Katherine Escalona M.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por el delito de fraude al Fisco en contra de tres altos funcionarios municipales de Viña del Mar por el denominado caso "Horas Extra", en el contexto de las graves anomalías administrativas que detectó Contraloría en la casa consistorial.

La acción está dirigida en contra del abogado Pablo Staig, uno de los hombres de confianza en la gestión de Virginia Reginato, quien durante el periodo investigado ocupaba el cargo de director (s) de Administración y Finanzas y Administrador Municipal, además de Manuel Echeverría León, director del Departamento de Finanzas, y Javier Garrido Vásquez, de la Sección Remuneraciones. Todos están en calidad de imputados en esta arista judicial y serán formalizados el próximo 6 de octubre.

La querella criminal fue acogida por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y apunta a los delitos "comprendidos entre los meses de julio de 2014 y marzo de 2015", detallados en el Informe Final N° 557 de 2018 de la Contraloría Regional de la República "Sobre Auditoría a los Sistemas Informáticos, al nivel de Endeudamiento y a los Ingresos y Gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar". Dicha indagatoria dio paso a la investigación que dirige el Ministerio Público.

La querella del CDE establece que "Pablo Staig Araujo, en ese entonces director subrogante de Administración y Finanzas y Administrador Municipal; Manuel Echeverría León, director del Departamento de Finanzas, y Javier Garrido Vásquez, funcionario de la Sección Remuneraciones, en el ejercicio de sus respectivos cargos, con infracción a los deberes funcionarios propios de cada uno de ellos", habrían autorizado el pago de horas extra a funcionarios que estaban "ausentes por permisos administrativos, licencias médicas o feriados legales".

Esto significó, según describe la querella, que los imputados causaran "al patrimonio municipal, un perjuicio aproximado de $ 56.229.374", monto que consta en el Informe Final N° 557 de 2018 de la Contraloría. El CDE precisó que "el monto cuestionado por Contraloría es de alrededor de $ 56 millones y ello corresponde a lo investigado. Contraloría hace referencia a otros montos, pero en definitiva no los cuestiona".

Asimismo, desde el CDE aclararon que la acción legal busca "establecer las responsabilidades penales de los involucrados y obtener el resarcimiento del perjuicio causado al patrimonio municipal". No descartan que dentro del proceso investigativo por el caso "horas extra", puedan presentarse otras querellas si es que surgen nuevas formalizaciones.

Sobre la posibilidad de más querellas, el CDE explicó que "por lo general se analiza esa posibilidad conforme con el resultado de las diligencias que se vayan realizando en una investigación". Recalcaron que "cada caso se analiza y estudia permanentemente en conformidad con los antecedentes disponibles y los que se logren establecer en la investigación penal que dirige el Ministerio Público".

Investigación penal

Respecto al caso, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) a cargo de la investigación, Patricio Toro, aseveró que "por la arista horas extra no hay nueva información que entregar" y confirmó que "la querella del CDE viene a respaldar la decisión de Fiscalía de formalizar" a los tres funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar por el delito de malversación de fondos públicos, audiencia que se realizará el 6 de octubre.

El persecutor explicó que en la causa, que se inició hace casi dos años, se han realizado diversas diligencias y algunas aún están activas, sin dar mayor información sobre cuáles serían aquellas.

Toro consignó que respecto de montos involucrados en la investigación, más allá de la arista "horas extra", "se está en busca de precisar los montos que consigna Contraloría en su informe (que dio origen a la investigación)", en el cual "se comprobó que la Municipalidad de Viña del Mar incurrió en un déficit de $ 17.585.250.174 en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017".

El abogado Paulo Pérez, quien representa a los diputados Rodrigo González (PPD) y Daniel Verdessi (DC) en la primera querella criminal presentada por esta arista, dijo que "me parece que es importante que se haga parte el CDE, es una señal de que los hechos que nosotros denunciamos con la querella son efectivos, son reales y dan cuenta de un sistema completamente irregular de cobro de horas extra".

Pérez acotó que "lo que hay que tener presente acá es que esta es una formalización de tres personas, pero no descartamos que puedan formalizarse otras". Por eso, dijo, "hemos pedido diversas diligencias".

El querellante detalló que "hay una diligencia importante que todavía no se ha verificado y es que se cite a declarar a la alcaldesa, porque el sistema de cobro de horas extra en todo servicio público depende del jefe del servicio y la máxima responsable es la autoridad alcaldicia. Por eso hemos pedido al Ministerio Público que cite a declarar a la alcaldesa y eso todavía no se ha podido verificar. Entendemos que es por la pandemia, pero cuando estén dadas las medidas de seguridad se realice la diligencia".

Concejales

Los concejales consultados por este Diario tuvieron diversas reacciones sobre la situación. Unos ahondaron en que debe ser la justicia la que se pronuncie respecto al caso y la destitución de los cargos públicos de los funcionarios implicados, y otros coinciden que esto es parte de un crisis generalizada dentro de la casa consistorial.

El edil Carlos Williams (RN) destacó que "es necesario que la justicia pueda establecer, cuanto antes, quiénes son los verdaderos responsables de estos actos ilícitos. Creo en el principio de inocencia de los involucrados hasta que, en un proceso transparente, se establezcan sus presuntas responsabilidades. Por lo tanto, no me inquieta que estén en el ejercicio de sus funciones".

La misma postura tuvo el presidente de la Comisión de Finanzas, Jaime Varas (UDI), quien subrayó que "la querella del CDE se suma a la acción del Ministerio Público de formalización, de que es una etapa inicial consistente en la comunicación de una presunta participación en algún delito y por esto son los tribunales los que deben resolver".

En tanto, los concejales Laura Giannici (DC), Sandro Puebla (Ind.) y Marcela Varas (PPD) fueron contrarios a esta postura.

Giannici recalcó que "llama la atención que no se tomara la decisión de alejarlos de sus funciones, por lo menos mientras dure la investigación, porque se habla de pagos a gente con licencia médica o en sus vacaciones".

Puebla aseveró que esto "es una demostración del grave abandono de deberes en que ha incurrido la alcaldesa Reginato durante los últimos años. Por eso, junto a concejales, hemos solicitado su destitución. Espero que la justicia electoral pueda pronunciarse".

Asimismo, Marcela Varas recalcó que "lo que hemos conocido es una demostración de la seriedad que revisten las querellas que hemos presentado, de modo que queda claro que aquí no estamos en presencia de una 'maniobra política' como han querido muchas veces argumentar". Al igual que Puebla, reconoció que debe existir un avance por la acción de notable abandono de deberes.

Sobre esta acción criminal fue consultada la Municipalidad de Viña del Mar, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta al respecto.

"La querella del Consejo de Defensa del Estado viene a respaldar la decisión de la Fiscalía de formalizar".

Patricio Toro, Fiscal de la Unidad Regional

Anticorrupción (URAC) de la, Fiscalía de Valparaíso

"Hemos pedido al Ministerio Público que cite a declarar a la alcaldesa y eso todavía no se ha podido verificar, entendemos que es por la pandemia".

Paulo Pérez, Abogado querellante