Cristián Rodríguez F.

El martes de esta semana, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar decretó el cierre de la investigación por homicidio frustrado en contra del ciudadano estadounidense John Cobin, quien fue detenido a mediados de noviembre del año pasado tras disparar a una multitud en Reñaca en el contexto del estallido social, hiriendo a un manifestante en una de sus piernas. Con esto, el imputado permanecerá detenido en la Cárcel de Valparaíso hasta que se desarrolle el juicio oral y se dicte una sentencia.

Desde el 3 de marzo, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país, hasta el 14 de abril, la Defensoría Penal Pública de la Región de Valparaíso ha solicitado reemplazar la prisión preventiva de 316 internos por un arresto domiciliario total, justamente para evitar que las personas que aún no han sido condenadas, como John Cobin, abandonen los recintos penitenciarios a raíz de la emergencia sanitaria.

De acuerdo a lo que detalló a este Diario el defensor regional, Claudio Pérez, del total de las solicitudes presentadas, a la fecha se han desarrollado 264 audiencias. Sin embargo, de ellas sólo 64 peticiones han sido acogidas y 200 fueron rechazadas, lo que equivale a una efectividad de un 24,2%.

"Nos gustaría tener un porcentaje de éxito mayor. Lamentablemente las prisiones preventivas son utilizadas de manera excesiva para cautelar la libertad de las personas mientras no se tiene un resultado final de los procesos. El problema es que los penales del país y de nuestra región están todos excedidos en el número de personas y, claramente, el nivel de hacinamiento es tremendo", advirtió el defensor.

Todos los imputados

A comienzos de este mes, la Fiscalía Nacional aseguró, a través de una declaración pública, que tendría en consideración "las condiciones por las que atraviesa el país y los recintos penitenciarios", precisamente para "concordar la sustitución de prisiones preventivas por arrestos domiciliarios totales", aunque advirtió que sólo lo promoverían en los casos que no exista un riesgo para las víctimas y la sociedad.

Y es justamente ese punto en el que actualmente difiere el Ministerio Público con la Defensoría, puesto que la intención de este último organismo es ir solicitando -gradualmente- la liberación de todas las personas que hoy se encuentran en prisión, incluso quienes están formalizados por delitos de mayor gravedad.

"Efectivamente vamos a revisar todas las prisiones preventivas, incluyendo los delitos más graves. Nuestro objetivo es tratar de sacar y disminuir la carga de personas en las cárceles y que puedan cumplir un arresto domiciliario total a la espera de que volvamos a un camino de normalidad", confirmó el defensor regional.

Si bien Pérez precisó que en un principio priorizaron a los grupos de riesgo, como las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las que viven en los penales con lactantes y quienes tienen enfermedades crónicas, insistió en que a medida que la pandemia continúe "vamos a analizar todos los casos y esperamos sacar al mayor número de persona de los penales".

Un objetivo que, al menos hasta ahora, no se ha cumplido como la Defensoría lo quisiera, al obtener sólo un 24,2% de las modificaciones solicitadas, lo que responde -según indicó Pérez- a la poca flexibilidad que ha existido por parte de los otros actores, y también por la oposición que a su juicio ha tenido el Ministerio Público.

"De las 266 audiencias que hemos tenido, en cerca de un 90% la Fiscalía se ha opuesto. En casos muy puntuales han accedido a cambiar la medida cautelar. El problema es que la prisión preventiva generalmente se otorga cuando justamente el Ministerio Público la solicita. Entonces esperamos que el resto de los actores, como los fiscales y los jueces, vayan modificando su criterio en la medida que la pandemia siga avanzando. Soy optimista y espero que exista una flexibilización lo más pronto posible", señaló el defensor regional.

"no resiste análisis"

Al respecto, la fiscal regional, Claudia Perivancich, confirmó que de todas las audiencias para modificar las medidas cautelares que se han solicitado durante la crisis sanitaria, "en la gran mayoría hemos debido requerir que se mantenga la prisión preventiva" al ponderar elementos como la gravedad del delito y la imputación de varios hechos, la condición de reincidencia de la persona y, en especial, "el peligro para la seguridad de la víctima".

También, agregó la jefa regional del Ministerio Público, "ponderamos la situación personal de los privados de libertad que pueda acreditar la defensa, como la edad de las personas, el eventual padecimiento de una condición de especial riesgo -como alguna enfermedad- o la condición de embarazo". "Estos factores se ponderan en relación a los precedentes a fin de resolver nuestra postura ante la solicitud de la defensa", explicó la fiscal.

Sin embargo, respecto a la postura de la Defensoría de solicitar la modificación de las cautelares para todos los casos, incluyendo los delitos de mayor gravedad en la región, Perivancich aclaró de manera inmediata que la situación que enfrentan los recintos penitenciarios del país no justifica una salida masiva de los imputados que permanecen en prisión.

"La mera existencia de un riesgo eventual de contagio al interior de un centro carcelario no justifica, por sí sola, la modificación de la prisión preventiva. Así lo han resuelto además los tribunales de la región y la propia Corte de Apelaciones de Valparaíso", sostuvo la fiscal regional, enfatizando en que "de sostener ese predicamento, serían liberados todos los privados de libertad, cuestión que no resiste análisis".

Independencia de jueces

Pero además de los fiscales y los defensores, quienes también juegan un rol preponderante en la situación son los jueces de garantía, quienes precisamente son los encargados de decretar y reemplazar las medidas cautelares.

Al respecto, el presidente regional de la Asociación de Magistrados, Francisco Hermosilla, aseguró que los jueces siempre tienen en cuenta contextos como el actual, aunque coincidió en que el estado de las cárceles no justifica el cambio de una medida cautelar.

"Cada juez va a tener que resolver sobre la solicitud que hagan las partes y definir según los antecedentes que se proporcionen en audiencia. Si fuera por el estado de las cárceles, nosotros no podríamos dictar más prisiones preventivas. Si se nos acredita que una persona comete un delito que merece esa cautelar, tenemos que acogerla", explicó el juez.

"Vamos a revisar todas las prisiones preventivas. Nuestro objetivo es sacar al máximo de personas desde las cárceles".

Claudio Pérez, Defensor regional de Valparaíso

"De sostener ese predicamento, serían liberados todos los privados de libertad, cuestión que no resiste análisis".

Claudia Perivancich, Fiscal regional de Valparaíso