A través de un documento exento, número 442, emitido el 22 de este mes, la Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso confirmó al alcalde Jorge Sharp y a la secretaria municipal, Mariella Valdés, que la entidad inició un sumario administrativo por la contratación a honorarios que se realizó el año pasado de Luis Santiago Aguilar, presidente de la Corporación Mil Tambores, en los programas culturales de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

"Instrúyase sumario administrativo, con el objetivo de investigar y determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiese corresponder a personal municipal por la contratación a honorarios de Don Luis Santiago Aguilar", consigna el documento.

El tema vuelve a la palestra después de más de un año del cuestionamiento que realizaron agrupaciones ciudadanas y concejales a esta contratación, en mayo del año pasado, y posterior a la determinación de la misma Contraloría municipal que en julio del año pasado decretó como ilegal la contratación de Aguilar, por lo que el contralor interno ordenó un sumario que recién se va a realizar.

Es más, en julio de 2019, incluso la entidad fiscalizadora interna del municipio dio a conocer una serie de irregularidades por la temporalidad del decreto alcaldicio para la contratación de Aguilar y cuestionó la calidad de experto del funcionario, entre otras observaciones. Se dio a conocer también que el sueldo de Aguilar fue por una renta bruta mensual de $ 1.666.666.

Al respecto, el presidente de la Corporación Mil Tambores aclaró que esto no tiene que ver con el servicio que prestó al municipio porteño que, puntualizó, "sólo fue por dos meses", sino que obedece a un acto administrativo municipal.

"Yo no estoy prestando, actualmente, servicios al municipio, el contrato duró previo al carnaval. Esto es algo administrativo del municipio, yo no me puedo referir a situaciones que son administrativas, yo no soy funcionario municipal", argumentó Santiago Aguilar.

Criticas de concejales

La situación fue ampliamente criticada por concejales de Valparaíso consultados por este Diario, sobre todo en relación a que se da a más de un año del fallo de la Contraloría Municipal que decretó ilegal la contratación por irregularidades.

El concejal Marcelo Barraza (DC) precisó que "haberse demorado un año el alcalde en haber dado una respuesta frente a una situación que veíamos como una contratación innecesaria, es mucho tiempo. Esto lo vimos como una contratación de carácter más bien político que profesional, sin desmerecer a Santiago Aguilar, pero en el momento que estábamos viviendo con el tema de las comparsas y cómo quedaba la ciudad, creíamos que era necesario potenciar a las comparsas, a las organizaciones, y no poner a cargo a quien formaba parte de la directiva de Mil Tambores".

Con el sumario confirmado por la Dirección de Control, aclaró Barraza, "se justifica lo que estábamos diciendo por ser una contratación de carácter político innecesaria".

El edil Eugenio Trincado (DC) aseveró que "la solicitud de investigación se ajusta a una realidad que el municipio contrató a una persona para desarrollar una organización o fiscalización que él mismo desarrollaba, nos parecía incompatible. Aguilar desarrolla el Carnaval Mil Tambores, lo que está muy bien porque es un aporte cultural y turístico para la ciudad, pero nombrar a quien encabeza esta organización para hacer lo mismo, era incompatible. Esperamos que se resuelva".

Al igual que Barraza y Trincado, la edil Ruth Cáceres (RN) recalcó que "todos estábamos molestos por esta situación, no tenía un sueldo bajo y ha pasado más de un año para dar inicio al sumario que se había sugerido con anterioridad. Es mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo más va a durar este proceso, porque hay sumarios que duran años".

En tanto, el concejal Iván Vuskovic (PC) dijo que "creo que la contratación se debe haber hecho a través de organizar una actividad en conjunto entre Mil Tambores y la municipalidad y no contratar a parte al organizador. En su momento se detectaron irregularidades y lamento que todo esto sea un año después".

Municipio sin respuesta

Para saber qué pasó en el proceso, este Diario tomó contacto con Comunicaciones de la Municipalidad de Valparaíso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta por parte de la casa consistorial.

Pese a esto, cuando la Contraloría municipal decretó ilegal la contratación de Aguilar, en julio del año pasado, el director de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, Nicolás Guzmán, dijo que "evacuaremos un informe sobre la materia, tomando en cuenta los antecedentes para determinar si es necesario subsanar la situación".

"Esto lo vimos como una contratación de carácter más bien político que profesional".

Marcelo Barraza, Concejal (DC)

"Todos estábamos molestos por esta situación, no tenía un sueldo bajo y ha pasado más de un año".

Ruth Cáceres, Concejala (RN)

La Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso envió un oficio al alcalde Jorge Sharp por irregularidades encontradas en el marco de la licitación denominada "Provisión de mano de obra para aseo Municipalidad de Valparaíso", que se otorgó a la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, el 3 de julio de 2018.

La ilegalidad, según consta en el documento, sería porque a través del decreto alcaldicio N° 1.806 se pagaron más de $93 millones a la empresa por parte de la casa consistorial sin que se hiciera el trabajo correspondiente, por lo que la Dirección de Control ordenó revocar el decreto alcaldicio y aplicar las multas respectivas a la cooperativa.

En el escrito se da a conocer que en el marco de la licitación, el alcalde Sharp ordenó a funcionarios municipales "dar curso legal al decreto que disponga el pago de la factura N° 90 por la suma de $93.606.901, de fecha 5 de mayo de 2020, correspondiente al servicio prestado en el mes de abril por la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial".

Esto, precisa el escrito, "instruyendo que se debe pagar íntegramente la factura, pese a que consta que no se cumplió con la totalidad de la dotación de personal exigida, producto que un grupo de trabajadores, mayores de 60 años y/o que presenten enfermedades crónicas, fueron relevados de su obligación de prestar servicios, con motivo de la pandemia", acción que, según el municipio, estaría establecida en dictámenes.

Sin embargo, la entidad municipal argumentó que "ninguno de los dictámenes citados resulta aplicable en la especie (...) porque el personal que provee la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial en cumplimiento del contrato antes indicado no forma parte del personal municipal, se trata de trabajadores bajo subordinación y dependencia de un empleador distinto, por lo que la municipalidad no se encuentra facultada para relevarlos de su obligación de prestar servicios", lo que está en las bases de la licitación.

Ante esto, uno de los encargados de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, Alejandro Godoy, dijo que "este es un problema interno de la Municipalidad de Valparaíso por los trabajadores mayores de 60 años y enfermos crónicos que fueron enviados a cuarentena, pero es un problema interno de la municipalidad. Nosotros estamos esperando la resolución y cuando se llame a la cooperativa veremos de qué forma se puede arreglar. Es un problema interno y administrativo municipal".

Desde la Municipalidad de Valparaíso, en tanto, al cierre de esta edición no hubo respuesta sobre qué se hará y qué pasará con los más de $ 90 millones cancelados.