Katherine Escalona M.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, confirmó que la cuestionada demolición que ordenaron arquitectos -pertenecientes a la Inmobiliaria Playa Ancha- en la calle Pedro León Gallo del sector de Gran Bretaña, tal como habían denunciado vecinos del sector, no tenía el permiso correspondiente para ejecutarse por parte de la Dirección de Obras (DOM) de la municipalidad, por lo que se enviaron los antecedentes al Juzgado de Policía Local.

El jefe comunal aseveró que "la demolición que se llevó a cabo en la calle Pedro León Gallo, en Playa Ancha, no cumplía con las autorizaciones que establece la ley. Por ello las personas quedaron citadas al Juzgado de Policía Local".

Aclaró que "el problema que nosotros observamos es que cualquier proyecto habitacional que se quiera construir en dicho lugar debe, por una parte, respetar la riqueza y el valor arquitectónico del patrimonio playanchino. Y en segundo lugar, evitar el fenómeno de la gentrificación, es decir, la expulsión de los vecinos y vecinas de Playa Ancha de sus barrios".

Con esto, el jefe comunal porteño apoyó a los vecinos del sector, que ayer dieron cuenta de la problemática y recalcaron que existe preocupación porque las casas que estaban colindantes al inmueble que se demolió quedaron sin soporte y con peligro de derrumbe hacía la calle Villaseca.

Así lo dio a conocer el representante de los residentes, Hugo Sánchez, quien recalcó que "con la demolición hay un total de 50 vecinos perjudicados que viven a un costado del ascensor Villaseca, porque las casas son de adobe y hay peligro de derrumbe por lluvias. Esto pasó hace una semana y yo llamé a la DOM que me informó que no estaban al tanto de la situación".

Ante esto, Sánchez precisó que "llamé al inspector urbano y se dio cuenta de la situación, al igual que el director de Operaciones y Emergencia, Ezio Passadore, que se dio cuenta que no estaban los permisos porque es una zona de conservación y se le pasó una infracción al dueño de la maquinaria se lo citó al Juzgado".

Comentó que la demolición comenzó hace una semana y afectó "a seis o siete casas del sector, toda una cuadra, donde no había permiso para demoler, contrario a la situación que dicen los arquitectos, que afirman que había ocupación ilegal en el terreno. Acá hay riesgo y estamos muy preocupados".

Dentro de lo legal

El arquitecto Jaime Rodillo, uno de los encargados del proyecto inmobiliario que se levantará en el lugar, conversó con este medio y enfatizó que sí contaban con permiso cuando se hizo la demolición que obedeció, según su versión, a un peligro por ocupación ilegal de la propiedad.

"El permiso yo lo tengo. En el minuto en que nosotros iniciamos la demolición, que fue hace una semana, el permiso estaba en proceso de emisión. En el minuto en que nosotros empezamos la demolición el permiso no estaba otorgado definitivamente, pero sí estaba ingresado y aprobado, porque la carpeta ya estaba en la municipalidad desde hace tres meses y se encontraban cancelados los derechos", aclaró el profesional.

Insistió en que la demolición "se realizó porque los mismos vecinos me estaban presionando y estaban preocupados por la situación en la que se encontraban las casas, porque los ocupantes ilegales se habían transformado en un problema, los mismos guardias de la Academia de Guerra me manifestaban que habían hecho escándalo, se habían subido al techo, había peleas. Las mismas vecinas de la calle también habían manifestado la situación y me habían solicitado hacerme cargo de la ocupación ilegal".

Consignó que por la presión de los vecinos "empezamos a desarmar. (...) Hoy ya tengo el permiso físicamente y me contacté con los vecinos cuando hicieron la denuncia por redes sociales".

Detalló que en el terreno se pretende hacer "un proyecto de construcción de viviendas".

"No cumplía con las autorizaciones que establece la ley. Por ello las personas quedaron citadas al Juzgado de Policía Local".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

"En el minuto en que nosotros iniciamos la demolición, que fue hace una semana, el permiso estaba en proceso de emisión".

Jaime Rodillo, Arquitecto de la obra

Más de cincuenta entidades que trabajan a nivel nacional junto a personas con algún grado de dependencia han hecho un llamado al Estado de Chile para que se implementen acciones acordes al respeto a los derechos humanos.

Al respecto, consideran que es un deber ajustado a derecho que se considere implementar el acompañamiento para niños adolescentes y adultos con algún grado de dependencia, tanto en contexto hospitalario como de residencia sanitaria, salvaguardando el derecho fundamental del acceso a la salud.

La vocera de las 55 entidades que suscriben este llamado, Mariela Serey, valoró prácticas como la adoptada por el Hospital Dra. Eloísa Díaz, de La Florida. "Resulta crucial que sea replicada de manera urgente en todo el sistema sanitario. Esta buena práctica garantiza condiciones idóneas para un acompañamiento hospitalario que impacta positivamente en la evolución del paciente", dijo.

La mencionada buena práctica considera, entre otras acciones, entrega de alimentación (4 comidas) al acompañante, facilitando condiciones necesarias en el período de estadía (como ocupar baño o ducha de habitación), todo en un contexto de cumplimiento de la normativa sanitaria para evitar contagios.

A nivel internacional, esta medida de acompañamiento en pandemia se ha implementado con positivos efectos, como en el caso de Estados Unidos, en el Protocolo del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (Health Advisory, 2020) y del MedStar Health. En ambos casos la intervención exitosa en covid-19 garantiza la presencia de una persona de apoyo en una "Díada Cuidadora" (Persona Cuidadora-Persona Cuidada).

De esta manera, "exhortamos al Estado de Chile a entregar respuesta en un marco de respeto cabal de derechos humanos, desde una perspectiva bioética, humana y social, como reconocimiento, valoración y reparación de vulneraciones históricas a grupos en riesgo de exclusión", afirman las entidades firmantes.

Por infringir el artículo 318 del Código Penal fue detenido ayer el diputado Pedro Velásquez (Ind.), representante del Distrito 5 de la Región de Coquimbo, tras ser controlado en la aduana sanitaria de la Ruta 60-CH de Quillota sin portar el respectivo salvoconducto.

La información fue corroborada a este Diario por el gobernador provincial, Iván Cisternas, quien puntualizó que el legislador fue fiscalizado cerca de las 20 horas, cuando regresaba de Hijuelas, comunas a la que concurrió junto a su secretaria para ir a buscar a la hija de esta última.

Si bien el jefe provincial confirmó que Velásquez llevaba consigo un pasaporte sanitario, no se encontraba efectuando labores propias de su cargo y necesitaba un salvoconducto para circular, ya que salió de Valparaíso, comuna que se encuentra en cuarentena.

Por tal motivo, el legislador fue conducido hasta una comisaría de Carabineros de Quillota, donde se dio cuenta al fiscal de turno, para luego quedar en libertad, pero citado al tribunal. "El diputado reconoció su error", dijo el gobernador Cisternas.