Justamente cuando la consigna es evitar aglomeraciones, una determinación oficial ha generado numerosas y peligrosas congestiones. Se trata de la nueva disposición de contar con clave única para obtener en la Comisaría Virtual algún permiso de desplazamiento.

Esta exigencia ha desatado una fuerte presión de público y largas filas en las oficinas de Registro Civil donde se entrega esa clave que, en teoría, facilita numerosos trámites en servicios públicos. Miles de personas no cuentan con esa clave, como también son miles los que no disponen de sistemas digitales para emplearla.

Carabineros, asumiendo el problema, ha establecido un sistema que otorga otra clave para lograr autorizaciones de movimiento. Se trata, nuevamente, de un formulario digital que, se afirma, podría llenarse en dos minutos, pero de nuevo está la necesidad de contar con medios digitales y saber emplearlos. A la vez, se denuncia que el acceso a esa modalidad es compleja.

Esta demanda de claves, palabras, letras, números o signos que nos ahogan y olvidamos, constituye un problema. Con buenas intenciones se busca proteger la seguridad de los datos personales y el acceso al manejo de diversas operaciones administrativas o financieras. Positiva medida en tiempos en que los malandrines no sólo acechan en calles y caminos, sino que también se desplazan con destreza por el ciberespacio.

Pero en estos días, cuando las aglomeraciones son recurrentes en trámites como la obtención del 10% de los fondos previsionales, el bono para la clase media o el subsidio de arriendo, entre otros beneficios que llevan a trámites presenciales o a formularios muchas veces crípticos y hasta peligrosos, la exigencia de la clave única resulta un contrasentido.

En tiempos normales es una buena idea, pues facilita muchas gestiones, pero como en estos días la normalidad aparece como muy lejana pedir una clave que lleva a largas filas desde la madrugada es una falta de tino.

El confinamiento, la falta de recursos, los problemas de desempleo, la inseguridad y la amenaza latente de la pandemia que tiene entre la espada y la pared a la humanidad, llaman a simplificar las cosas, no a complicarlas.

Dado el colapso, Omar Morales, director regional del Registro Civil, anunció que se está preparando un sistema de atención remoto, que podría ser a través de una video llamada. ¿Será esa modalidad lo suficientemente eficiente como para evitar las peligrosas congestiones?

Con todo, esta exigencia de la clave única para un trámite que para muchos con el solo número de carné ya resultaba complicado, es una innecesaria carga que, en los hechos, aumenta riesgos de contagio y altera el ánimo de las personas lo que puede llevar a reacciones indeseadas cuando la crisis también ataca la salud mental.

El 2020 será un año que todos recordaremos debido a la alerta sanitaria que ha afectado a nuestro país y al mundo entero. Este escenario ha movilizado a diversos colectivos y es así como se han activado con más fuerza demandas referidas a los derechos de las personas con discapacidad (PcD) y en riesgo de exclusión, quienes por décadas han sido postergados, marginados, olvidados.

Así, hoy más que nunca, cobran sentido las palabras de Ignacio Calderón Almendro, catedrático de la U. de Málaga: "El destino de los niños y las niñas no debería depender de la suerte y el respeto a sus derechos humanos no puede ser opcional ni arbitrario, pero ocurre". En este camino de defensa de los derechos de PcD se han logrado importantes hitos gracias a la lucha incansable de las mismas PcD, sus familias, profesionales y organizaciones que, interpelando al Estado y a la sociedad en su conjunto, han demandado la construcción de un Chile más justo e inclusivo. Es así que, durante el mes de enero de este año se anunció que las PcD podrán acceder a prestaciones de Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional sin tope en el sistema de salud, ya que contarán con codificación en Fonasa, haciéndolo con ello extensivo también al sistema privado (Isapres).

En tanto, en el mes de abril la Comisión de Educación del Senado votó, aprobando por unanimidad, el proyecto de ley que prohíbe a colegios particulares discriminar a niños en razón de discapacidad. Con ello, los colegios deberán proveer los apoyos y ajustes necesarios de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Esto, a 12 años desde que Chile ratificara la Convención en julio de 2008. Recientemente, en el mes de junio, se aprobó la ley que indica que ninguna condición adquirida antes del nacimiento podrá ser considerada como preexistencia por parte de aseguradoras o isapres.

Por tanto, los modelos de atención y apoyos deben constituirse en derechos inalienables de todo ciudadano chileno, respetando, de paso, la dignidad conferida en el 1° artículo de nuestra Constitución. Pareciera, entonces, que comenzamos a avanzar en el sentido correcto, toda vez que la medida antepone por sobre la discapacidad, la calidad de persona -independiente de la condición que ésta presente- reconociendo así el derecho a prestaciones de salud en igualdad de condiciones.

Si bien no se puede desconocer que estas medidas son avances importantes, no es menos cierto que son progresos insuficientes si se considera la deuda sistémica que nuestro país aún sostiene con este colectivo que, en algunos casos, incluso antes de nacer, ve amenazados sus derechos. Por ello, es imperativo que tanto los grupos de autorrepresentantes de PcD, familias, profesionales de apoyo y la sociedad en general, continúen la lucha por eliminar toda barrera que amenace el goce de sus derechos y una vida plena.

Así, el llamado es a construir un país más justo y solidario, donde no sólo se asegure la salud, sino que toda persona vea asegurados sus derechos a una educación inclusiva y de calidad, un trabajo con salario justo y en igualdad de condiciones, un trato digno y una participación social real. En Chile, nadie sobra. No podemos dejar a nadie fuera.

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