Katherine Escalona M.

El lapidario informe de la Dirección de Control y la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) de la Municipalidad de Valparaíso, que da a conocer, al menos, ocho vicios legales en el concurso público para elegir 15 directores de establecimientos educacionales de Valparaíso, es un documento que ahora se anexa a la investigación que lleva adelante la Contraloría Regional de Valparaíso.

Así lo dio a conocer la entidad fiscalizadora que confirmó que "los antecedentes que mandó el diputado Andrés Celis (el viernes pasado) se van a incorporar a la investigación que se está desarrollando" desde el 23 de abril del presente año, tras una denuncia de diputados y concejales de Chile Vamos que oficiaron a la entidad de "presuntas infracciones al principio de probidad de trabajadores de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval)".

En el documento enviado el viernes por el diputado Andrés Celis, queda establecido que se dejó en conocimiento el informe municipal con fecha 20 de mayo "a fin de que sea agregado a los antecedentes de la referida investigación especial, se tenga presente la misma y se adopten las decisiones adecuadas".

En este contexto, el informe del municipio que fue instruido por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien decidió dejar sin efecto el concurso tras la investigación del municipio que develó vicios administrativo, recomienda no volver a repetir el proceso por la gravedad de las anomalías, entre las que destaca que "no se advierte la intervención de la Secretaria Municipal, como ministro de fe, en actuación alguna de los procedimientos concursales, situación que configura una infracción legal grave".

Nuevo concurso

Pese a esta recomendación del organismo jurídico municipal de no realizar nuevamente el proceso, el alcalde Sharp aseveró el sábado que mandató una investigación a la Cormuval por eventuales responsabilidades y pidió al mismo organismo efectuar un informe con los plazos para la realización de un nuevo proceso.

Por esta situación, este Diario consultó al jefe comunal si seguirá o no el proceso para un nuevo concurso ad portas de la implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que traspasará los establecimientos educacionales municipales al Estado.

La pregunta no fue contestada por el jefe comunal porteño, quien se remitió a hablar del proceso de investigación municipal y afirmó que "lo que se ha hecho por años en la Municipalidad de Valparaíso es esconder los problemas, maquillarlos, nosotros no somos de esa filosofía, todo lo contrario, los enfrentamos".

Insistió que "solicité un informe en derecho para poder revisar el concurso. Ese informe arrojó que el concurso no se había hecho de buena forma, por eso tomé la decisión de dejarlo inmediatamente sin efecto (...) porque consideramos la transparencia es un sello dentro de nuestra gestión y vamos a seguir en esa línea hasta el último día de nuestro mandato", no dejando claro con esto si seguirá adelante con el proceso o no.

El gerente general de la Cormuval, Marcelo Garrido, aclaró la situación y precisó que "estamos haciendo un estudio respecto de las condiciones, la viabilidad, conveniencia de cumplir con un mandato legal (...). Si hay condiciones, si hay efectivamente viabilidad y conveniencia, es lo que se está analizando".

Además, detalló que "con independencia del pronunciamiento del Control Jurídico municipal, nosotros dentro de la Corporación hemos iniciado una investigación interna para definir responsabilidades". En tanto, la Seremi de Educación no se refirió al proceso.

"Si hay condiciones, si hay efectivamente viabilidad y conveniencia, es lo que se está analizando".

Marcelo Garrido, Gerente de la Cormuval

La Subsecretaría de Prevención del Delito adoptó medidas para simplificar y contribuir a la presentación de proyectos para postular al Fondo Nacional de Seguridad Pública.

En total, 273 municipalidades del país presentaron sus iniciativas. Organizaciones comunitarias, como juntas de vecinos, postularon 121 proyectos orientados a la prevención situacional, y 16 proyectos de tipo psicosocial. Las otras postulaciones corresponden a organizaciones privadas sin fines de lucro con 91 proyectos psicosociales de prevención.

El coordinador regional de Seguridad Pública, Leonardo Olmos, destacó la participación de organizaciones y municipios de la región, segundos a nivel nacional con 73 iniciativas. Dijo que "a pesar de las dificultades por la pandemia y la imposibilidad de poder reunirnos con las organizaciones, como hacemos cada año, tuvimos un gran número de instituciones postulantes, con iniciativas que esperamos sean bien evaluadas por el comité de expertos y puedan aportar a mejorar la seguridad de la región".

efecto la Ley de la Jibia

Después de un intenso ciclo de movilizaciones de pescadores artesanales y un debate legislativo que duró 6 años, se puso fin a la pesca de arrastre en la jibia con la aprobación de la ley 21.334, conocida como "Ley de la jibia" publicada en febrero del 2019. Hoy, en medio de la pandemia, la industria pesquera busca dejar esta ley sin efecto a través de un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por la Pesquera Landes S.A., empresa integrante de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES). Será el TC el que resolverá si la prohibición de capturar la jibia mediante arrastre es o no aplicable a los permisos que posee dicha empresa pesquera. Consideramos que este intento es una afrenta no sólo para las y los pescadores artesanales, sino para la sociedad completa, que en ningún caso debe prosperar.

El argumento central para la aprobación de la Ley de la Jibia fue la sustentabilidad y resulta lamentable confirmar que la industria pesquera -autora intelectual de la ley Longueira- quiera continuar explotando la jibia a través del arrastre. Alegan que las autorizaciones otorgadas antes de la dictación de la Ley de la Jibia constituyen un derecho adquirido y, por lo tanto, no se podrían establecer limitaciones a su ejercicio. Ello no se sostiene en la Constitución que, incluso con su conocido sesgo pro propiedad, reconoce que ésta no es absoluta y puede ser legítimamente regulada y limitada por la ley.

La gran industria pesquera parece no entender el agotamiento del modelo político, económico y social chileno del que también ha sido artífice, y lejos de intentar tener una visión más moderna y democrática, persiste en pasar por encima de la voluntad democrática de la sociedad. Este modelo económico y social no ha sido capaz de resolver las necesidades vitales de la población y sólo gracias a la movilización social se ha abierto una oportunidad para decidir democráticamente la configuración de las reglas comunes. El debate constituyente será central para discutir el problema del extractivismo pesquero que llevó a la debacle a los ecosistemas marinos y ha atentado contra la cultura y la economía asociada a la pesca artesanal, todo esto sin siquiera aportar a la soberanía alimentaria.

Es fundamental poder debatir democráticamente el tema pesquero y el modelo de desarrollo para entregar a toda la sociedad la posibilidad de decidir su futuro, por ello, la pretensión de pesquera Landes no es sólo una acción particular para defender una determinada cuota de pesca, sino que representa una amenaza al proceso democrático mismo. Nunca más podemos permitir que intereses minoritarios se superpongan a las decisiones democráticas, por ello es importante oponerse a la reposición de la pesca de arrastre para la jibia y repensar el modelo pesquero del país.