Hasta el edificio de la intendencia regional llegaron durante la jornada de ayer los representantes de la denominada Mesa Social de Valparaíso para entregar un documento con demandas y propuestas que tiene como objetivo el poder avanzar en un paquete de medidas locales para atender la actual crisis sanitaria generada a raíz del coronavirus.

"Las organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales coordinadas en la Mesa Social de Valparaíso, hemos realizado un serio análisis de las características de la pandemia del covid-19, sus implicancias, las medidas asumidas por el gobierno central y las autoridades locales y el desastroso impacto que traerá consigo esta crisis sanitaria", declaró Mabel Zúñiga, presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y miembro de la Mesa Social de Valparaíso.

Detalles del documento

Documento que consta de seis páginas en donde se plasmaron de 30 iniciativas, el cual además de ser entregado al intendente regional, Jorge Martínez, también será despachado a los alcaldes y al mundo parlamentario local.

"Lo que hemos venido viendo durante todo este tiempo de pandemia es que aquellas cosas que nosotros demandamos durante todo el proceso del estallido social relacionadas con la precariedad laboral y con la inequidad en salud, hoy se visibilizan aún más con esta crisis", agregó Zúñiga.

En cuanto a las iniciativas elaboradas por la Mesa Social de Valparaíso, se desglosan en cuatro puntos claves: empleo y economía; salud, prevención y sanitización; derechos humanos y comunicación e información.

"La Mesa Social jugará un rol propositivo, unitario y político para aunar las voluntades en las condiciones que sean, pues el intendente debe entender que tiene que sentarse a conversar con los trabajadores", finalizó Renato Rivera, secretario general de la CUT.

"El intendente debe entender que tiene que sentarse a conversar con los trabajadores para generar las soluciones".

Renato Rivera, Secretario general de la CUT

Cristián Rodríguez F.

Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue el que interpuso este miércoles el abogado porteño Rodrigo Díaz Yubero, con el objetivo de que la justicia le ordene a la secretaría regional ministerial (seremi) de Salud, a la Municipalidad y a la Gobernación de Valparaíso disponer todas las medidas que sean necesarias para fiscalizar el comercio ambulante que se encuentra instalado en el sector de la plaza Aníbal Pinto.

La acción judicial se adoptó tomando en cuenta que las actividades comerciales han sido consideradas como uno de los principales puntos de propagación del covid-19 a raíz de la aglomeración de personas que se genera a su alrededor, lo que por lo mismo motivó a las autoridades a cerrar todos los malls y las grandes tiendas.

"Decidimos presentar este recurso por el actual contexto de pandemia que vivimos, ya que los mismos problemas de seguridad que tenemos en el sector producto del comercio ilegal -donde incluso se vende droga- se ven agravados por la explosiva propagación del coronavirus que podría existir con las aglomeraciones", expuso ayer el abogado.

Recursos anteriores

Cabe recordar que, en febrero de 2019, Díaz Yubero se hizo conocido tras ganar un recurso de protección de similares características. En esa oportunidad, la Corte de Valparaíso le ordenó a las tres entidades del Estado mantener el orden público del sector y fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza sobre ruidos molestos.

Pero además, meses después el abogado también logró que el máximo tribunal de la región le acogiera una acción judicial, esta vez en favor de los locatarios establecidos del Mercado Cardonal, ordenando que se pusiera fin al comercio ambulante que se instala en los alrededores, además de resolver el problema de acumulación de basura en el sector.

Por lo mismo, el abogado recurrente explicó ayer a este Diario que el nuevo recurso tiene como base los dos anteriores, puesto que lo que se busca es que el tribunal reitere las obligaciones y facultades que tiene cada organismo.

"Cuando alguien camina por Valparaíso puede ver que la situación es calamitosa desde el punto de vista de la salud pública y la seguridad de las personas. El problema es que las autoridades no están fiscalizando una actividad que es ilegal, y por estar en medio de una emergencia no significa que no deban hacer cumplir la ley", sostuvo Díaz Yubero.

En esa línea, el abogado insistió en que "nos preocupa la ausencia de Carabineros en el sector y la inacción de las autoridades municipales y sanitarias. Y si estamos frente a una situación que es evidente, no debemos permitir que se siga haciendo la vista gorda, especialmente por la pandemia que hoy estamos viviendo, ya que las actividades como el comercio informal lo que menos contribuyen es al distanciamiento social que se recomendó".

Otros sectores

Consultado sobre los alcances del recurso, si bien el abogado precisó que la acción judicial está circunscrita a la plaza Aníbal Pinto, aseguró que la Corte de Apelaciones -en caso de acogerla- también la podría hacer extensiva a otros sectores de la comuna, como calle Uruguay o el eje Bellavista, donde también existe una alta presencia del comercio informal.

Respecto a los plazos, Díaz Yubero estimó que hacia fines de este mes o principios de mayo se podría conocer un pronunciamiento del tribunal.

"Los problemas de seguridad que tenemos en el sector hoy se ven agravados por la pandemia que estamos viviendo".

Rodrigo Díaz, Abogado recurrente