Para el 31 de julio quedó fijada la audiencia de formalización de los dos imputados por apropiación indebida en contra del Colegio Médico de Valparaíso, que fue descubierta en octubre de 2019 por miembros del gremio, que se percataron de una serie de irregularidades en depósitos de dinero que totalizaban $35 millones, por parte de los ahora exfuncionarios.

Al respecto, el presidente regional del Colegio Médico, Luis Ignacio de la Torre, destacó que están "contentos de que el Ministerio Público haya ya fijado una fecha para la audiencia de formalización, porque significa que los planteamientos que nosotros, a través de la Fiscalía, entregamos, y la investigación que ha hecho el fiscal, van dando luces acerca de la responsabilidad de nuestro exadministrador y de otro exfuncionario en esta apropiación indebida".

Consultado por las expectativas que tienen frente a la etapa judicial que se iniciará a fines de julio, indicó que esperan "que se haga justicia en el sentido de que se puedan generar las sanciones pertinentes a quienes abusaron de la confianza que existía en su labor, y que buscaron formas para defraudar a la institución y a quienes en ellos habían depositado las confianzas. Y en segundo lugar, esperamos también la posible reparación del daño ocasionado".

En ese sentido, De la Torre explicó que "buscamos las sanciones, que se haga justicia en términos de poder dar una señal a todas aquellas personas que administran los bienes de agrupaciones o asociaciones de este tipo, para que sean realmente responsables de ello y entiendan que cometer estos ilícitos sí puede ser causal de privación de libertad y también de otras sanciones penales. Y en última instancia, por supuesto que perseguiremos las responsabilidades civiles también de los montos defraudados. Esperamos que el Ministerio Público pueda acoger nuestros planteamientos y definir las penas que este tipo de ilícitos establecen en la ley".

Nuevas estrategias

En cuanto al proceso que vivió la institución que lidera una vez que se supo del fraude, el dirigente recordó que "lo que buscamos en primer lugar como institución fue trabajar de forma transparente en socializar a todos nuestros afiliados el problema que se había producido. En segundo lugar, hemos generado nuevas estrategias de orden interno para evitar que este tipo de situaciones puedan ocurrir en el futuro".

Finalmente, De la Torre remarcó que "nuestro compromiso como directiva regional, desde que asumimos en octubre, tras la renuncia de nuestro presidente en ese entonces, cuando se conocieron estos hechos, asumimos como primer compromiso el realizar todas las acciones que buscaban perseguir a los responsables de esta apropiación indebida y, a través de ellas, poder aclarar a nuestros asociados quiénes habían sido los involucrados y cómo habían logrado generar este delito".

Paolo Navia S.

En octubre de 2017, la Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar solicitar al concejal Gabriel Mendoza la restitución de más de $ 26 millones por fondos indebidamente percibidos tras no poder comprobar el cumplimiento efectivo de las labores realizadas bajo el programa "Escuelas de Fútbol Gratuitas".

El dictamen propició en mayo de 2019 la presentación de una querella por parte del abogado Javier Gómez, representante de la agrupación Viña Trasparente, por el delito de fraude al Fisco a raíz de una serie de contratos a honorarios suscritos entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de julio de 2016 donde la Municipalidad de Viña del Mar le efectuó un total de 31 pagos al exfutbolista a través de su empresa "Deportes Gabriel Rafael Mendoza Ibarra y Compañía", por la suma de $26.090.477.

"La Contraloría detectó que las actividades no se realizaron, y por ende, cuando en el 2019 se acreditó que el concejal Mendoza no prestó los servicios y que estaba obligado a la devolución de los dineros, nosotros presentamos una querella, además el concejal se ha negado a devolver los dineros, lo que también constituye un delito", explicó Gómez.

Testigos claves

La investigación a cargo del Ministerio Público ha vuelto a la palestra luego que Gómez solicitara la formalización inmediata del concejal Mendoza, además de las declaraciones en calidad de testigos de funcionares claves del municipio de Viña del Mar.

"Nosotros estamos señalando que con los antecedentes que ya existen y que maneja el Ministerio Público, el concejal Mendoza al menos debería estar formalizado porque la verdad es que el delito ya está tipificado y él se ha negado sistemáticamente a la devolución de los dineros, así que ya debería haberse iniciado una investigación formal para ir avanzando hacia un posible juicio oral", agregó el representante de la agrupación Viña Trasparente.

De este complejo escenario Mendoza deberá salir victorioso si es que desea convertirse en candidato a las alcaldías de Viña del Mar o Graneros, su ciudad natal, ambos desafíos políticos que ha declarado públicamente está dispuesto a asumir tras su paso como concejal viñamarino.

En esta línea, y sobre el proceso judicial, el jurista Javier Gómez también requirió que la Fiscalía tome declaraciones al contralor municipal, Hugo Espinoza, además de Paulina Vidal, directora de la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) del municipio de la Ciudad Jardín y quien es sindicada como la funcionaria que firmó los contratos con la empresa de Gabriel Mendoza.

"El contralor municipal por razones obvias debiera saber sobre el tema porque su función es fiscalizar el uso de los recursos municipales y de los actos administrativos, así que debiera tener algún conocimiento. Por su parte, si acá eventualmente las escuelas de fútbol fueron una simulación para el efecto de financiar campañas políticas, Paulina Vidal tendría responsabilidad como coautora del delito pues ella firmó los contratos, pues nadie puede constituir un delito de esta naturaleza solo", puntualizó Gómez.

A su vez, el abogado también solicitó que el Ministerio Público citase a declarar a Javier Aravena, funcionario de la Casa del Deporte de Viña del Mar.

"Aparte de ser amigo íntimo de Gabriel Mendoza, Javier Aravena es funcionario de la Casa del Deporte de Viña del Mar, y por lo mismo, yo quiero saber cuál es la vinculación de ese organismo, pues por ejemplo, no sabemos a que ítem del presupuesto municipal se imputaron dichos gastos y de donde salió el dinero para esas escuelas de fútbol", agregó el abogado.

A dichos testigos, se sumará un representante del Consejo de Defensa del Estado.

Juicio de cuentas

En tanto, y en el caso de la Contraloría, la investigación desencadenó el inicio de un juicio de cuentas, el cual es un procedimiento en el cual se persigue la responsabilidad administrativa y se busca que los dineros mal utilizados en la función pública sean restituidos.

Dicho proceso, el cual tiene un carácter reservado, es realizado por el Tribunal de Cuentas, el cual depende de la Contraloría General de la República, y en el caso del concejal Mendoza, se inició luego que se negara a devolver los más de $ 26 millones por la realización de las "Escuelas de Fútbol Populares", presentando documentación para validar los servicios prestados al municipio entre el 2014 y 2016, entre ellos 82 testimonios, además de un número importante de fotografías.

Estos documentos finalmente fueron desestimados por el órgano contralor, precisando que gran parte de los jóvenes entrevistados no asistieron a los talleres dictados por el concejal Mendoza, además de no poder acreditar la fecha de las imágenes presentadas por el concejal, por lo que el juicio de cuentas actualmente se encuentra en pleno proceso de ejecución.

"Con los antecedentes que ya existen y que maneja el Ministerio Público, el concejal Mendoza al menos debería estar formalizado porque el delito ya está tipificado".

Javier Gómez, Abogado