Cristian Rojas M.

La abogada Paz Anastasiadis era seremi de Justicia el año 2016 y le tocó vivir el proceso en que hubo una fuerte polémica entre el Gobierno y el Poder Judicial a raíz de la liberación de 788 reos, medida decretada por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (ver recuadro).

"En esa ocasión se dio un hecho inédito: Que el beneficio se otorgó a más del 90% de los postulantes, en circunstancias que los años anteriores habían accedido, en promedio, el 16%, por lo tanto, nunca se había producido en la región un éxodo tan grande de personas que estaban privadas de libertad, y por supuesto, a Gendarmería lo único que le quedaba era dar cumplimiento a lo resuelto por la comisión del Poder Judicial", recordó Anastasiadis.

La jurista, que actualmente asesora legislativamente a la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, recordó además que "hubo que instruir de inmediato las medidas, había que dar aviso a los gobernadores porque era una situación que antes no se había producido. Sólo desde Valparaíso salían 460 internos, donde había que custodiar también que hubiera tranquilidad en el proceso de salida, donde la gente no fuera afectada ni entre ellos mismos se produjeran conflictos, ya que salían de vuelta a los domicilios o a la calle".

- Hubo bastante revuelo en esa ocasión. ¿Fue un momento difícil dentro de su gestión como seremi de Justicia?

- Para mí fue una situación que para siempre marcó, en el fondo, la necesidad de tener una mejor ley de libertad condicional, que no se prestara a ninguna interpretación acerca de si se trataba de un derecho o de un beneficio. Esto es un beneficio, aquí se concede a una persona que, encontrándose privada de libertad, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder salir, y ante eso, claro, después ya terminando el periodo de Seremi, quedé trabajando como asesora legislativa de la bancada de diputados DC, y con ocasión de una situación que se produjo el año 2018 se les concedió la libertad condicional mediante recurso de amparo a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, y eso generó un revuelo y se retomó una comisión mixta de libertad condicional que estaba pendiente, y ahí la bancada de diputados DC, representada por el diputado Matías Walker, participó, y en mi rol de asesora trabajamos en modificar el decreto de libertad condicional, pero no pensando solamente en delitos de lesa humanidad, sino que en todas estas dificultades que se enfrentaron el año 2016, y cómo proponer unas modificaciones que terminaran por eliminar esta discusión.

- ¿Qué modificaciones se hicieron?

- Se incorporaron ciertos delitos en los que tenían que cumplir dos tercios de la pena para poder ser beneficiados, como femicidio y violación, que todavía no estaban considerados en la ley. Y se contempló también un informe de Gendarmería con características psicosociales expresas, donde había que establecer la conciencia del condenado acerca de la gravedad del delito cometido y del mal causado, y un rechazo explícito del delito. Y además, a la comisión del Poder Judicial se le estableció que debía resolver fundadamente, constatando el cumplimiento de los requisitos en base a los antecedentes que aporta Gendarmería, de modo que hoy, con la legislación vigente, un condenado como (Hugo) Bustamante no saldría en libertad condicional. Toda la modificación que se hizo el año 2018, en los requisitos que son para delitos comunes, no los de lesa humanidad, está pensada en estos casos gravísimos como el de Bustamante.

- ¿Cuál fue la norma que le permitió salir antes de cumplir la mitad de esos 27 años y que se derogó?

- Se aplicaba una norma especial, que decía que si la condena es sobre 20 años, entonces con 10 años podía postular. Hoy día eso está eliminado absolutamente.

- ¿A los cuántos años, o qué fracción de la pena debe cumplir hoy un reo de esas características para que pueda optar a la libertad condicional?

- En el caso de delitos comunes o incluso homicidio simple es la mitad de la condena. En el caso de delitos como homicidio calificado, parricidio, infanticidio, femicidio, delitos de abuso sexual, secuestro, entre otros que son de características gravísimas y que son peligro para la sociedad, requieren cumplir dos tercios de la pena para postular.

- El año 2016, cuando se liberó a 788 reos en la Región, y más de 2 mil a nivel nacional, el Gobierno y el Poder Judicial tuvieron opiniones encontradas al respecto. ¿Cómo vivió ese proceso?

- Nosotros en ese momento fuimos críticos. La Comisión de Libertad Condicional entendió que esto era un derecho, y por eso también el año 2018, cuando se trabaja en la comisión mixta del Congreso, y el 2019, cuando se aprueba en el Parlamento -con los votos de oposición, ya que la derecha no votó a favor de este proyecto- se estableció, justamente, que esto era un beneficio y que no cabía duda respecto de esto, porque no podía quedar sujeto a interpretación un punto tan relevante respecto a la libertad condicional, porque no es el hecho de cumplir con los requisitos de tiempo al interior de una unidad penal para poder acceder al beneficio.

- A raíz del caso Ámbar y la libertad de Bustamante están circulando noticias falsas señalando que la expresidenta Bachelet indultó a esos 788 reos el año 2016, pese a que la decisión fue del Poder Judicial. Ese año también circuló esa noticia falsa del indulto presidencial masivo. ¿Los afectó en su momento?

- Yo creo que es importante que, principalmente las autoridades políticas, en sus mensajes tengan un rol de responsabilidad en cuanto a diferenciar y ser certeros respecto del rol que tiene cada autoridad. La Presidenta, el Gobierno, son parte del Poder Ejecutivo, mientras que la decisión sobre estas materias es un rol del Poder Judicial, y por lo tanto, es dañino confundir a la población, a la sociedad, respecto de las competencias que tiene cada uno, por sacar provechos políticos.

"En mi rol de asesora trabajamos en modificar el decreto de libertad condicional, pero no pensando solamente en delitos de lesa humanidad, sino que en todas estas dificultades que se enfrentaron el año 2016".

"En esa ocasión se dio un hecho inédito: que el beneficio se otorgó a más del 90% de los postulantes, en circunstancias que los años anteriores habían accedido, en promedio, el 16%".

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"Gobierno y Suprema enfrentados por masiva liberación de presos", titulaba una nota publicada en este Diario el martes 3 de mayo de 2016, luego de que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgara ese beneficio a 788 reos en la región y más de 2 mil a nivel nacional.

En aquella ocasión, la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, emplazó al Poder Judicial a "explicar su criterio" por la abrupta alza en comparación con años anteriores. La exsecretaria de Estado calificó la situación como "grave", comparándola con abrir una cárcel completa.

Asimismo, Blanco hacía notar que "de 800 que la piden todos los años (la libertad condicional), se la otorgaban a 80. Que ahora pasemos al 93% llama la atención". También señalaba que "si bien es una decisión de los jueces, tenemos derecho a conocer los criterios".

La ministra encontró respuesta en el vocero de la Corte Suprema de ese entonces, Milton Juica, quien aseguró de manera enfática que "aquí no ha habido ninguna cosa extraña ni oculta en materia de esta decisión (...). Lo que tenían que hacer los jueces es hacer operable este beneficio de la libertad condicional".