El motín que estalló el lunes en el penal Miguel Castro Castro, al este de Lima, ha dejado hasta ayer nueve presos muertos y dos heridos, según el último informe oficial, después de la protesta de los internos por los contagios de covid-19 que provocaron presuntamente dos decesos.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la muerte de los nueve internos que cumplían condenas por homicidio, violación sexual, narcotráfico y robo, entre otros cargos, además de que dos presos resultaron heridos, tras el operativo policial montado para evitar la "fuga masiva" de reos.

Asimismo, 60 agentes penitenciarios y cinco policías también quedaron heridos.

Más de 200 policías acudieron a controlar el amotinamiento en varios pabellones del penal, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, y al cabo de tres horas lograron recuperar el control interno y externo del establecimiento, según otro informe del comisario policial de Canto Rey, Pablo Vega.

De acuerdo a este reporte, los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Lima con diagnóstico de muerte por politraumatismo por proyectil de arma de fuego.

Quemaron colchones

Los internos del penal quemaron colchones alrededor de una rotonda y lanzaron objetos a los agentes penitenciarios y policía desde los techos.

En las ventanas de los pabellones exigían, con carteles colgados, que sean considerados en los indultos que el Presidente, Martín Vizcarra, otorgará a unos 3.000 presos debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.

Su reclamo respondía a las quejas por el tratamiento que las autoridades están dando a los internos de las prisiones peruanas, ante el avance de la pandemia, y la muerte de dos presos del penal Miguel Castro Castro el último domingo presuntamente por el virus.

Hasta la noche del lunes, el jefe del INPE, Gerson Villa, declaró que la protesta había sido generada en seis pabellones y, hasta ese momento, le habían informado que existían tres fallecidos.

"Se está investigando la causa de sus decesos", agregó la autoridad penitenciaria, horas después del inicio de la protesta, repetida en los últimos días en otras prisiones del país como la de Huancayo que reportó un motín sin víctimas.

Villar también explicó que los internos se amotinaron para pedir la ampliación de los delitos que serán considerados para obtener la excarcelación, mediante las gracias presidenciales que el Ejecutivo otorgará a raíz de la emergencia sanitaria.

La población penitenciaria que se beneficiará con unos 3.000 indultos es principalmente la de adultos mayores, y mujeres gestantes o con niños menores de tres años, además de quienes estén próximos a cumplir sus sentencias.

Además, los amotinados reclamaron por medicamentos para tratar el coronavirus, razón por la cual el INPE ha adquirido 200.000 pastillas de azitromicina para distribuirlas en los penales a nivel nacional, precisó Villar.

"no queremos morir"

Ayer, presos de la cárcel más hacinada de Perú protestaron en busca de mejor atención médica para los enfermos con el nuevo coronavirus.

Los reos del penal San Pedro de Lurigancho subieron a los techos de los pabellones de tres plantas con carteles de tela blanca y tinta negra con las frases "no queremos morir" y "queremos las pruebas del Covid, tenemos derecho a la vida".

El jefe de la agencia penitenciaria, Gerson Villar, dijo a la televisora local N que la protesta en esta cárcel, que tiene más de 10.000 presos, fue aplacada poco más tarde, luego de que se acordara el ingreso de medicinas y una mejora en la atención sanitaria. "Se ha evidenciado la preocupación de todos los internos por la pandemia que se está viviendo", dijo Villar.

"Se ha evidenciado la preocupación de todos los internos por la pandemia que se está viviendo".

Gerson Villar, Jefe de la agencia penitenciaria