Paola Passig

Hay que dejar que la Contraloría haga su trabajo. Esa es la premisa desde la que parte el senador Juan Ignacio Latorre (RD), al evaluar los requerimientos que se presentaron ante ese organismo. El primero, interpuesto por el alcalde Sharp, y otro por un grupo de diputados de Chile Vamos para investigar la designación de 14 directores supuestamente vinculados al FA. El segundo lo ofició el propio parlamentario en el caso de la revocación por parte de la Seremi de Salud del anuncio que aumentaba la cantidad de agua de 50 a 100 litros por persona en la zona interior, en el contexto de pandemia y sequía.

- ¿Por qué decidió recurrir a la Contraloría?

- La verdad es que nos sorprendió. Se dijo que se pasaba de 50 a 100 litros, lo que dejó contento a todos, especialmente a las zonas donde históricamente ha habido poco agua, y fue un logro en este contexto de pandemia aunque no se tocaba el negocio de los camiones aljibes. Pero a la semana, y de manera inexplicable, sacan otra resolución donde se vuelve a los 50 litros. Y por eso hicimos una solicitud formal a la Contraloría. Lo que queremos es que se revierta esta medida y se vuelva a los 100 litros.

- Contraloría también resolvió investigar, debido a un requerimiento del alcalde Sharp y de un grupo de diputados de Chile Vamos, el concurso para el nombramiento de directores de establecimientos educacionales donde hay 14 directivos vinculados al Frente Amplio.

-Está bien que la Contraloría investigue este caso; el mismo alcalde también ofició un requerimiento y si hay una irregularidad que salga a la luz. Yo no me he metido mucho en el tema, porque ya no estoy en la comisión de Educación, pero el año trabajamos mucho con los equipos de la Corporación que fueron a exponer y me parece que han hecho un buen trabajo, especialmente con un modelo innovador en materia de educación pública. Ellos dicen que el concurso está sujeto a la ley y si hubo o no favoritismo a gente cercana a la alcaldía o al FA se tiene que denunciar y revertir. No hay interés en tapar ningún tipo de corrupción, pero en la alcaldía señalan que no hubo ningún tipo de irregularidad. Hay que esperar la resolución de Contraloría.

-A propósito de investigaciones ¿qué le parece la crítica de la presidenta del Tribunal Constitucional de que ha habido actos irregulares? ¿Esto reabre el debate de hacer cambios a este organismo?

-Absolutamente. Desde hace tiempo hay denuncias desde el mundo de los derechos humanos que no explicaban la tramitación de la causas en esta materia y, por otro lado, está la crítica política que han hecho constitucionalistas como Bassa y Atria, por su rol político de tercera cámara legislativa, porque cuando pierden democráticamente recurren al TC para que revierta lo aprobado. El TC es un órgano muy cuoteado políticamente y hoy está inclinado hacia la derecha. EL TC ha perdido legitimidad. Pero este es un debate que se va a dar en el marco de la nueva Constitución donde habrá que revisar qué atribuciones debiera tener un órgano que vele por la constitucionalidad del trabajo del Parlamento, pero no con las atribuciones excesivas que tiene hoy. En algunos países eso lo hace la Corte Suprema. Muchos dicen que el TC se creó en dictadura, pero fue en tiempos de Frei Montalva, aunque las atribuciones sí se hicieron en la Constitución del 80. O sea, el órgano no es herencia de la dictadura, pero sí las atribuciones.

-El plebiscito se postergó para octubre. ¿Se corre riesgo de una nueva postergación en el contexto de pandemia, una postergación que podría ser compleja tomando en cuenta que el próximo año habrá seis elecciones?

-Creo que la única causa que puede hacer revisar el nuevo cronograma y una eventual postergación del plebiscito es si la crisis sanitaria se prolonga demasiado en el tiempo. El peak de contagios se proyecta en tres semanas más, o sea fines de junio, y ahí debería ir bajando. Por eso nos pareció que octubre era una fecha apropiada, pero si esto se dispara habrá que revisar nuevamente la fecha. Hay sectores de extrema derecha, como José Antonio Kast y cierto sector de la UDI, que dicen que un plebiscito es muy caro para hacerlo en medio de una crisis económica. Me parece un argumento muy populista con el que no estoy de acuerdo. Hoy se hace más urgente que nunca que revisemos nuestras reglas del juego.

-Luego que en la Cámara la oposición perdiera la presidencia ¿cómo ve su futuro?

-Fue una mala noticia que se le entregara la presidencia en bandeja a la derecha. Aquí hay varias aristas: el conflicto entre la DC y el PC -que hizo perder a Karol Cariola la primera vicepresidencia- o la postura de la DC, cuyo rol en la Cámara ha sido fuertemente cuestionado por aprobar proyectos del Gobierno muy sensibles y desmarcase del resto de la oposición, que insistió con un nombre, Gabriel Silber, que no concitaba consenso en la oposición. Y esto se le advirtió a la DC, pero insistió con su candidato. La oposición perdió, no logró actuar como un bloque unido y el problema es que en este contexto de pandemia el Gobierno va a tener muchas más facilidades teniendo a la mesa de la Cámara a su favor y que no tendrá ningún interés en interpelar a su propio gobierno. Y si ya era difícil por la fragmentación política tener acuerdo entre las distintas oposiciones para enfrentar al Gobierno, con la mesa en manos de Chile Vamos será peor. Entonces es un problema político más en la oposición.

-En parte de la oposición se está analizando la opción de una censura. ¿Qué piensa?

-El mecanismo de censura existe y se ha usado varias veces. Tanto la derecha como la actual oposición. Si la DC pone un nombre que genere confianza y consenso, lo mismo el PC, o sea si se ponen de acuerdo entre ellos en una mesa de consenso, porque el FA no tiene interés en ningún cargo, no descartaría que puedan censurar y haya un cambio de mesa. Pero eso requiere un acuerdo político y las conversaciones siguen. Sin embargo, hasta que no haya un acuerdo sólido no tiene sentido una censura.

-Los diputados sostienen que el proyecto que rebaja la dieta está entrampado en el Senado. ¿Cómo ve esa situación?

-La verdad creo necesario aclarar algunas cosas. Si bien ese proyecto originalmente lo presentaron Giorgio Jackson y Gabriel Boric en el 2014, costó seis años que se acelerara. El estallido ayudó, y distintos parlamentarios pusieron indicaciones y lo hicieron muy complejo porque incluyeron a funcionarios públicos de carrera, otras autoridades del Estado, un consejo asesor autónomo que dicte las dietas e incluso al Banco Central. Después éste dijo que no quería participar. Aprobaron un proyecto muy engorroso. En el Senado votamos la idea de legislar y volvió a la comisión de Constitución donde se presentaron 32 indicaciones. Yo mismo presente una para volver a la idea original respecto a la rebaja de la dieta parlamentaria, hacerla más simple. Que tenga un criterio de equidad y solidaridad con el salario mínimo. Yo digo 20 veces el salario mínimo en Chile. Hay que buscar alguna fórmula de consenso para presentar el proyecto y votarlo en sala.

- O sea que no está trabado, sino en trámite...

-Se está tramitando, tuvimos una reunión con los comités, con la Comisión de la Constitución y el ánimo del presidente es legislar. Ahora efectivamente en el Senado y la Cámara de Diputados hay mucha resistencia a bajar el 50%. En el FA hemos dicho desde el día uno 50%, y asumimos entregar ese porcentaje de la dieta a otros destinos. Nosotros no nos quedamos con el 100% de la dieta. Hay distintos mecanismos de donaciones. Pero también hay un sentido de urgencia. Sin embargo, no descarto que llegue a comisión mixta y ojalá en mayo o junio ya esté despachado.

-El Gobierno habla de "nueva normalidad". ¿Es apresurado tomando en cuenta que estamos recién partiendo?

-Creo que el Gobierno se está comprando conflictos de manera gratuita y está generando confusión en la población. Está entregando un mensaje triunfalista porque todo indica que en número de casos va a aumentar; creo que es un error tomar estas medidas cuando vamos avanzando en la curva de contagio.

"El mecanismo de censura existe y se ha usado varias veces. Si las oposiciones se ponen de acuerdo, no descartaría que puedan censurar y haya un cambio de mesa, pero eso requiere un acuerdo político y hasta que no haya un acuerdo sólido no tiene sentido una censura".

"En el Senado y la Cámara de Diputados hay mucha resistencia a bajar el 50%. En el FA hemos dicho desde el día uno 50% y asumimos entregar ese porcentaje de la dieta a otros destinos".