A quienes asumimos responsabilidades en el sector de la justicia y los derechos humanos desde el servicio público, la llegada del estado de emergencia sanitaria, a raíz de la pandemia por covid-19, ha significado, sin duda, como para muchos, una exigencia significativa. Lo anterior no sólo nos ha impulsado a trabajar con más fuerza que nunca en las acciones que nos permitan continuar con el servicio entregado a la ciudadanía en todos nuestros servicios relacionados -Registro Civil, Gendarmería, Servicio Médico Legal, Defensoría Penal Pública y Sename-, sino que, además, nos ha puesto como desafío el resguardo del ejercicio de nuestra labor, el cuidado de la salud pública y la necesaria articulación con otros importantes actores del Estado.

Para cumplir con tal propósito en la Región de Valparaíso, también hemos trabajado coordinadamente con otras instituciones del sector justicia: la Corte de Apelaciones, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, contribuyendo a limitar el contacto social entre personas, disminuir la necesidad de la ciudadanía de desplazarse y facilitar la permanencia en los hogares de quienes puedan hacerlo, especialmente personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. Todo gracias a la implementación de medidas concretas que han permitido ajustar procedimientos y responder a las necesidades de este nuevo escenario social.

En concreto, se han instalado progresivamente una serie de medidas, como la realización de audiencias remotas con defensores y tribunales, la activación del sistema de visitas a personas privadas de libertad a través de videollamadas, reuniones de coordinación de equipos en videoconferencias, fortalecimiento de plataformas en línea para la obtención de certificados y tramitaciones del Registro Civil, entre otras.

Además, hemos persistido en un trabajo colaborativo para disminuir la densidad poblacional de las unidades penitenciarias de Gendarmería, tanto a través de las gestiones tramitadas por la Defensoría Penal y Fiscalía en tribunales, como a través de la implementación y aplicación de la Ley de Indultos Conmutativos, recientemente aprobada, la que permite a adultos mayores y mujeres embarazadas o con hijos menores de dos años de edad -excluyendo a aquellos que cumplen penas por delitos de mayor gravedad- conmutar el tiempo que les queda privados de libertad, por arresto domiciliario total, con estrictas medidas de control de parte de Gendarmería.

Como seremi de Justicia y Derechos Humanos, tras semanas de arduo trabajo quisiera destacar la labor, compromiso y disposición a la integración eficiente de todos los servicios señalados y sus funcionarios y funcionarias, agregando con énfasis que para que estas medidas puedan seguir siendo exitosas necesitamos reforzar la importancia del autocuidado de parte de todos los habitantes de la región.

José Tomás Bartolucci