Cristián Rojas M.

Con el objetivo de que el Gobierno reaccione frente a la aguda crisis que vive el comercio viñamarino, sus dirigentes decidieron presentar mañana un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acción que busca que se les permita reabrir sus locales, pues acusan discriminación frente a los supermercados.

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas, alertó que, si la situación se mantiene como hasta ahora "son miles los empleos que se van a perder", ya que las cortinas permanecen cerradas desde mediados de marzo y, en el caso de los restoranes, incluso antes.

"Aquí hay una sensación de que se está privilegiando sólo a los grandes, como los supermercados, y hoy día se enriquecen los que, claramente, siempre han estado bien económicamente, mientras los más pequeños están a punto de cerrar, a punto de perder su fuente laboral, y muchos ya cerraron definitivamente", advirtió el dirigente.

Por otra parte, señala que la medida que les prohíbe abrir les parece incomprensible, pues hace notar que no tiene sentido que la gente se concentre en los supermercados en vez de distribuirse en varios locales distintos.

"El mismo protocolo que tiene un supermercado lo puede tener un pequeño comercio, y la gente que anda en las calles tendría más opciones, pero hoy día están cerrando incluso las botillerías, sin embargo, el supermercado vende de todo", lamentó Rozas, haciendo hincapié en que "la distribución horizontal de los clientes va a permitir menos contagios, ya que hay largas filas en los supermercados y eso es un factor de riesgo importante".

Asimismo, advirtió que, de no tener éxito en su acción judicial, "va a terminar cerrando más del 70% del comercio. Yo hablo con todos los comerciantes y están desesperados, no les ha llegado el crédito covid a prácticamente ninguno, y tampoco califican para los bonos. El intendente nos ha dejado de lado y sólo sale a replicar ofertones de créditos y ayuda que nunca llega, o bien los requisitos solicitados son imposibles de cumplir para un comerciante que lleva cuatro meses cerrado y que ya no da más. Hemos puesto banderas negras manifestando nuestra indignación por la indolencia de las autoridades".

En cuanto a los locales gastronómicos, Rozas planteó que "hoy día están sólo con delivery, pero el delivery no representa siquiera el 10% de las ventas que tenían antes, entonces muchos han tenido que cerrar porque el negocio así no funciona. Hoy todas las medidas son en base a la prohibición, pero así no hemos logrado grandes resultados, lo único que han provocado los cuatro meses de cierre ha sido endeudamiento, despidos y quiebras. Si esto se extiende uno o dos meses más va a estar todo perdido y la batalla va a ser contra el hambre y contra la delincuencia, el pequeño comercio ya casi no va a existir".

Principio de igualdad

El abogado que representa a los comerciantes viñamarinos, Salvador Makluf, explicó que el fundamento legal del recurso se basa en que "la Constitución Política de la República en su artículo 19 reconoce un conjunto de derechos fundamentales, entre ellos está la igualdad ante la ley y la libertad de desarrollar cualquier tipo de actividad económica".

En ese contexto, planteó que "nosotros creemos que el Estado de Chile ha privilegiado a las grandes cadenas, a los monopolios, tal cual como sucedió con la entrega de las cajas de ayuda, que se le compraron solamente a un proveedor, siendo que era mejor que ese dinero fuera transferido a las cuentas Rut de las personas afectadas, para que ellos hubieran potenciado el comercio local".

Al respecto, añadió que "un principio jurídico señala que 'donde hay la misma razón, debe existir la misma disposición', es decir, si se permite que en los supermercados las personas puedan comprar sus insumos básicos, existe la misma razón para que se permita la reapertura de los pequeños locales".

El recurso, explicó, "va dirigido contra el Estado, en orden a que pueda modificar el Estado de Excepción Constitucional y que autorice la apertura del pequeño y mediano comercio. En este marco quien fija las reglas es el Poder Ejecutivo, por lo tanto, si permite que los supermercados abran, también tiene que habilitar al comercio menor para que abra, y que la gente pueda sobrevivir".

"El intendente nos ha dejado de lado y sólo sale a replicar ofertones de créditos y ayuda que nunca llega".

Rodrigo Rozas, Pdte. Cámara de Comercio Viña

"El Estado ha privilegiado a las grandes cadenas, tal como sucedió con la entrega de las cajas de ayuda".

Salvador Makluf, Abogado patrocinante

Uno de los comerciantes afectados es Xabier de Ugarte, dueño de las tradicionales tiendas de uniformes y confecciones Blanca Nieves, quien lamentó que "esto es tremendo, porque los gastos siguen y no tenemos ni un peso de entrada. Hasta julio estuvimos pagándoles los sueldos a la gente, pero ahora tuvimos que acogernos a la ley que permite la suspensión de los contratos. Yo creo que con eso podemos aguantar un poco más, considerando además que en julio no pagué arriendo, pero hay mucha gente que sigue pagando y que los dueños de las propiedades no les han bajado los arriendos, por lo que varios van a cerrar".

A través de un comunicado, el Obispado de Valparaíso informó que recibió una denuncia por abuso sexual en contra del presbítero Jorge Calderón Bustamante por un hecho que habría afectado hace 38 años a una menor de edad.

Según los antecedentes aportados, el ilícito tuvo lugar cuando la denunciante tenía sólo diez años y era alumna del Seminario San Rafael de Viña del Mar, donde el sacerdote desempeñaba labores pastorales.

El hecho ha calado hondo tanto entre la comunidad educativa de dicho establecimiento, como entre los feligreses de la Parroquia de Viña del Mar (Nuestra Señora de Los Dolores), dirigida hasta ahora por el cuestionado religioso desde el año 2002.

El lunes de este semana, informó el Obispado, "tomamos conocimiento de una denuncia realizada a través de redes sociales en contra de dicho presbítero, razón por la cual el 'Consejo de Prevención de Abusos' de la Diócesis contactó a la persona denunciante".

Añade que "hoy (ayer) monseñor Pedro Ossandón, obispo administrador apostólico, instruyó la apertura de una investigación preliminar con el fin de indagar la verosimilitud de los hechos". En atención a los protocolos oficiales de la Iglesia, el sacerdote quedará sujeto a las siguientes medidas cautelares: prohibición del ejercicio público de su ministerio y de todo oficio en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis.

Además, "llamamos a quien tenga cualquier antecedente que pueda ser útil para esta investigación, a contactarse con el 'Consejo de Prevención de Abusos' del Obispado de Valparaíso (correo electrónico: acogidayescucha@gmail.com).

Cabe consignar que el presbítero Jorge Calderón incluso era parte de los tres jueces sentenciadores del Tribunal Eclesiástico, un servicio pastoral para los fieles que acuden a solicitar la justicia de la Iglesia. En un sentido amplio, su competencia está delineada por el canon 1400 del Código de Derecho Canónico.

Por tal motivo, toma aún más relevancia que se haya abierto un expediente en contra del religioso, tomando en cuenta los altos cargos que ocupa al interior del clero local.

Carta abierta

El denominado movimiento "Mujeres Iglesia" de Valparaíso, publicó este lunes una carta abierta en apoyo a las posibles víctimas del padre Jorge. La misiva da cuenta que la denuncia "ya fue efectuada en los tribunales civiles de nuestro país el verano pasado y luego en instancia eclesiástica".

La misiva cuestionaba que "pese a la denuncia interpuesta por la víctima hace más de seis meses, Jorge Calderón permanezca en el ejercicio del ministerio sacerdotal realizando misas online en la Parroquia de Viña, y a su vez, que el sitio web del Obispado de Valparaíso lo siga indicando como juez del Tribunal Eclesiástico de la diócesis".

También agregó que "hoy una mujer se atrevió a hacer público su relato, pero sabemos que existen otras mujeres que también fueron víctimas de los abusos de Jorge Calderón durante su periodo de Colegio en el Seminario San Rafael. A todas ellas y sus familias, nuestro apoyo, compromiso y oración. Quisiéramos que no fuera necesaria la exposición pública de más víctimas para que ellas pudieran hallar justicia".

Según se pudo precisar, desde hace cerca de 12 años que el sacerdote no tiene relación con el colegio Seminario San Rafael de Viña del mar, donde se habrían registrado los presuntos abusos.

En este sentido, el rector del establecimiento educacional, José Latorre, a través de un comunicado a la comunidad educativa del Seminario San Rafael, reveló que "el año pasado tuvimos conocimiento de esta situación de parte de terceros, no directamente de la afectada, no obstante lo cual aplicamos de inmediato nuestros protocolos y efectuamos, en dicha oportunidad, las denuncias correspondientes tanto a nivel eclesial y en el Ministerio Público".

"Sabemos que existen otras mujeres que también fueron víctimas de los abusos de Jorge Calderón".

Movimiento Mujeres Iglesia