Asesinato de sicario en Bosques de Montemar
La encomiable labor de la Brigada de Homicidios de la PDI no se acaba aquí. ¿Quién, cuánto y por qué le pagó al asesino del ingeniero Correa? Obviamente, no es justo dirigir todas las sospechas a los inmigrantes. La antigua timidez de los frustrados sicarios chilenos ha sido superada por la droga y ya es algo habitual.
El contundente actuar de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que consiguió dar con el autor material confeso del asesinato por encargo del ingeniero Alejandro Correa, baleado cobardemente a quemarropa en la puerta de su casa de Bosques de Montemar, Concón, deteniendo a un inmigrante colombiano de 35 años radicado en la comuna de Quilpué, obviamente no aliviará el dolor de la familia, amigos y vecinos del malogrado profesional. Empero, sí nos da una brizna de esperanza, como sociedad, de que el responsable será juzgado y castigado por las leyes vigentes, a la espera y ruegos de que nunca más vuelva a suceder un hecho como éste en nuestro país.
Al respecto, caben también un par de reflexiones: entre ellas, el compromiso absoluto del intendente Jorge Martínez -en su tono y en su forma- de presionar a las policías para que hicieran todo lo humanamente posible para dar con el victimario cuanto antes, cosa que hicieron y de muy buena manera. Tan diferente al actuar de las autoridades de Marga Marga. En segundo lugar, y eludiendo lo siempre negativo de la estigmatización, tampoco es correcto emprenderla con la población que habita el sector de las tomas donde el ingeniero Correa era propietario del predio en cuestión, el cual ha sido vinculado, sino taxativamente, sí de forma bastante contundente con el móvil.
Con todo, lo triste de esta historia es que se trata sólo del comienzo: fuentes policiales aseguran que el colombiano Víctor Gutiérrez Londoño, "el Parce", habría confesado haber recibido un pago por sus servicios, los cuales llevó a cabo con un revólver Weirauch Arminius calibre .38 de acero, robado en Valparaíso, según la denuncia correspondiente. ¿Quién le pagó, de dónde salió ese dinero y cuál fue el objetivo final de una canallada de esa calaña? Hay demasiados cabos sueltos.
En los Tribunales de Justicia hay constancia de muertes por encargo en el pasado, con pagos variables de entre 600 mil a dos millones de pesos. Se recuerda el caso de José Ruz, el pistolero de "la Quintrala", en Santiago, pero de un tiempo a esta parte abundan los sicarios extranjeros, según la policía mucho más audaces y decididos que los locales y cuyo antecedente inicial constatado en Chile es el del colombiano Óscar Melián Villagra, asesino de un menor de 17 años por deudas en 2015, y considerado el primer extranjero en cometer esta clase de delito en el país. Su pago consistió en $600 mil.
Obviamente, tampoco es justo dirigir todas las sospechas a los inmigrantes. La antigua timidez de los frustrados sicarios chilenos ha sido superada por la droga y ya es cosa de todos los días en los cerros y las poblaciones del Gran Valparaíso. Más temprano que tarde volverán a sus andanzas, tal como lo hicieron para el llamado estallido social, aquel oscuro período en que se camuflaron, otras vez cobardemente, para saquear y delinquir a su antojo. No hay que permitírselos.