El revuelo causado por la estupenda serie "El Pre$idente", estrenada el 4 de junio por Amazon Prime y basada en la truculenta historia del exmandamás de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, presenta a millones de espectadores a lo largo y ancho de todo el mundo el relato del mayor de los escándalos deportivos conocidos por estas latitudes, protagonizado por el desconocido y ambicioso mandamás del humilde club Unión La Calera de nuestra región y las vicisitudes que lo llevaron a ser obligado a colaborar con el FBI norteamericano y, posteriormente, a vivir cómodamente y sin mayores medidas cautelares en Miami, a la espera ser leída su sentencia por hechos de corrupción relacionados con la venta de derechos de televisación de los torneos de la Conmebol. El Departamento de Justicia de los EE.UU. ya ha postergado en nueve ocasiones tal trámite, con nueva fecha para el próximo martes 3 de noviembre.

La imagen que la serie presenta al mundo, con todo, no deja precisamente bien parada a la ciudad del cemento, convertida en una suerte de Comala mezclada con Ciudad Juárez, donde la única ley presente pareciera ser la del propio Jadue y sus secuaces y matones. Para qué hablar de Valparaíso, que en su única escena, muestra poco decorosas postales en la Aduana y el Puerto, con un cargamento de merchandising botado al mar por errores de tipeo de los proveedores chinos; o de Viña del Mar, con la Av. San Martín disfrazada de Miami y el estadio Sausalito, de Maracaná.

La PDI (rebautizada como DPI) tampoco lo hace mejor, dejando una impresentable imagen de guardias de pueblo a los cuales un detenido les quita el arma para suicidarse y cuyos integrantes llegan visiblemente ebrios a un operativo al día siguiente de la conquista de la Copa América del año 2015. Es ficción, cierto. Pero parece que ella no aplica a la atractiva e incorruptible agente mexicana del FBI y sí se permite varias licencias con nombres y apellidos de los expresidentes de Colo Colo, Cristián Varela, Universidad de Chile, José Yuraseck, y Universidad Católica, Jaime Estévez, el futbolista Arturo Vidal, la prensa chilena y tantos otros.

Las sorprendentes actuaciones del colombiano Andrés Parra en el papel de Jadue, de la mexicana Paulina Gaitán, como su mujer María Inés Facuse, la "Nené", y de la extraordinaria Anita Reeves como una entrañable viejuja manilarga y corrupta, que según la serie crio al calerano, funcionan como una inteligente hipérbole de cómo en pleno Siglo XXI y ante todas las cámaras y luces del país nadie levantó la voz para advertir de los excesos de Jadue.

En Chile, aun cuando se formalizó la investigación por delitos de carácter tributario y de apropiación indebida, y no se incluyó el de soborno entre privados -no tipificado por aquellos días- cabe preguntarse si la Justicia pudo haber hecho algo más o si sencillamente la ebriedad del éxito, tal como les ocurrió a los policías de la serie, acabó por obnubilarla al igual que a todo el país.

Por lo pronto, la estela dejó en la Región harto donde hurgar. Ya la semana pasada el fiscal adjunto de Viña del Mar, Pablo Bravo, solicitó audiencia para la formalización de la madre de Jadue en relación a una querella presentada por su exmujer por la venta de un departamento por 225 millones de pesos en Concón, perteneciente a la sociedad matrimonial Inversiones San Nicolás.

En Miami, en tanto, Jadue se pasea ensangrentado tras supuestamente destruir a batazos el auto de la nueva pareja de la "Nené".

Y no, lo del departamento y el bate no es precisamente ficción.

A lo mejor les cabe en un futuro spin-off.

Para esta región, que realiza más juicios orales que ninguna otra en el país -1.495 el año 2019-, es imprescindible retomar con la mayor regularidad posible este tipo de audiencias, que en muchos casos se han suspendido durante las últimas semanas a raíz de la emergencia sanitaria.

Entendemos que la vigencia de los principios de inmediación, derecho a defensa, bilateralidad y contradicción no excluyen la posibilidad de llevar a cabo el juzgamiento a través de los sistemas remotos que desde el mes de abril acompañan la realización de múltiples audiencias ante todos los tribunales del país.

En tal sentido, la Fiscalía propicia que el debate en el juicio oral se pueda realizar íntegramente por vía remota, esto es, que jueces, fiscales, defensores, imputado, y quienes deben declarar como víctimas, testigos y peritos, puedan conectarse a través de aplicaciones informáticas, de modo de no tener que concurrir físicamente a dependencias del tribunal.

Hasta ahora, las decisiones en cada Tribunal Oral en lo Penal no han sido siempre homogéneas y nos hemos enfrentado a escenarios que varían desde la realización de un juicio íntegramente remoto, como ocurrió hace una semana en Los Andes, hasta juicios en que todos los intervinientes y citados han debido comparecer al tribunal, como ha ocurrido en los Tribunales Orales de Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar y San Felipe.

La Defensoría Penal Pública, en tanto, ha sostenido la visión enteramente contraria a la de Fiscalía, instando por la comparecencia física de todos los convocados al juicio, llegando a asumir posturas tan extremas como cuestionables, al negarse a efectuar argumentaciones en beneficio de su representado al comparecer ante un tribunal en que dos de los tres jueces integrantes de la sala se encontraban realizando su tarea en forma remota.

El Ministerio Público privilegia la comparecencia remota, pues a pesar de las medidas dispuestas por los tribunales en cada jurisdicción para velar por el resguardo de los asistentes, la presencia de varias personas en una misma sala no es el escenario ideal. En el mismo sentido, con fecha 1 de junio la Iltma. Corte de Valparaíso suspendió toda comparecencia presencial a juicios orales, en tanto no exista un protocolo de seguridad, cuya elaboración se encuentra encargada a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Ya la Excma. Corte Suprema, mediante Acta Nº 335 de 28 de mayo, había dispuesto una nueva instrucción a los tribunales sosteniendo que el teletrabajo es la forma regular y ordinaria en que debe desempeñarse la labor judicial en el presente período de contingencia sanitaria.

El mensaje que recibimos entonces desde los tribunales superiores es perseverar en la materialización de los juicios orales a distancia, en todos los casos en que ello sea posible. Y así instará el Ministerio Público en cada alegación que deba sostener al respecto. ¿Nos falta avanzar?, por supuesto, pero estamos haciendo camino al andar, enfrentados a este escenario tan grave como incierto, donde requerimos consensuar voluntades y contar con la disposición de todos para abrirnos hacia la innovación.

El 6 de junio se cumplieron 129 años desde que la primera mujer juró como abogado en nuestro país y Sudamérica. Este hecho -que no debería ser ninguna sorpresa en la actualidad, pues hoy estudian y juran más mujeres que hombres- a fines del siglo XIX, fue todo un acontecimiento. Doña Matilde Throup, la tercera mujer en obtener un título profesional desde la vigencia del Decreto Amunátegui firmado en Viña del Mar en febrero de 1877 y que permitió a las jóvenes ingresar a la universidad, logró romper una serie de prejuicios que enfrentaron muchas mujeres que abrazaron el estudio del Derecho hasta ya bastante avanzado el siglo XX. Ella padeció en varias ocasiones la actitud de los profesores que deseaban su fracaso en sus exámenes, como uno de ellos quien le indicó: "Las mujeres a coser y cocinar en su casa". Su juramento causó revuelo no sólo en Chile, sino en el extranjero.

Sin embargo, esto no significó para nuestra primera colega mujer un camino fácil, pues además de enfrentar los prejuicios que nuestra sociedad tenía respecto del trabajo femenino, se vio también enfrentada a las trabas institucionales del propio Estado. Así fue el caso de la primera mujer en oponerse al cargo de notario público y secretario del Juzgado de Ancud, el cual fue rechazado por el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción por el sólo hecho de ser mujer. Mas, la señorita Throup no se aminoró frente a tal injusta decisión y recurrió ante la Corte Suprema para revertir la medida, la que luego de la visita del fiscal de la Corte Suprema por sentencia de fecha 23 de septiembre de 1893, fue acogida considerando la igualdad entre hombre y mujer para acceder a dichos cargos y reconociendo la contribución de doña Matilde al eliminar restricciones para que mujeres fueran abogados.

Posteriormente, se presentó a los concursos para los cargos de oficial civil de la Primera Circunscripción de Santiago y notario público de Santiago, siendo en ambas aceptada para el examen correspondiente. No obstante, doña Matilde ejerció intensamente la profesión, teniendo una numerosa clientela. Muchas de dichas defensas correspondían a los más pobres que concurrían a su oficina.

Doña Matilde se une a un selecto grupo de mujeres que fueron punta de lanza para la inclusión femenina en la abogacía, como lo fue Laura Fuenzalida, Berta Santiagos, María Skarpa, Adriana Preusser, primeras abogadas en nuestra región. Nuestro Colegio no ha estado ajeno a reconocer la contribución de las mujeres en nuestra profesión. Desde 2017, por primera vez la vicepresidencia de la Orden la ejerce una distinguida colega, doña Aída Haleby Cury. En 2019, por primera vez en la historia de nuestra centenaria institución, se le otorgó a otra honorable colega el más alto reconocimiento que otorga nuestra Orden, el premio de Excelencia Profesional a doña Inés Pardo, lamentablemente fallecida hace pocos días.

Ciertamente, doña Matilde Throup representa a todas esas mujeres que día a día ejercen la abogacía. Para ellas también va nuestro reconocimiento, ya que todos y todas hemos construido el Colegio de Abogados de Valparaíso.