Oficialismo y oposición chocan por resolución de la Corte de Apelaciones contra Carabineros
FALLO. Ante prohibición de uso de balines, intendente dijo que "la única defensa es que tengan que utilizar armas de fuego".
Bastante ruido ha generado el fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de este viernes, en el cual se prohíbe, a todo evento, el uso de balines en escopetas antidisturbios por parte de Carabineros e instruye a la institución a establecer un protocolo que regule su accionar.
La sentencia del tribunal de alzada acogió 14 recursos de protección presentados en contra de la policía uniformada por la utilización de este material disuasivo, en el marco de las manifestaciones que tuvieron lugar desde el estallido social. Entre ellos, el del rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, junto a la abogada de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho UV, Inés Robles, en representación de 30 estudiantes, y otro del abogado Rodrigo Díaz Yubero y la Sociedad Gastronómica Mar Azul Ltda., por los constantes actos vandálicos que se registraron en plaza Aníbal Pinto, subida Ecuador y Condell.
"Sin duda, afecta"
El intendente Jorge Martínez, si bien evitó referirse al mérito de la sentencia, señalando que el Ministerio del Interior está evaluando la posibilidad de interponer acciones al respecto, declaró que "por la seguridad de la población, sin duda que afecta que no puedan contar con armas, en la medida que sea legítima, que se utilice en base a los protocolos de uso de la fuerza, que sea no letal y se aplique proporcionalmente".
En la misma línea, el jefe del gobierno regional agregó que el fallo merma la capacidad de los efectivos frente a grupos que usan elementos incendiaros, "porque si no pueden usar balines de goma para protegerse, la única defensa es que tengan que utilizar armas de fuego, lo cual pone en peligro a otras personas cuando se trata de sectores urbanos y, por cierto, pone en peligro a personal de Carabineros".
Actuar doloso
En el oficialismo no cayó nada bien el dictamen del tribunal de alzada, tildándolo de "erróneo" y, al igual que Martínez, criticaron que se restrinja el accionar de la policía uniformada ante actos de violencia, como los acontecidos en algunos sectores de la Ciudad Puerto durante las últimas semanas.
En ese sentido, la diputada María José Hoffmann (UDI) expresó que "el jueves, en la noche, se registró un duro enfrentamiento entre las personas de Rodelillo y las Fuerzas Armadas. Y fue el propio alcalde quien atribuyó esos hechos a la presencia del narcotráfico en el sector. Cómo quieren entonces que Carabineros enfrente a ese tipo de bandas si les está arrebatando a la policía uniformada las principales herramientas que tienen para actuar", recordando los recursos que ha presentado el jefe comunal porteño contra la policía uniformada.
Su par Osvaldo Urrutia (UDI), en tanto, dijo que el fallo "es a todas luces erróneo, presupone un actuar doloso de Carabineros al emplear elementos disuasivos que están plenamente validados por la legislación. De lo contrario, estarían prohibidos en todo el territorio nacional. Del mismo modo, no se logra comprender que la Corte de Apelaciones exija un protocolo para Valparaíso, existiendo ya un protocolo para todo el país".
Por su parte, el senador Kenneth Pugh (Ind./RN) dice que existe un problema de fondo que va más allá del fallo y tiene que ver con un cuestionamiento generalizado a la autoridad: "Las manifestaciones que son autorizadas y pacíficas son custodiadas por Carabineros y sólo entran en acción sus capacidades antidisturbios cuando se sobrepasa lo establecido por los mismos organizadores, normalmente causados por grupos de encapuchados y violentistas que infiltran las protestas y que no tienen que ver con su origen pacífico".
Norma permanente
En tanto, parlamentarios de oposición tuvieron una visión totalmente opuesta y alabaron el dictamen del tribunal de alzada.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD), por ejemplo, valoró el fallo, arguyendo que "este es un problema que se viene arrastrando desde el estallido social y que cobra plena vigencia en este contexto de pandemia, donde también hay manifestaciones sociales, algunos episodios de protesta -como sucedió en Rodelillo- y el uso desproporcionado de la fuerza con balines que genera, por ejemplo, más de 300 personas con daños oculares severos o completamente ciegas".
Una postura similar es la que tiene el diputado Rodrigo González (PPD), quien subrayó que "la justicia tarda, pero llega. Ojalá hubiese sido más oportuna en el momento en que estaban ocurriendo estas situaciones. Espero que este fallo se transforme en una norma permanente de todas las Cortes de Apelaciones, que llegue a la Suprema, y que esto se sancione como un delito, un daño a la salud, que no se puede infringir a título de resguardo de la seguridad".
El parlamentario Marcelo Díaz (Ind.) consideró que el pronunciamiento del tribunal "es muy valioso, importante y, por cierto, lo comparto, porque es evidente de que ha habido un uso indebido de este tipo de armamento y municiones, que ha faltado criterio y protocolo de las fuerzas policiales, que incluso podrían, eventualmente, derivar en responsabilidad penal de los efectivos que han utilizado estos métodos".
"Si no pueden usar balines de goma para protegerse, la única defensa es que tengan que utilizar armas de fuego, lo cual pone en peligro a otras personas".
Jorge Martínez, Intendente regional
"Es a todas luces erróneo, presupone un actuar doloso de Carabineros al emplear elementos disuasivos que están plenamente validados".
Osvaldo Urrutia, Diputado UDI
"La justicia tarda, pero llega. Ojalá hubiese sido más oportuna en el momento en que estaban ocurriendo estas situaciones".
Rodrigo González, Diputado PPD
"Lo comparto, porque es evidente de que ha habido un uso indebido de este tipo de armamento y municiones, que ha faltado criterio y protocolo".
Marcelo Díaz, Diputado (Ind.)