Un requerimiento administrativo constitucional presentó la comunidad de la caleta de Quintay al jefe de la Defensa Nacional para la región -Yerko Marcic- para que, según sus atribuciones, entregue de inmediato agua potable a los habitantes de Quintay que no disponen de este vital elemento y además establezca una barrera sanitaria para las personas que tienen su segunda vivienda en el condominio Santa Augusta.

Así lo dio a conocer el abogado Gabriel Muñoz, representante de la Junta de Vecinos y la Corporación Prodefensa de la localidad. La respuesta que entregó Marcic a la prensa fue que le pidió "al gobernador provincial que, en conjunto con la Municipalidad de Casablanca, que tiene la jurisdicción del área, diseñen la medida para apoyar a todas estas personas que necesitan más agua".

La respuesta, indicó Muñoz, "no es eficiente y es más bien inoportuna porque no entrega una solución a lo que se requiere en este caso ya que él ordena una estrategia, pero acá no se requiere una estrategia, acá se requiere agua. Él dice que ordenó al gobernador que ejecute una acción junto al municipio de Casablanca, pero la verdad es que, conforme a los artículos 5° y 7° de la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción, el jefe de la Defensa tiene todas las atribuciones, no solamente para ordenar distribuir el agua potable, sino que además tiene facultades para requisar el agua potable, de modo que él no está cumpliendo con su deber".

Frente a esa premisa, el abogado hizo notar que "en Quintay cerca del 95% del agua está privatizada, siendo en su gran mayoría de propiedad del condominio y campo de golf Santa Augusta. Entonces tenemos la paradoja de que, por un lado, se ven verdes las canchas de golf, con sus piscinas naturales de agua dulce, mientras la gente que vive en Quintay, que son más de mil personas, no disponen de esa agua prístina y cristalina que va a ese condominio, pues ni siquiera tienen agua potable que sirva para lavarse las manos".

Muñoz advirtió que "el agua que distribuye la Municipalidad de Casablanca una vez a la semana en tres estanques de 50 mil litros que están en la plaza de Quintay, no es potable e incluso motivó un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud en contra del municipio".

Por su parte, la secretaria de la Junta de Vecinos de Quintay, Alejandra Porras, subrayó que la respuesta entregada por Marcic no los dejó conformes, puesto que "dentro de sus atribuciones, él puede darnos solución de forma inmediata a nuestro problema, que ya se arrastra por más de seis meses y ahora se ve agravado por el covid-19. La respuesta es bastante preocupante, porque dice que confía en una solución que entregue la Gobernación y la Municipalidad, pero resulta que el municipio está con un sumario sanitario por parte de Seremi de Salud, precisamente porque el agua que entrega no es apta para el consumo humano".

Por otro lado, la dirigenta criticó la actitud que han mostrado los residentes del condominio Santa Augusta, señalando que "varios habitantes de Quintay hicieron una barrera en el ingreso, y muchos de los que venían a Santa Augusta decían que gracias a ellos Quintay tenía recursos y, básicamente, qué comer. Además muchos de ellos se vinieron a vacunar a la posta y llegaron en forma muy despectiva". Y es que según los testimonios de vecinos que estaban ahí, agregó, "había adultos mayores que estaban esperando su turno pero ellos exigían que los atendieran de forma inmediata. Entendemos que también tienen adultos mayores en riesgo, pero también hay una forma de conducirse y por mucho que uno tenga plata no puede pasar a llevar a los habitantes de una localidad".

De tener éxito en la solicitud de requisar el agua al condominio, el abogado destacó que marcaría un precedente. "El requerimiento es inédito, es primera vez que lo hacemos en Chile, así que si resulta acá lo podríamos replicar en otras zonas como Petorca, La Ligua, en todos los lugares donde ahora está faltando. Y si no lo hace Marcic, vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y a la Corte Suprema para que cumpla su deber".

El gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, detalló que "hasta el momento no nos han levantado un nuevo requerimiento".