Cristián Rojas M.

La periodista Alejandra Matus publicó en su cuenta de Twitter una lista de empresas fuera de la categoría "esenciales" que estarían infringiendo la cuarentena al exigirle a sus trabajadores labores presenciales, para lo cual utilizarían resquicios, lo que provocó la inmediata reacción del Gobierno y del Ministerio Público. El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció una mayor fiscalización y, a nivel local, la seremi del Trabajo, María Violeta Silva, señaló que instruyó una visita inspectiva, mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó a cuatro fiscales regionales, entre ellos la de Valparaíso, Claudia Perivancich, abrir investigación de oficio a empresas denunciadas.

"Sporting Club Valparaíso transmite carreras internacionales y abre oficina para recibir apuestas con tarjetas de prepago. 20 a 25 cajeras acuden a oficina diariamente con permiso obtenido con RUT diferente al de empleador, bajo rubro no esencial de 'telecomunicaciones hípicas'", denunció Matus en la red social.

"se disfrazan"

Consultado al respecto en su balance diario, Paris precisó que habrá una mayor fiscalización, destacando que "obviamente, estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados".

Añadió que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, "hoy día mismo (ayer) está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos, y estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando de forma inadecuada".

El secretario de Estado llamó a la comunidad "a respetar la cuarentena, a respetar el toque de queda, y a no falsear algunos documentos para permitir que haya más gente circulando", recalcando que "el trabajador no es el culpable, de ninguna manera queremos que la persona pierda el trabajo, no esa la finalidad de la inspección, sino que es controlar aquellas empresas que utilizando documentos, falsean la información para poder obtener permisos que no deben ser utilizados en estas circunstancias".

Podría haber sumario

Por su parte, el seremi de Salud (s), Jaime Jamett, indicó que "hemos instruido fortalecer las acciones de fiscalización a través de todas nuestras oficinas territoriales y, por supuesto, esas se seguirán realizando durante los próximos días y esperamos que todo salga bien. En el caso que así no sea, obviamente iniciamos sumario sanitario. Si esos sumarios dan cuenta de que el titular está efectuando acciones que no son efectivas, no son reales, indudablemente haremos las denuncias correspondientes al Ministerio Público".

Diputado exige indagar

En tanto, el diputado Rodrigo González llamó a la Seremi del Trabajo y a la Inspección del Trabajo a fiscalizar inmediatamente en terreno, ya que "esta denuncia demuestra un actuar malicioso e irregular de la empresa que debe ser sancionado, no es posible que en tiempos de pandemia se esté exponiendo a decenas de trabajadores para recibir apuestas en las oficinas, no es posible ni tolerable, y la sanción debe ser ejemplar para evitar que se reitere en otras empresas".

El parlamentario destacó que "además del Sporting Club, hemos conocido a otras empresas que de diversas formas están operando para saltarse la actual normativa y seguir operando pese a todas las restricciones existentes, y eso no puede ser permitido ni avalado. Hago un llamado a los trabajadores a que denuncien, hagan públicos los casos, ya que es la única forma de poder terminar con prácticas inescrupulosas de empresarios que privilegian intereses económicos por sobre la salud de su propio personal".

Seremi instruye acción

A su vez, la seremi del Trabajo, María Violeta Silva, aseveró que "tan pronto hemos tomado conocimiento de esta denuncia hemos pedido al director regional del Trabajo que prontamente constituya un proceso inspectivo, a fin de determinar la efectividad de la denuncia".

Silva subrayó que "queremos ser enfáticos en condenar este tipo de irregularidades, donde las empresas utilizarían RUT distintos a los que realmente poseen, para así tramitar maliciosamente permisos laborales, y forzar a sus trabajadores y trabajadoras a asistir a sus lugares de trabajo, a pesar de que estas no correspondan a aquellas consideradas 'esenciales', que son las únicas empresas que pueden seguir funcionando y prestando servicios en periodos de cuarentena total, pero además, exponiendo a decenas de personas a contagiarse, porque, recordemos, es deber de todo empleador velar por la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores".

En ese sentido, la autoridad hizo un llamado a las empresas "a no torcerle la mano a la ley. Esta cuarentena y estas medidas de confinamiento, así como la prohibición de trabajo de lo que no son empresas esenciales, es para cuidar la vida y la salud de cada uno de los chilenos y chilenos, no es otra cosa que el afán de poder salir lo antes posible de esta pandemia. Por eso es que esperamos, primero, la investigación de la Dirección del Trabajo, y una vez que la tengamos, de ser efectivos los hechos, vamos a exigir que se cumpla al máximo con las sanciones que se han establecido para estos tipos de conductas, tanto administrativas, como judicialmente".

Critica resquicios

Finalmente, Silva remarcó que "la ley está hecha para cumplirla y es un imperativo ético cumplirla de buena fe. No busquemos resquicios legales, porque esta pandemia nos está poniendo a prueba como sociedad, y qué tan rápido salgamos de ella dependerá de nuestro propio comportamiento".

Este Diario se contactó con el Sporting Club para tener su versión sobre la situación denunciada, pero no hubo respuesta.

"(La subsecretaria de Prevención del Delito) está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos".

Enrique Paris, Ministro de Salud

"Tan pronto hemos tomado conocimiento de esta denuncia hemos pedido al director regional del Trabajo que constituya un proceso inspectivo".

María Violeta Silva, Seremi del Trabajo

Dos nuevas detenciones se concretaron en el marco de la investigación que lleva adelante el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Valparaíso por la venta ilícita de C-4, peligroso explosivo de uso militar que se intentó comercializar a través de un grupo cerrado de WhatsApp, hecho que fue detectado por la Armada y que procedió a denunciar al Ministerio Público.

De esta forma, el pasado 3 de junio, un operativo efectuado por el OS-7 de Carabineros permitió la aprehensión de un sujeto en cuyo domicilio mantenía tres paquetes que totalizaban 1,5 kilogramos de C-4, además de mecha, 161 gramos de cannabis sativa y 20 comprimidos de clonazepam.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Maximiliano Krause, las diligencias prosiguieron y "se logró establecer que en este hechos tenían participación a lo menos otras dos personas más. Una de ellas es un infante de marina".

Por esta razón, explicó que se informó al Juzgado de Garantía de Valparaíso los resultados de las indagatorias, autorizando en base a ello acciones de entrada y registro en distintos domicilios de la comuna, y ordenando, a su vez, la detención de un civil. De esta forma, el 19 de junio "se llevó a cabo el ingreso a un domicilio en el sector de Rodelillo, donde fue posible encontrar evidencia que, a juicio del Ministerio Público, es directamente incriminatoria en contra del funcionario infante de marina, además que confirmaba la participación del civil".

En la vivienda del efectivo militar no se hallaron explosivos, pero sí elementos para su activación y evidencia que lo ligan al ofrecimiento que se hacía vía WhatsApp de C-4, el cual habría sido sustraído desde almacenes de la Armada.

El 20 de junio, ambos sujetos pasaron a control de detención y fueron formalizados, imputándosele al infante de marina los delitos de tráfico de material de uso bélico y posesión de elementos prohibidos por la Ley N° 17.798 sobre control de armas y al civil tráfico de material de uso bélico.

Detenido en unidad naval

Desde la Armada, el director de Comunicaciones de la institución, capitán de navío Leonardo Chávez, calificó el hecho como "sumamente grave", por lo cual la institución está prestando total colaboración para esclarecer el caso.

Además, confirmó que en paralelo a la investigación que efectúa el Ministerio público, la Fiscalía Naval también desarrolla indagaciones para conocer los alcances del hecho y si hay más efectivos involucrados.

Con respecto a la situación judicial del infante de marina, que previo a su aprehensión se desempeñaba en labores de apoyo a la crisis sanitaria, Chávez precisó que se encuentra detenido en una unidad naval y que su futuro en la Armada se resolverá una vez que se establezca judicialmente su responsabilidad.

"Hay también una investigación por parte de la Fiscalía Naval que se está llevando a cabo".

CN Leonardo Chávez, Director de Comunicaciones de la Armada