Más allá del resultado de mañana en la votación de la Comisión de Constitución del Senado sobre el retiro anticipado del 10% de las pensiones, nadie puede desconocer que por estos días se ha legislado más con el corazón que con la cabeza, atendiendo eso sí al pequeño detalle de que el oficialismo no pudo convencer con argumentos sólidos no sólo a la oposición, sino también a miembros de sus propios partidos, desde los cuales muchos ya comienzan a emigrar antes de ser sometidos a sus respectivos Tribunales Supremos.

La cuestión en el último tiempo es, sino el quiebre, al menos las gruesas fisuras del modelo que pareciera anticipar, como advierte el economista de Cieplan, Patricio Meller, el advenimiento de un "gran cambio sistémico estructural", en el cual corren riesgo los cuatro paradigmas clásicos: la globalización, el capitalismo, el neoliberalismo y el mercado; y se definen tres bloques políticos claros: el antisistema (que aboga por enterrar los cuatro paradigmas mencionados), el del statu quo (que postula un "maquillaje" que nos retrotraiga a septiembre de 2019; "gatopardismo", lo llama Meller) y el socialdemócrata (que apunta a la supervivencia del capitalismo con un Estado cada vez más presente, de bienestar, alta movilidad social y un sector financiero regulado y supervisado.

La preocupación por las pensiones no empezó hoy, sino hace más de 15 años durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, con las comisiones Marcel y Bravo, pero cuya imperdonable demora en dar con la solución ha derivado, como establece la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman, en los costos que el país paga hoy. En eso no hay discusión.

Ahora, ¿es necesario quemarlo todo para volver a empezar bajo los términos que postula la extrema izquierda? ¿Es lógico que los legisladores terminen votando expuestos al escarnio público y a las presiones de ambos extremos? ¿Será ésta la política que se utilizará para discutir una futura Constitución para nuestro país, la del bidón con parafina?

Así, mientras la ciudadanía, cansada ya de esa eterna sensación de que los créditos Covid, Fogape, IFE 1, IFE 2 y planes de protección a la clase media se enmarquen dentro de una irritante negociación, espera expectante por liquidez para afrontar el peor invierno de los últimos 35 años. Aprovechando tal angustia, los extremos fuerzan sus posiciones y parecieran dejarnos claro que lo que viene después del 10% no es nada bueno: una discusión constitucional que se hará a punta de presiones y revólveres sobre la mesa, tal como cuando permitieron que la delincuencia y la cobardía campearan por nuestras ciudades en octubre del año pasado, saqueando el comercio, incendiando nuestros lugares de trabajo, asustando a nuestros hijos y dándonos a entender que el Chile del mañana puede ser tanto o más excluyente que el actual. El Gobierno, claro está, tampoco ayuda mucho.

El reciente debate del que fuimos testigos en la Cámara de Diputados, con ocasión del proyecto de reforma constitucional para permitir el retiro de fondos previsionales, nos deja cuatro amargas lecciones. Ellas cobran especial relevancia de cara al proceso constituyente que se avecina.

Primera lección: el regreso de la demagogia a la política chilena. Si ello ya era un fenómeno en ciernes, luego de la discusión parlamentaria del proyecto de AFP, se trata de una peligrosa realidad. Poco importaron los valores, convicciones y principios, en el caso de algunos, y, para otros, ni las abundantes y contundentes evidencias y opiniones fueron suficientes para rechazarlo. La demagogia pudo más.

Aristóteles explicaba que cuando se reemplaza el interés general por el interés particular de quienes gobiernan (o legislan en este caso), la democracia deriva inevitablemente en demagogia (como una forma "impura" de gobierno). ¿Cómo nos aseguramos que el debate constitucional esté exento de demagogia?

Segunda lección: la ausencia de rigor partidario. La primera obligación de un partido político consiste en promover y defender sus principios y valores, a través de la búsqueda y designación de candidatos serios y responsables para cargos de elección popular.

Un segundo deber ser se traduce en ejercer una disciplina partidaria para tomar medidas, incluso dolorosas, para aquellos que se aparten de esos principios y valores fundacionales. En ambos casos, los partidos de Chile Vamos fallaron. ¿Cómo nos aseguramos la consistencia y preparación de quienes deben defender las ideas de la centroderecha en la próxima instancia constitucional?

Tercera lección: la instauración definitiva de malas prácticas legislativas. Si ya era recurrente ver abusos en el ejercicio de las atribuciones parlamentarias, tales como acusaciones constitucionales, mociones inadmisibles, entre otras, el uso de un resquicio o subterfugio constitucional para torcer el espíritu de la Constitución durante la tramitación del proyecto de AFP nos debería encender una luz de alerta.

Frente a quienes promueven una hoja en blanco y recurren a interpretaciones antojadizas sobre el quórum de 2/3, surge la interrogante sobre si se ajustarán, durante la discusión constitucional, a las reglas del juego, o preferirán, en cambio, vulnerarlas recurriendo a interpretaciones caprichosas. ¿Cómo nos aseguramos que durante el proceso constituyente algunos sectores no cometan un fraude constitucional?

Cuarta y última lección: el uso de la funa, amenazas y violencia como método de acción política. Cuando la voluntad de un parlamentario es coaccionada por la funa de las redes sociales o, peor aún, por las amenazas de muerte, esa manifestación de voluntad está viciada.

El libre ejercicio de la voluntad popular, a través de sus representantes, es de la esencia de la democracia. Si ella se ve alterada de cualquier modo, la democracia se debilita y deslegitima. Ello sin mencionar un potencial nuevo escenario de violencia orquestada. ¿Cómo nos aseguramos que los constituyentes pueden ejercer en forma libre sus funciones y los ciudadanos su derecho a voto?

Las costas de la Región de Valparaíso son muy valiosas por su patrimonio natural y debemos protegerlas y reconciliarlas con las actividades productivas de la industria, más aún en tiempos de reactivación económica. Pero la zona central de Chile, que contiene la mayor riqueza en biodiversidad, no cuenta con suficiente protección legal.

Los problemas que se presentan en nuestras costas son varios: cambio en el uso de suelo; robo y contaminación de aguas; instalación y expansión de actividades industriales; contaminación atmosférica y de suelos; varamientos de carbón y derrames de petróleo, entre muchos otros.

Frecuentemente olvidamos el plástico en nuestras playas, el que termina en el mar, dañando a más de 800 especies marinas: al año 2050 se estima que habrá más toneladas de plástico que peces en los océanos del planeta.

Desde el Senado hemos relevado la iniciativa de la ONG Oceana de fusionar más de siete mociones parlamentarias para regular los plásticos y crear la nueva ley, continuando el trabajo trazado por la ley que prohíbe las bolsas plásticas.

A lo que se apunta es a: (1) limitar la entrega de productos de plástico desechables de un solo uso en establecimientos de venta de alimentos; (2) fomentar la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso; y (3) regular el uso de las botellas plásticas desechables e impulsar el mercado de las retornables.

La normativa limitará de forma progresiva la entrega de aquellos productos que pasan tan sólo minutos en nuestras manos, pero décadas en nuestro ambiente: vasos, tazas, tazones, cubiertos, mezcladores, bombillas, platos, envases o bandejas de comida preparada, y sus envases, accesorios y tapas.

Cuando el consumo se realice dentro de los establecimientos se deberá entregar productos reutilizables de loza, madera o vidrio. Y para alimentos de consumo fuera de los establecimientos, al paso o de despacho a domicilio, podrán entregarse desechables. Sin embargo, éstos deberán ser de materiales distintos al plástico, como aluminio, papel, cartón, bambú o plásticos desechables certificados.

Este último punto sobre los plásticos desechables certificados es trascendental: deberán ser compostables a nivel domiciliario y en menos del plazo de un año. Esto va en línea con la estrategia nacional de reciclaje de residuos orgánicos que el Ministerio del Medio Ambiente impulsará este año.

En definitiva, se trata de una ley nacida del mundo de las ONG y de la ciudadanía, con un amplio consenso parlamentario que -al igual que la Ley de Bolsas Plásticas ya promulgada- nos ayudará a mejorar nuestra relación con el mar que nos sustenta como sociedad.