Ignacio Calderón Almendro, catedrático de la Universidad de Málaga, escuchar los discursos y lenguajes de las personas desplazadas a los márgenes es la principal herramienta para mejorar los sistemas sociales y educativos.

Finalmente, hoy, 2 de abril, donde conmemoramos el Día Internacional del Autismo en todo el mundo, hago un llamado al derecho a la igualdad y a la no discriminación, al derecho a vivir de manera independiente en la comunidad, al acceso a la educación, al trabajo y a tener un empleo digno para las personas con autismo.

151 años | 2 de abril de 1869

Alarma de presuntos muertos por epidemia

A poco del arribo a Valparaíso de la "Tuscarora" corrió la voz de que en este buque habían fallecido 32 tripulantes de fiebre amarilla en su viaje de El Callao a este puerto. Inmediatamente, la Capitanía investigó y resultó ser falso el rumor. Sólo ha muerto el contador y no de fiebre amarilla, dos días antes de fondear en El Callao.

101 años | 2 de abril de 1919

Pedirán policía para Sn. Fco. de Limache

El corresponsal en San Francisco de Limache informó que ante el desinterés de la autoridad en completar el personal de guardianes, se pedirá al señor gobernador que solicite al Ministerio del Interior para que resguarden al pueblo diez funcionarios de carabineros del escuadrón Limache que están de guarnición en la capital.

51 años | 2 de abril de 1969

EE.UU. sufre 33.630 muertos en Vietnam

SAIGÓN, abril 1 (UPI).- La guerra de Vietnam se convirtió hace un año en la guerra más larga y esta semana pasará a ser la tercera más costosa de las conflagraciones extranjeras en que haya estado involucrado Estados Unidos. Hoy se confirmó que el número de muertos en ese país sobrepasó la cifra de 33.630 en la noche del pasado lunes.

Subir los precios de los planes privados de salud cuando el país vive una crisis sanitaria pareciera un descriterio de antología. El Gobierno, en voz del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, calificó elegantemente la medida de "inoportuna", y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, por instrucción del Presidente Piñera, se reunió ayer con los representantes de las isapres, consiguiendo un aplazamiento de tres meses.

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, informó que las alzas afectarán al 88,7% del total de los usuarios del sistema, casi 3 millones de personas. El alza que aplicarán siete isapres a partir de noviembre es en promedio del 4,5%. Fernández aclaró que "la Superintendencia carece de facultades legales para obligar a una isapre a modificar sus precios base".

Insistiendo en el tema, el ministro Blumel expresó que "este es un momento de mucha dificultad. Obviamente, esperamos no sólo gestos, sino acciones concretas" y en esa dirección hizo un llamado al Senado, el limbo donde se encuentra el proyecto de Ley de Isapres, a acelerar el despacho de la iniciativa.

El proyecto está hace tiempo en la Cámara Alta, pero el avance es lento. Si bien el Ejecutivo tiene facultades para apretar el acelerador, en la oposición hay reservas sobre la iniciativa, la cual es calificada por el senador y médico Guido Girardi como sólo un "maquillaje al sistema actual", insistiendo en una indicación de La Moneda que frene los planes.

De cualquier modo, el rol de los legisladores es sacar ese maquillaje y dejar a la vista un proyecto que considere el beneficio de los usuarios, sin olvidar la sustentabilidad económica del sistema que en el ejercicio de 2019 alcanzó un resultado operacional de $9.000 millones, 85% menos que en el ejercicio anterior, básicamente por un aumento de las licencias médicas y las millonarias costas judiciales por las demandas de sus afiliados .

Con todo, el alza de los planes, realizado de acuerdo a la ley, además de inoportuno, deja abierta la posibilidad que muchos usuarios decidan dejar el sistema y pasar a Fonasa, recargando así ese servicio público que cubre el financiamiento de las necesidades de salud de la mayoría de la población. También está el camino judicial.

La posibilidad de éxodo está presente en tiempos de alza del desempleo, que podría llegar a dos dígitos, y de pérdida de emprendimientos que afectan a muchos.

Hemos visto en los últimos días celeridad legislativa con proyectos que ha sido necesario parchar una y otra vez pero que, finamente, salen adelante. ¿No es posible también en este caso una indicación "exprés", puntual, independiente de la reforma general, situada en la emergencia actual en que el alza de los costos de salud va contra toda lógica y da más presión a la caldera social, en medio de la crisis sanitaria, aumentando la demonización de la industria?