Equipo Crónica

El diputado por el Distrito 7, Andrés Celis Montt (RN), formuló durísimas denuncias contra el actual consejero regional por San Antonio y delegado provincial de Salud, Mauricio Araneda Atenas (UDI), a quien acusó por su supuesto rol en la contratación de la residencia sanitaria que actualmente funciona en el Hotel Puerto Mayor de esa comuna, habilitada para atender a pacientes con coronavirus, que involucra montos que superan los $ 187 millones.

Las declaraciones las efectuó en una entrevista a la radio Usach. El parlamentario reveló que "el encargado de negociar las contrataciones de las residencias sanitarias en San Antonio es Mauricio Araneda, el cual vive en San Antonio y su señora es la gobernadora de la provincia; pero además trabaja para María José Hoffmann, (UDI), aunque yo creo que ella no tiene ninguna relación con esto", partió diciendo.

Más adelante señaló que Araneda percibe sueldos "por su cargo como delegado provincial de Salud, aparte de ser core y de asesor de la diputada Hoffmann, o sea, tiene tres cargos distintos".

"Él (Araneda) está contratado a honorarios en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio como encargado de salud provincial. Él, siendo UDI, conociendo al señor (Cristóbal) Leturia (subsecretario del MOP, vicepresidente de la UDI y cuya familia aparece como la propietaria del Hotel Puerto Mayor), trabajando con la diputada y conociendo la relación de cercanía que hay de la UDI con la familia Leturia, y la relación de cercanía de su jefa, la diputada, con la familia Leturia, ya que se conocen desde niños con el señor Leturia en Santo Domingo, no debió haber negociado directamente, con trato directo, con un hotel que tiene cabañas, cuyos precios de cama también me merecen dudas", aseguró el parlamentario RN, que esta semana puso los antecedentes a disposición de la Contraloría y Fiscalía para que investiguen esta y otra denuncia relacionada con residencias sanitarias.

Aunque indicó que es muy difícil probar "alguna irregularidad en este caso", insistió en que Araneda "no debió involucrarse en esa negociación considerando que ese hotel pertenecía a la familia del subsecretario del MOP, que es de la UDI y cuyo padre (Javier Leturia) fue uno de los fundadores de la UDI. Para ser suave, creo que comete una imprudencia y una falta de criterio tremenda".

Entrega antecedentes

Celis adelantó que tanto por la contratación por trato directo que realizó la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el Hotel Clínico SPA, en Santiago, como por la que efectuó el SSVSA con el Hotel Puerto Mayor en San Antonio, entregó los antecedentes a "los órganos competentes en esta materia. Primero ante Contraloría respecto de aquellas infracciones administrativas que puedan derivarse y, después, a la Fiscalía sobre la arista penal y los posibles delitos".

El legislador subrayó que "son ellos los que deben determinar si esta nueva noticia respecto de la comuna de San Antonio tiene mérito suficiente para derivar en alguna acción concreta, porque, como les reitero, yo di conocimiento de los hechos".

Además, evalúa si corresponde pedir una auditoría especial para los contratos de este tipo llevados adelante por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio.

Acusaciones "falsas"

Contactado tras estas denuncias, el core Araneda se excusó de responder y sólo se limitó a señalar que son "absolutamente falsas".

Fuentes cercanas al personero dijeron que éste "habría renunciado en marzo pasado a la asesoría con la diputada Hoffmann" y que a Araneda "jamás le tocó evaluar ni hacer ningún contrato con el Hotel Puerto Mayor, tarea que le correspondió a un equipo de la propia Intendencia y la Dirección de Arquitectura del Servicio de Salud".

Además, insistieron que el Hotel Puerto Mayor "era el único hotel en San Antonio, junto con Enjoy, que ofrecía la posibilidad de arrendar entre 20 y 25 habitaciones, una de las exigencias para las residencias sanitarias en todo el país".

Este Diario se contactó con comunicaciones del MOP para conocer una versión del subsecretario Leturia sobre los antecedentes expuestos por el diputado y que involucran a su familia. Sin embargo, se excusaron de entregar una declaración.

Cores piden claridad

El tema también escaló al Gobierno Regional, luego que 12 consejeros regionales (core) ingresaron un requerimiento a la Contraloría para investigar posibles irregularidades y falta a la probidad por parte de funcionarios del Minsal y de directivos del SSVSA en la contratación de la residencia sanitaria ligada al subsecretario del MOP.

La consejera regional Nataly Campusano (CS) sostuvo que "es muy probable que estemos en presencia de un conflicto de intereses y una falta a la probidad administrativa por parte de estos sectores, por tanto, es fundamental que se esclarezca esta situación tomando en cuenta que son muchos los recursos públicos que están involucrados y que no se debe utilizar la crisis sanitaria para beneficiar a familiares o determinados sectores".

El consejero Roy Crichton (DC) afirmó que "estamos solicitando que se investigue por parte del órgano contralor si esto se ajustó a derecho. A priori, consideramos imprudente. Por eso quiero que se investigue también si hubo o no tráfico de influencias para que la familia del subsecretario de Obras Públicas se haya visto beneficiada con esta importante inversión del gobierno".

"(Araneda) no debió involucrarse en esa negociación, considerando que ese hotel pertenecía a la familia del subsecretario del MOP".

Andrés Celis, Diputado RN

"No se debe utilizar la crisis sanitaria para beneficiar a familiares o determinados sectores políticos".

Nataly Campusano, Core (CS) por Valparaíso

De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía Regional, durante la primera semana de cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar se detuvo a 614 personas por infringir el confinamiento y el toque de queda en ambas comunas.

De ellas, 421 fueron en la Ciudad Puerto y 194 en la Ciudad Jardín, quedando bajo apercibimiento por el artículo 318 del Código Penal, al vulnerar normas sanitarias en tiempo de catástrofe, epidemia y contagio.

La cantidad de personas que pasaron a control de detención por otros delitos, a los que se suma el del artículo 318, fue de 18 en Valparaíso y 16 en Viña del Mar. En tanto, los reincidentes en infringir el precepto legal fueron 18 en Valparaíso y 3 en Viña del Mar, pasando ellos a control de detención.

"Se ha dispuesto pasar a control de detención a los sujetos que reiteran el incumplimiento de cuarentenas e infracción al toque de queda, de modo de dar una respuesta más intensa en la persecución penal a quienes son contumaces en la infracción de estas normas", dijo al respecto la fiscal regional, Claudia Perivancich.

Región: 887 detenidos

Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional para la Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, aseveró que en la región se han detenido hasta la fecha a 887 personas, en su mayoría por no portar el permiso correspondiente para salir a la calle durante la cuarentena.

"Durante los próximos días se continuarán efectuando las fiscalizaciones con la misma rigurosidad que hasta ahora, ya que estamos velando que se cumpla la disposición sanitaria", señaló Marcic.