Gran parte de la clase media chilena está a punto de cruzar la línea de la pobreza, ingresando al sector más vulnerable de la población. Se trata de un importante y esforzado grupo formado por profesionales, comerciantes, empleados y emprendedores diversos que han perdido parte o la totalidad de sus ingresos.

Se pierden los ingresos, pero no se pierden las deudas. Ahí están los dividendos hipotecarios, la cuota del automóvil, los pagos en educación y salud, los créditos de consumo o la tentadora tarjeta de crédito, aquella atracción fatal que, finalmente, se debe cancelar.

Están, además, los pagos de servicios y la cobertura de demandas básicas de alimentación o transporte.

En fin, ese grupo ya sin ingresos, cruza, hacia abajo, la línea de la pobreza. Desde La Moneda se afirma que el 75% de la clase media está cubierta por las medidas para paliar la crisis. Se considera que un 68% de las personas pertenece a un hogar de clase media, con ingresos que oscilan entre $625 mil y $3,1 millones. La red de protección social estaría dando cobertura al 81,3% de la clase media baja y al 70% de la clase media típica.

Algunos sectores de esos grupos sociales han recurrido a mecanismos de ayuda, como el Seguro de Cesantía y el Ingreso Familiar de Emergencia, pero esos beneficios resultan insuficientes y acotados en el tiempo.

Además, muchos de los integrantes de ese sector no logran beneficios, pues no califican al no poder ingresar al Registro Social de Hogares, fichaje que abre las puertas a redes de ayuda.

Ante esa dura realidad que castiga a millones de chilenos, el Gobierno está preparando un conjunto de medidas de ayuda, mientras desde partidos oficialistas y opositores se presiona al respecto con diversas propuestas. En La Moneda se estarían estudiando créditos blandos con recursos públicos, reprogramación de deudas y subsidios de arriendo. Por otro lado, uno de los instrumentos que cobra actualidad es el debatible retiro del 10% de los fondos de pensiones.

La declinación de la clase media se remonta a la violencia de octubre, cuando comienza la pérdida de empleos y también de emprendimientos cuyos titulares pertenecen a ese sector social. Ahora, con la cuarentena que significa la desaparición o funcionamiento parcial de actividades, el problema se acentúa y la recuperación de ingresos se aleja.

La caída del Imacec de mayo es alarmante y la de junio pueden ser peor a lo que se suman las mediciones oficiales de desempleo.

De este modo, son oportunos los propósitos y las legítimas demandas de ayuda, pero es urgente pasar del discurso a la implementación en terreno, apoyando a quienes muchas veces quedan marginados de los programas oficiales, como es esa clase media, motor y viga maestra de nuestra sociedad.

Trataré de no caer en excesos directos, pero puede haber alguno indirecto. Después de haber sido rector por 12 años de la Universidad de Valparaíso, elegido en tres oportunidades por la comunidad académica, me pareció que no escribir sobre esa experiencia, a dos días de haber entregado el cargo, podría ser otra exageración y no un gesto necesario de la sobriedad personal que todos buscamos y exigimos de los demás.

Distinguir entre personas, cargos e instituciones puede resultar en algunos casos una tarea no fácil de abordar. Las instituciones universitarias especialmente, forman su carácter, su historia y su imagen en tiempos más prolongados en comparación con los periodos en que un rector puede desempeñar su cargo. Pero más importante es tener claro que las universidades son comunidades de personas que comparten o concurren en un proyecto, unas normas y unos significados sustantivos, que así llegan a ser una institución dotada con un horizonte de sentido que les es propio y una identidad que las distingue singularmente. Esta condición, a la vez, las hace trascender a nuestras biografías individuales, pero también, y paradojalmente, eso mismo nos hace pertenecer a ellas con un vínculo más rotundo.

La comunidad universitaria de la UV, que incluye a todas y todos sus académicos, funcionarios y estudiantes, después de vivir una gravísima crisis administrativa, financiera y de gobierno institucional, llevó a cabo institucionalmente un proceso de rectificación de los errores que habían conducido a la crisis. Pero también pudo dar inicio a una deliberación amplia y participativa que culminó en un referéndum que sancionó un nuevo estatuto para la universidad, experiencia que no había tenido nunca en su historia, pues su fundación obedeció a un acto de autoridad estatal en una dictadura.

Fue esa misma comunidad la que, asumiendo responsablemente el futuro de la institución, recuperó un saludable equilibrio entre sus ingresos y gastos, incrementó su patrimonio y su infraestructura, dejó atrás su inestabilidad financiera y redujo a márgenes muy razonables su razón deuda-patrimonio, lo que le permitirá seguir invirtiendo en su desarrollo.

En cuanto a los objetivos propios de su misión académica, pudo lograr la acreditación institucional de todas las áreas exigidas por el sistema de aseguramiento de la calidad, condición que pocas instituciones han logrado en el país. En la actualidad, todos sus programas de pregrado se hallan acreditados o en proceso de certificación, de conformidad con los cambios habidos en la legislación. El mismo esfuerzo hizo en otras áreas y hoy se ubica dentro de las diez universidades de mayor complejidad del país por su productividad científica, su oferta de doctorados y formación de postgrado en distintas disciplinas y de especialización profesional. Esto consta tanto de rankings nacionales como internacionales. Su contribución a las artes y la cultura tanto en la región como a nivel nacional ha logrado indicadores muy bien reconocidos y celebrados.

Lo que celebro y me gratifica al hacer dejación del cargo de rector es que la UV tuvo la capacidad, la madurez y la responsabilidad, en su condición de universidad pública, de superar su crisis, sobreponerse a las limitaciones que aún tienen las instituciones estatales. Desde luego, tengo la convicción personal de que nuestra universidad se dispone a seguir en ese mismo camino, en esa misma línea ascendente que se hace cada vez más visible.

151 años | 4 de julio de 1869

En Santiago hay 137 abogados en ejercicio

Según la matrícula para la contribución de patente, hay en esta capital 137 abogados en ejercicio. De ellos, 34 pagan patente de primera clase o 100 pesos y 103 bogados que pagan patente de segunda, o sea, de 50 pesos. Del total, 2 son Ministros de Estado, 2 son senadores, 23 diputados y 8 son empleados administrativos.

101 años | 4 de julio de 1919

Prohibido casarse con las mujeres alemanas

Matrimonios entre soldados del ejército de Estados Unidos y mujeres alemanas están prohibidos por reglamento. Los realizados hasta hoy son nulos. Técnicamente, ambos países están en guerra. Sin embargo, esto cambiará cuando se ratifique el Tratado de Paz. Al cuartel general de ejército siguen llegando pedidos de los jóvenes.

51 años | 4 de julio de 1969

Ministro del Interior renunciará al cargo

Su alejamiento definitivo de la Cartera del Interior anunció Edmundo Pérez Zujovic al Presidente de la República, para hacerse cargo de la firma constructora de que es socio principal y que estaba a cargo del señor Madlen Razmilic, fallecido recientemente. El Ministro debió insistir en su decisión, a pesar de que se le pidió cambiarla.