Tres de cada cuatro brasileños apoyan las medidas restrictivas y de aislamiento social impuestas en casi todo el país para impedir la propagación del coronavirus, aunque ello podría perjudicar la economía, según reveló una encuesta publicada ayer.

Un 76% de los entrevistados dijo que lo "más importante" en este momento es que las personas se queden en casa, mientras que el 18% defendió poner fin al confinamiento y un 6% no supo responder, de acuerdo con un sondeo realizado por el Instituto Datafolha y publicado por el diario Folha de Sao Paulo.

Asimismo, el 71% de los brasileños se dijo estar a favor a una prohibición por parte de las autoridades a que las personas salgan de casa -salvo las que trabajan en servicios esenciales-, frente al 26% que se mostró contrario a dicha imposición.

Aislamiento vertical

La encuesta de Datafolha, que entrevistó a 1.511 personas entre el 1 y el 3 de abril a través de entrevistas telefónicas y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales, dejó en evidencia que la mayoría de los brasileños rechaza la flexibilización de las medidas restrictivas defendida por el Presidente Jair Bolsonaro.

El Mandatario es partidario del llamado aislamiento vertical, es decir, de la cuarentena sólo para personas mayores o para los grupos de riesgo, así como del reinicio de las clases y la reapertura del comercio como forma de proteger el empleo, una de sus mayores obsesiones en medio de la pandemia del coronavirus.

Bolsonaro incluso llegó a sugerir que podría ordenar mediante un decreto la reapertura del comercio esta misma semana e insinuó un posible despido de su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, médico de formación y defensor del distanciamiento social.

Sin embargo, según la encuesta publicada ayer, un 65% de los brasileños cree que el comercio y los servicios no esenciales deben permanecer cerrados, en tanto que un 33 % defendió la retomada de estas actividades.

Un 87% de los entrevistados igualmente opinó que las clases deben seguir suspendidas, mientras que tan sólo el 11% afirmó que deberían ser reanudadas inmediatamente.

Hasta ayer, decenas de familias en la ciudad portuaria de Guayaquil seguían conviviendo con fallecidos, muchos aparentemente fallecidos por coronavirus, porque los organismos pertinentes no han pasado a retirarlos.

Los cuerpos, muchos en estado de descomposición, han sido sacados a los estacionamientos de las viviendas e incluso a las veredas y algunos fueron abandonados en las calles debido a los malos olores que emanan, mostraron videos y fotos en noticiarios de televisión.

Guayaquil, que en esta época tiene una temperatura promedio de 30 grados centígrados, es la ciudad más afectada por la epidemia en Ecuador y registra 2.534 de los 3.556 contagios de todo el país. En tanto, hasta el sábado había 98 cadáveres sin recoger en la ciudad, de acuerdo con las autoridades. En todo el país se ha reportado 191 fallecimientos por coronavirus.

Camiones refrigerados

El delegado presidencial para atender esta situación, Jorge Wated, dijo en una rueda de prensa online que se han organizado rutas de camiones refrigerados para recoger los cuerpos, pero en al menos un 40% de los casos los familiares se niegan a entregarlos debido a que quieren enterrarlos en sitios comprados previamente y les exigen el certificado de defunción, requisito necesario para avanzar los procedimientos funerarios.

El resto son retirados por grupos mixtos de militares, policías y bomberos, quienes reciben información de los familiares sobre si el fallecido tenía algún seguro funerario y espacio en algún cementerio. En caso de una respuesta negativa, son llevados a la morgue en camiones refrigerados y cerrados.

Para dar una solución a los muertos sin recoger, tanto el Presidente Lenín Moreno como la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, nombraron sendas comisiones y pusieron a disposición de la comunidad dos números celulares para reportar a los fallecidos, pero la magnitud del problema parece haber superado esa iniciativa.

Ataúdes de cartón

El municipio de Guayaquil pidió a la Asociación de Cartoneros la donación de 2.000 ataúdes de cartón para enfrentar la emergencia, mientras familiares de algunos fallecidos denuncian que han tenido que enterrarlos incluso en fundas plásticas debido a que buena parte de las funerarias no trabajan por miedo a que sus empleados se contagien.

Un par de semanas atrás el gobierno dejó sin efecto la disposición inicial de cremar a los fallecidos por covid-19, debido a que no había suficiente capacidad para incinerar la cantidad de muertos reportados en esa ciudad.

Guayaquil, con 2,6 millones de habitantes, tiene un promedio mensual de 30 fallecimientos, a los que se han sumado los infectados por covid-19.

En Latinoamérica y el Caribe hay más de 30.800 contagiados y han muerto más de un millar personas por coronavirus, con Brasil a la cabeza, con 10.999 casos y 495 muertos.

La compra masiva de alimentos básicos realizada por el gobierno de Argentina para abastecer a sectores de bajos recursos durante la crisis por el coronavirus generó polémica por cuanto el Ejecutivo pagó por algunos de esos productos montos superiores a los precios medios de los supermercados.

"En dos rubros (aceite por 1,5 litro; y azúcar por 1 kg) la oferta superó los precios testigos. Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra", explicó en su cuenta de Twitter el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Hasta 37% de incremento

Estas declaraciones llegaron después de la publicación de ayer en el Boletín Oficial de diversas resoluciones en las que se autorizaba a la compra de diferentes productos básicos por la "emergencia".

Medios locales publicaron que en estas compras, que buscan abastecer a los sectores más desfavorecidos durante la cuarentena -que se alargará hasta el 13 de abril-, se dan a valores que están hasta un 37% por encima de los incluidos en el programa de Precios Cuidados.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y actual presidenta del partido opositor Propuesta Republicana, criticó en las redes sociales que se hayan pagado "108 millones de pesos (1,6 millones de dólares) de más en azúcar, aceite y lentejas".

"El ministro Arroyo dice que eso sucedió porque los fabricantes 'se le plantaron'. Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control", reprochó Bullrich.

También fue duro el dirigente social Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien apoyó la llegada de Alberto y Cristina Fernández al poder. "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar", puntualizó en Twitter.