Katherine Escalona M.

Después de una discutida y polémica tramitación en el Congreso Nacional de la iniciativa que posibilita el retiro del 10% de los ahorros previsionales en las AFP, el proyecto finalmente fue promulgado el 24 de julio por el Presidente Sebastián Piñera, ocasión en la que ya se acumulaban solicitudes para retener esos dineros por deudas de pensiones de alimentos.

De hecho, la Región de Valparaíso concentra el 10% de estas solicitudes a nivel nacional, información que fue confirmada por el administrador del Juzgado de Familia de Quilpué, Óscar Ruiz, quien aseveró que a nivel regional "en los últimos días ingresó un total de 39.408 requerimientos asociados a la retención del 10% del eventual retiro de fondos previsionales por parte de afiliados a las AFP y potenciales deudores o pagadores de pensión (alimentantes)".

Ante esto, dijo que "si consideramos que el año pasado ingresaron 93.426 escritos, esto significa que en una semana ingresó el equivalente al 42% de todo los escritos del año pasado. En un mes normal ingresan un promedio de 7.785 escritos y desde el 23 de julio del 2020 ingresaron 31.622 más, es decir, un aumento del 406%".

Asimismo, el Poder Judicial confirmó que al viernes pasado ingresaron 39.408 escritos por solicitud de retención de 10% para pago de pensión alimenticia a los juzgados de la jurisdicción Valparaíso, lo que representa el 10% del ingreso nacional por este tipo de requerimientos.

Colapso y más trabajo

El masivo ingreso de causas por este motivo ha provocado un colapso y una sobrecarga laboral en los distintos tribunales de familia en la región. El número de funcionarios ha aumentado, se han extendido las horas laborales, pero por ley los magistrados se conservan en igual número.

Por esto, la Corte Suprema, en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), los gremios y otros representantes de distintos estamentos, acordaron un plan de trabajo para resolver en el menor tiempo estas solicitudes.

Óscar Ruiz puntualizó que a nivel interno "se incorporó un 'tramite fácil' para solicitar la retención por la Oficina Judicial Virtual (OJV); se parametrizará la emisión de la mayorías de las resoluciones de manera que aproximadamente el 70% de ellas quede disponible rápidamente para ser firmada y emitida por los jueces; se recompondrán los equipos internos de cada tribunal para apoyar la preparación de otras resoluciones y las respectivas liquidaciones de pensión, se reforzarán los equipos de liquidadores con la destinación de funcionarios de otros tribunales y se habilitara un nuevo módulo en el sistema que permita agilizar los cálculos numéricos de la liquidaciones de pensión".

A nivel externo, "se han sostenido reuniones y logrado acuerdos interinstitucionales con los representantes de las AFP y Previred, de manera de agilizar los traspasos de información y propender a un expedito tratamiento de estas solicitudes, en el entendido que la principal preocupación del Poder Judicial radica en cautelar el derecho de los alimentarios de pensión a recibir lo que les corresponde", aclaró.

En representación de los magistrados a nivel regional, el juez (s) del Juzgado de Familia de Quillota, Francisco Cabezas, comunicó que la solicitud "ha afectado enormemente el trabajo judicial" porque "la carga de trabajo ha subido exponencialmente en una forma que ninguno de los tribunales está con la carga estimada con que se trabaja según los informes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial".

Eso, recalcó, "ha exigido un esfuerzo adicional por parte de los funcionarios (...) en el sentido que han tenido que extender sus horas de trabajo, extender su disposición, lo que nunca es deseable. Asimismo, también se han debido pedir fondos adicionales para poder proveer de funcionarios que puedan apoyar el trabajo. Y en cuanto a los jueces, lamentablemente seguimos siendo la misma cantidad, porque está fijada por ley. En ese derrotero, los jueces también hemos tenido que multiplicar nuestro trabajo y nuestra disponibilidad".

Llamado a tener paciencia

Dado lo complejo del sistema, el jefe de la Unidad de Causas, Stock y Control del Juzgado de Familia de Quillota, Andrea Detaille, hizo un llamado a la calma. Precisó que pese a todos los esfuerzos, el refuerzo de la Unidad de Cumplimiento y la operatividad del sistema automatizado que informó la Corte Suprema, este "es un proceso largo y entendemos las necesidades de las personas que ingresan las solicitudes, pero los funcionarios de los juzgados también somos personas con familias que tienen un horario de trabajo regulado y que hacemos todo lo posible para dar prontitud a las causas dentro de lo posible y de los plazos que otorga la ley".

De la misma forma, la jueza del Juzgado de Familia de Valparaíso, Marcela Valenzuela, recalcó que "le pedimos a quienes solicitaron o están solicitando este trámite que por favor tengan paciencia y comprendan que el sistema no es automático, sino que se requiere de varios trámites para completar el proceso".

Sin embargo, dijo que "queremos que tengan la seguridad de que se están haciendo todos los esfuerzos por parte del Poder Judicial en orden a que estas unidades de cumplimiento que operan en los tribunales de justicia, donde están los funcionarios que hacen las liquidaciones, puedan ser reforzadas con mayor personal. El sistema se va ir agilizando, como lo anunció la Corte Suprema, pero claramente las solicitudes han aumentado exponencialmente y eso se traducirá en que los plazos pueden ser mayores a lo normal debido a la contingencia".

Seremi de la mujer

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, precisó que esta situación es compleja y por eso se trabaja en mejorar la ley para que se pueda obligar al pago de las pensiones de alimentos.

Destacó que "es una realidad para muchas mujeres la mantención unilateral de hijas e hijos frente al incumplimiento de padres en el pago de la pensión de alimentos". Por esto, "urge contar con todas las acciones necesarias para que la corresponsabilidad en la crianza sea tangible y la retención de este 10% es una oportunidad".

Aseveró que el no pago de pensión, "además de atentar contra los derechos de la niñez, en ocasiones también se constituye en una violencia económica contra las mujeres. Por esto, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Justicia trabajamos en impulsar una legislación que permita obligar de manera efectiva a quienes no cumplan".

"Urge contar con todas las acciones necesarias para que la corresponsabilidad en la crianza sea tangible y la retención de este 10% es una oportunidad".

Valentina Stagno

Seremi de la Mujer y Equidad de GéneroFamilia de Quilpué