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Escenario laboral: casi 57.000 empresas deciden acogerse a la Ley de Protección del Empleo

PANDEMIA. En marzo se registraron 299.518 cartas de despido y en los primeros diez días de abril más de 81.000 personas solicitaron su seguro de cesantía.
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Redacción

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, y el subsecretario de Trabajo, Fernando Arab, junto a la directora (s) de la Dirección del Trabajo, Camila Jordán, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, presentaron ayer un primer balance de las cifras que dan cuenta de los impactos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en el empleo durante marzo y abril.

Junto a ello, entregaron los primeros registros de empresas y trabajadores que se están acogiendo a la ley de protección del empleo, en vigencia desde el pasado 6 de abril.

A poco más de una semana desde que la AFC habilitara el prerregistro para acogerse a la nueva ley a través de su sitio web, ya son casi 56.986 las empresas que han decidido mantener la relación con sus trabajadores y optar por la suspensión de contratos en vez de los despidos. Esto implica que más de 786.790 trabajadores podrían acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía, sin perder los beneficios de la relación laboral, tales como antigüedad y derecho a vacaciones. De ese total 23.097 llegaron a siguiente fase, formalizando la solicitud para 277.164 personas.

Por su parte, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registraron un total de 2.270 solicitudes de trabajadores (as) de casa particular, para acogerse a la suspensión de contrato que contempla la ley, que opera con cargo a los fondos de indemnización.

Para los 10 primeros días hábiles del mes de abril, en tanto, la ministra informó de 81.087 solicitudes de seguro de cesantía aprobadas, 17% más que el mismo período de 2019.

"El principal efecto de la leyes evitar que más trabajadores pierdan su empleo. Si no la hubiésemos creado, muchos de estos trabajadores y empresas que ya se han acogido estarían hoy cesantes", resaltó la ministra.

La secretaria de Estado detalló las cartas de despidos registradas por la Dirección del Trabajo durante marzo: un total de 299.518, 38% más que el mismo mes de 2019.

En cuanto a las causales, se observa un incremento de los términos de contrato por "vencimiento del plazo". La causal de "Caso Fortuito o Fuerza Mayor" está en 5.465 cartas de despido y muestra un alza de 3.860% respecto de marzo de 2019. Zaldívar recordó que covid-19 no puede ser una causal.

En el análisis por actividad económica, una de la más afectadas es "Alojamiento y Servicio", con 94% de alza respecto de marzo de 2019, el 5% del total. La Construcción, en tanto, presenta un incremento de 41,5% respecto de igual mes de 2019.

"Despidos como última medida"

Las grandes empresas concentran el mayor número de cartas de despido (172 mil, representado el 57% del total). Sin embargo, los mayores incrementos respecto de marzo de 2019, están en las empresas pequeñas (54% de alza, totalizando 42 mil cartas de despido, es decir, el 14,3% del total) y las medianas (46% de alza respecto de marzo 2019, con 59 mil cartas, que representan el 19,8% del total). "Sin el esfuerzo de todos los actores, es imposible salir adelante. Quiero reforzar el llamado a todas las empresas a recurrir a los despidos solo como última medida", indicó la ministra.

Trabajadores de la salud tendrán testeo de anticuerpos

COVID-19. Minsal indicó que el examen tendrá además un arancel.
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El ministro de Salud, Jaime Mañalich, adelantó que el Gobierno evalúa el uso del "testeo masivo" de anticuerpos del virus covid-19, con el fin de identificar a la población que, a pesar de no haber presentado síntomas, adquirió la enfermedad sin saberlo y ahora es inmune.

Respecto a este examen denominado IGG, el secretario de Estado explicó que en un comienzo se aplicará a los funcionarios de la salud que trabajan en recintos hospitalarios y que hayan estado expuestos al covid-19, y en otras poblaciones que hayan estado en situaciones de alta circulación del virus.

"Tenemos un mundo de personas asintomáticas que han estado en contacto estrecho, o incluso pueden haber tenido licencia médica por ser un contacto estrecho, de alguien con coronavirus. A esas personas partiendo por los trabajadores de Salud y luego extendiéndolo a otros universos o colectivos, vamos a hacerles exámenes de anticuerpos para identificar si tienen Inmunoglobulina G presente que testifica que esa persona tuvo la enfermedad, incluso sin darse cuenta. En estos casos, el test se realizará por indicación de la autoridad sanitaria, con motivos epidemiológicos y será gratuito", afirmó la autoridad.

Considerando el interés que se puede presentar en el resto de la ciudadanía por acceder a este test, Mañalich agregó que "el director de Fonasa firmó el decreto que codifica este examen homologándolo a otros exámenes de anticuerpos que se usan para pesquisar. Y va a tener un arancel de entre $4.800 y $7.800, pero un copago para el usuario de acuerdo a la bonificación de sus seguro de salud".

La autoridad aclaró que estos test deben estar autorizados por el Instituto de Salud Pública (ISP).