Punta Piqueros y la Roca Oceánica
El rechazo de la Corte de Apelaciones al reclamo de ilegalidad entablado por dos organizaciones civiles suena concluyente. Independientemente de que los recurrentes escalen sus quejas a la Corte Suprema, la ciudad exige una decisión definitiva sobre el futuro de las obras, habida cuenta de que una década ya es tiempo suficiente para obtenerla.
Esta semana, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el último reclamo de ilegalidad interpuesto por el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán en contra de la inmobiliaria Puntas Piqueros S.A., propietaria y ejecutora del adyacente hotel homónimo instalado en el sector del puente Los Piqueros, en el camino costero de Concón, y que ya lleva una década de tramitación, incluyendo la paralización de obras entre 2016 y 2019, cuando estas contaban con el 98% de avance.
Las quejas argumentadas por los recurrentes apuntaban a la intervención por parte de la inmobiliaria del emblemático sector de la Roca Oceánica, declarada Santuario de la Naturaleza y traspasada en 2019 bajo donación modal por el municipio de Viña del Mar al de Concón, en el marco de los trabajos de mitigación exigidos por la RCA respectiva, tras una anterior ilegalidad de los permisos de construcción decretada por la Corte Suprema a fines del año pasado.
De esta forma, los recurrentes denuncian que cualquier alteración del sector -según la Ley Orgánica Constitucional de base de Medio Ambiente- requiere obligatoriamente de un estudio previo, aun cuando ésta sea menor, como las señalizaciones, basureros y barandas dispuestas por la inmobiliaria.
Ésta, a su vez, asegura que tales detalles se enmarcan en la RCA vigente aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales y que las mismas no constituyen bajo ningún caso obras de edificación.
El no a lugar en fallo unánime del tribunal de alzada se basa en la RCA de noviembre de 2018 otorgada por la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, que aprobó el proyecto y el informe del SEA de diciembre del año pasado, que establece acciones de mitigación a desarrollar en el marco de lo establecido en el Permiso Ambiental sectorial. De esta manera, la "intervención" son cuatro letreros de seguridad peatonal, cuatro basureros en el sitio y dos en el área de estacionamiento; instalación de dieciocho luminarias, de bajo consumo, en el piso del santuario y una luminaria ornamental en la zona de estacionamiento; instalación de dos letreros de señalización vial de seguridad; instalación de tres letreros de interpretación ambiental; rampla de acceso para discapacitados; renovación de 350 metros correspondiente al pasamano peatonal; mejora en la demarcación de las posiciones y número de los vehículos en el sector de estacionamientos; y un mirador, que contará con mobiliario como bancas y barandas.
Independientemente de que los recurrentes escalen sus quejas a la Corte Suprema, la ciudad exige una decisión definitiva sobre el futuro de las obras, habida cuenta de que una década ya parece ser tiempo suficiente para obtenerla.