Katherine Escalona M.

El "Análisis de Estructura de Riesgo de Colapso" realizado este año por el Departamento de Emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, revela que en la ciudad existen 18 propiedades con orden de demolición por ser "un peligro latente y constante para los transeúntes (...) y para los moradores en los casos que éstas se encuentren ocupadas".

El documento fue expuesto en el Concejo Municipal por el edil Daniel Morales (MVC), presidente de la Comisión de Turismo, Patrimonio y Alianza Estratégica, quien alertó del alto costo de la demolición de los inmuebles, que llega a los $399.740.000, situación que acarrea -a su parecer- preocupaciones sobre la conservación patrimonial.

"Por los 18 inmuebles que aparecen en el listado, los cuales están priorizados, existen preocupaciones. Una de ellas es que, viendo los montos de las demoliciones, pensamos que el municipio podría buscar otras figuras antes de demoler, y por eso se propuso en el Concejo la figura de que, a través de la Cooperativa Renacer Patrimonial se pueda hacer el despeje de los materiales, separar todo lo que pueda ser utilizado y luego ocupar maquinaria municipal con los inmuebles que no tienen vuelta atrás", aseveró Morales.

El concejal reconoció que "hay varias propiedades que no están para ser demolidas y pueden ser rescatadas, por eso pedimos los antecedentes a la Dirección de Obras para saber por qué se determina la demolición total y no parcial, dado que la Ley General de Urbanismo y Construcciones indica que si una propiedad es declarada en abandono por parte del municipio, se puede hacer una medida de rescate".

La acción de intervención, dijo, es prioritaria porque esta semana se evidenció la caída parcial de uno de estos inmuebles en el cerro Bellavista por la lluvia, lo que puso en tela de juicio qué se debe hacer. Añadió que por eso "lo que se busca es tener una tenencia responsable de la propiedad".

Mientras, la representante de la Corporación de Arquitectos Valparaíso en el Cosoc municipal, Paz Undurraga, afirmó que "mi preocupación principal es el estado de deterioro de la ciudad y hay facultades para revertir el deterioro, siendo la última opción decretar la demolición, por lo que estamos abogando por medidas necesarias para evitar el colapso".

Solicitud de inversión

Sobre la demolición, desde el municipio respondieron que "por esa misma razón y a propósito del lamentable episodio del derrumbe de calle Huito, el municipio porteño solicitó una partida presupuestaria al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para reparar no sólo aquellos inmuebles patrimoniales, sino también aquellas casas o construcciones en mal estado, donde hoy viven miles de porteños y que cada invierno deben sufrir las inclemencias del tiempo".

Recalcaron que "el abandono por parte del Estado viene pasando la cuenta desde hace un tiempo. Y así como es importante cuidar el patrimonio, también es fundamental invertir recursos públicos para que la población que pueda estar pasando problemas mejore su calidad de vida".

Inmuebles municipales

Por otro lado, la situación de los inmuebles con orden de demolición también visualizó lo que ocurre en diversos edificios municipales que están en riesgo por malas condiciones.

La casona que se quemó en la avenida Gran Bretaña, en Playa Ancha, "pertenece a un rol donde existen tres propiedades más que pasarían al Sistema Público de Educación si no logran subdividir el terreno porque están ligados a la escuela María Luisa Bombal", dijo el concejal Daniel Morales . A ello se suma el edificio Liberty, que tiene una ocupación irregular en su tercer piso, y el comodato de la familia Maluk en la calle Serrano.

Sobre esto, el encargado de reconstrucción de la Secpla, Daniel Ramírez, aclaró que "equipos municipales hace varios meses comenzaron a trabajar en un proceso de recopilación de información respecto a los inmuebles que comparten el mismo rol de escritura de la escuela (...) y se está trabajando en el proceso de subdivisión del rol para que se acrediten como una propiedad diferente a la escuela".

Explicó que "en cuanto al edificio Tassara, más conocido como Liberty, se ha elaborado un proyecto de arriendo de vivienda pública, labor realizada por la Municipalidad de Valparaíso, a través de su equipo de la Dirección de Gestión Patrimonial, Secpla y el Minvu". En este proyecto, puntualizó que se logró tener la aprobación del anteproyecto y faltan los últimos ajustes estructurales.

"Hay varias propiedades que no están para ser demolidas y pueden ser rescatadas".

Daniel Morales, Concejal, presidente de la Comisión de Turismo y Patrimonio

A poco más de un mes del brutal crimen del empresario Alejandro Correa en las afueras de su domicilio, ubicado en Bosques de Montemar, hecho por el cual fue detenido un sicario de nacionalidad colombiana, sigue siendo un misterio quién o quiénes serían los autores intelectuales de este asesinato.

En entrevista con radio Bío-Bío, el director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, al ser consultado por este caso, aseveró que "pusimos todas nuestras capacidades investigativas para detener a las personas".

Respecto a las distintas versiones que han surgido sobre el móvil del homicidio, la autoridad subrayó que "hay información, que no puedo revelar en este instante, que podríamos llegar muy pronto a quiénes están detrás de este sicariato".

El jefe policial se excusó de adelantar mayores antecedentes a objeto de no entorpecer las pesquisas; sin embargo, reiteró que "muy pronto" esperan resultados.

Algunas pistas

El 21 de mayo la Brigada de Homicidios detuvo a Víctor Gutiérrez Londoño, sindicado como el autor material de los disparos. El sujeto reconoció que recibió un pago de $5 millones por ejecutar al ingeniero; no obstante, aún se desconoce quiénes lo habrían contratado para perpetrar este impactante hecho de sangre.

Cabe consignar que días antes de ser asesinado, el destacado profesional denunció la usurpación ilegal de un terreno de su propiedad en la comuna de Quilpué, donde esperaba concretar un proyecto inmobiliario.