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La justicia francesa condena al ex primer ministro Fillon

PARÍS. Sentencia de cárcel es por el caso de los empleos ficticios ocurrido en 2017, cuando se supo que contrató a su esposa como asistente parlamentaria.
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Efe

La Justicia francesa condenó ayer al ex primer ministro francés Francois Fillon a dos años de prisión firme y otros tres exentos de cumplimiento en el llamado 'caso de los empleos ficticios', un escándalo que lo alejó del Elíseo en 2017 y dañó su imagen pública, al desvelar que contrató a su esposa como asistenta parlamentaria sin que ella ejerciera ese cargo.

El proceso judicial comenzó, para el ex jefe de gobierno de Nicolas Sarkozy, en enero de ese mismo año, cuando el semanario satírico "Le Canard Enchainé" publicó en exclusiva el fraude, y recibió ahora el veredicto como colofón a un juicio iniciado el pasado 26 de febrero. El Tribunal Correccional de París dictó el fallo, además de una multa de 375.000 euros y diez años de inhabilitación. Como sus abogados anunciaron que recurrirán la pena, el exjefe del gobierno quedó en libertad a la espera de un nuevo juicio.

Su esposa, Penélope, igualmente presente en la sala y con gesto serio, recibió otra multa idéntica y tres años exentos de cumplimiento, los mismos que Marc Joulaud, diputado que también la contrató después de que Fillon le cediera su circunscripción al convertirse en el ministro de Asuntos Sociales de Jacques Chirac. Joulaud deberá abonar además 20.000 euros, y entre los tres tienen que reembolsar más de un millón a la Asamblea Nacional, que se había constituido como acusación particular.

Desvío de fondos

El desvío total de fondos de forma directa o indirecta se eleva a unos 1,5 millones de euros y el Tribunal dejó claro este lunes que no hay ninguna prueba tangible que demuestre el trabajo de Penélope, que justifique esa cuantía y sea proporcional a las actividades atribuidas.

Penelope Fillon estuvo contratada como asistente de su marido entre 1998 y 2002 y de 2012 a 2013, y como ayudante de Joulaud de 2002 a 2007. La sala tampoco vio justificado su contrato como consejera literaria en la revista "La Revue des Deux Mondes", propiedad de un empresario cercano al entonces líder de la derecha. "Su empleo no obedecía a ninguna lógica, ni en términos de necesidad ni de salario", subrayó la presidenta de la sala, Nathalie Gavarino, para quien ninguno de los tres acusados, por su experiencia y formación, podía ignorar que estaban cometiendo una infracción. El tribunal consideró que Fillon, que de 2005 a 2007 también contrató a dos de sus hijos, puso en marcha, de forma directa o mediante su suplente, una organización que permitía desviar para su beneficio personal los fondos habilitados para el pago de colaboradores.

JUICiO POLÉMICO

Los ahora condenados tenían la esperanza de que se aceptara su petición de reabrir la vista oral después de que la exjefa de la Fiscalía Nacional Financiera, Eliane Houlette, denunciara presiones de sus superiores durante la instrucción. El rechazo de esa solicitud tramitada la semana pasada les dejaba como única posibilidad la apelación.

"La sentencia no es justa. Vamos a recurrirla y habrá un nuevo juicio que será especialmente necesario porque en los últimos días se han visto las condiciones escandalosas en las que se efectuó la instrucción", dijo el abogado Antonin Lévy. Tanto Fillon, como su esposa, estaban imputados principalmente por malversación de fondos públicos y apropiación indebida de bienes sociales.

Marcó un cambio en las normas

Fillon era el candidato favorito para las presidenciales de mayo de 2017 y no abandonó la contienda, pero acabó tercero en la primera vuelta, que dio la victoria a Emmanuel Macron. La polémica no solo afectó a su propio partido, sino que también implicó nuevas normas en Francia. Que los diputados contrataran a familiares como asistentes era una práctica legal, pero el Parlamento la prohibió en agosto de 2017 por una promesa de Macron durante su campaña.

Brasilia bajo "estado de calamidad" por alza en los contagios

CRISIS. Medida se adoptó por avances de la pandemia por el coronavirus.
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El Gobierno del Distrito Federal de Brasilia declaró ayer el "estado de calamidad pública" debido a la pandemia del coronavirus, que se ha agravado en la capital brasileña, donde ya deja casi 550 muertes y 45.000 contagios.

"Queda declarado el estado de calamidad pública en el ámbito del Distrito Federal, como consecuencia de la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2", afirmó el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, en un decreto publicado en el Diario Oficial. En la práctica, la declaración del estado de "calamidad pública", es una medida puramente administrativa que otorga a las autoridades locales una mayor libertad en el manejo de sus presupuestos y les permite tener acceso, de forma rápida, a recursos del Gobierno central para hacer frente a una emergencia.

El Distrito Federal fue la primera región de Brasil en adoptar, a mediados de marzo, medidas de aislamiento social para contener la propagación con el cierre de las escuelas y la suspensión de eventos públicos. Sin embargo, también fue de las primeras en flexibilizar el distanciamiento y permitir la reapertura gradual de comercios no esenciales desde finales de mayo, lo que se ha traducido en un repunte en el número de infectados por covid-19 y, por ende, de las hospitalizaciones.

Según el texto, la medida estará en vigor mientras perduren los efectos de la pandemia en Brasil, el segundo país del mundo más azotado por el virus y que ya registra 57.622 muertes y 1.344.143 contagios, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud. El Congreso brasileño ya declaró el estado de "calamidad pública" en el país a finales de marzo, así como hicieron otros estados del país fuertemente castigados por el nuevo coronavirus.

Desde la irrupción de la enfermedad, a la que tildó de 'gripecita', el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha censurado la imposición de cuarentenas por parte de los estados y municipios, pues, según él, son un crimen y una ruina económica. El mandatario, que acostumbra subvalorar la gravedad de covid-19, ha defendido siempre la vuelta a la normalidad y llegó a decir que "la muerte es el destino de todos" al lamentar la pérdida de las miles de vidas que ha sesgado ya el virus.

En junio, varios estados, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos más azotados por el coronavirus, comenzaron una desescalada gradual de las medidas, pese a que la curva epidemiológica continúa en fase creciente.

Hong Kong restringirá los visados a ciudadanos estadounidenses

NORMA. Efectos de la nueva ley de seguridad.
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La cancillería china anunció restricciones de visados a ciudadanos estadounidenses que muestren una "conducta ofensiva" en relación a los asuntos de Hong Kong, ante la próxima aprobación de una ley de seguridad para el territorio semiautónomo.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijia, anunció esta medida aunque no aportó ningún detalle adicional al respecto ni especificó si ya se han identificado a personas susceptibles de ser sancionadas. Esta acción es la respuesta de Pekín a las restricciones similares anunciadas la semana pasada por Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Mike Pompeo, que anunció sanciones en este campo a cargos del Partido Comunista de China (PCCh) considerados "responsables o cómplices de menoscabar el alto grado de autonomía de Hong Kong (...) o los derechos humanos y las libertades en Hong Kong".

China considera que Washington está intentando obstruir la aprobación de la ley de seguridad para Hong Kong, que podría ser promulgada en la actual sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que finaliza hoy. "Nunca lo conseguirán", aseguró ayer Zhao, que calificó las últimas medidas tomadas por la Administración dirigida por Donald Trump de erróneas e indicó que se han presentado quejas formales ante Washington por lo que Pekín califica de "graves interferencias en los asuntos de Hong Kong", que a sus ojos son asuntos internos chinos. Desde hace más de un año, la situación en Hong Kong se ha ido deteriorando por el impacto de las protestas.

Últimos detalles de la futura ley

El diario hongkonés South China Morning Post citó a dos fuentes que aseguraron que la ley incluiría penas de hasta cadena perpetua para "actos de secesión, subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional".