Como "ataques terroristas" se refirió ayer el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, a los últimos hechos de violencia ocurridos en la región. Además anunció la presentación de querellas criminales.

"Quiero manifestar públicamente el rechazo y condena total a los últimos hechos de violencia (...) como Gobierno no aceptaremos la violencia y vamos a seguir persiguiendo a quienes cometen estos actos de violencia y terror", indicó la autoridad regional sobre los cursos de acción a seguir.

Las acciones serán por el ataque incendiario en Labranza, los dos hechos registrados en Victoria y un cuarto en Collipulli, y que implicaron la quema de camiones y vehículos.

Así también la Intendencia está a la espera de los partes oficiales del incendio ocurrido la mañana de ayer .

Manoli detalló la realización de una serie de coordinaciones con las policías, autoridades del Gobierno y el Ministerio Público. "Se ha hecho un trabajo exhaustivo en los últimos meses y que ha tenido como resultado la detención de 52 personas en la macrozona sur por distintos delitos, pero asociados a la violencia rural", aseguró.

Y agregó el personero que "estos ataques terroristas de los que hemos sido objeto en el último día es la reacción ante el resultado eficiente y efectivo que han tenido las policías en la última semana".

En esa línea manifestó la necesidad de modernizar la ley de inteligencia "para otorgar las mejores herramientas a las policías para investigar".

Recalcó además que "y por lo mismo hago un llamado a los parlamentarios, especialmente a los de la región, que nos permitan agilizar este trámite".

"Con estos ataques no solo hacen actos terroristas, sino que los más perjudicados son los trabajadores, ciudadanos corrientes. Y los autores serían personas absolutamente egoístas e irracionales, ya que además estamos en una pandemia", concluyó el intendente Víctor Manoli.

"Con estos ataques no solo hacen actos terroristas, sino que los más perjudicados son los trabajadores".

Víctor Manoli, Intendente Araucanía

El diputado DC, Víctor Torres, miembro de la comisión de Salud, confirmó que el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, fue citado para este lunes a la comisión investigadora covid-19 de la Cámara, a raíz de las denuncias que se han conocido en torno a contratos de residencias sanitarias y la compra de insumos por encima de los precios de mercado.

Torres solicitó a esta comisión citar al subsecretario para que explique cómo se han ido ejecutando los contratos de las residencias sanitarias, los arriendos que se han efectuado y cómo se han utilizado los recursos públicos. Al respecto, Torres agregó que "si bien se ha informado de funcionarios ya desvinculados por irregularidades en el arriendo de residencias sanitarias, hecho confirmado por el propio ministro de Salud, queremos conocer todos los antecedentes y, especialmente, el rol que ha tenido el subsecretario de redes asistenciales, a quien se le ha adjudicado eventual participación en estos hechos". El ministro Enrique Paris reconoció que existe una denuncia en Fiscalía, por lo que el subsecretario Zúñiga entregó los antecedentes que maneja sobre un eventual conflicto de interés en el arriendo, por cerca de $205 millones, de cabañas como residencias sanitarias, lo que beneficiaría a familiares de Orlando Durán Ponce, militante UDI y actual jefe de la División de Atención Primaria.