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"Responder a lo que la gente quiere

A propósito del retiro del 10% se pregunta qué pasaría si la gente quiere que se vayan los inmigrantes o que se reponga la pena de muerte. Aboga por el imperio de la ley en La Araucanía y porque "el Gobierno tenga pantalones para no permitir la violencia".
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Leí una entrevista al senador Montes que decía que la ciudadanía iba a valorar la cercanía del Congreso con sus necesidades, por la aprobación del 10%. Yo soy bastante más escéptica. Puede que suban algo, pero cuando estás en dos puntos de aprobación, tener cuatro…El mundo político está muy deteriorado".

Yo viví el uso de los resquicios legales durante el gobierno de Salvador Allende. A través de ellos se nacionalizaron muchas empresas y se polarizó el país. Se prescindió de la discusión democrática para hacer lo que quería un grupo de la sociedad que era minoritario. Y ahora está pasando lo mismo".

E un mundo político "muy deteriorado, que ha optado por el facilismo, sin hacerse cargo de la complejidad del problema que estamos viviendo" y que ha perdido capacidad de conducción y explicación, sumado a un lenguaje que no contribuye a la búsqueda de acuerdos, centra buena parte de la crisis que experimenta el país la exdiputada y exministra de Educación en el periodo del Presidente Ricardo Lagos, Mariana Aylwin Oyarzún, una de las figuras emblemáticas de la Democracia Cristina hasta su renuncia a la colectividad en 2018.

"Tenemos una división bien profunda respecto del Chile actual y del que queremos. No hay una fuerza capaz de articular un proyecto colectivo, de futuro, y que tenga un apoyo amplio", observa, y a los duros impactos derivados de los hechos de octubre y de la pandemia añade que pasamos por "una profunda crisis política e institucional entre los roles del Presidente de la República y el Congreso, porque se usan resquicios legales para aprobar políticas que no son de atribución del Congreso sino del Ejecutivo, por muy populares que sean".

La exministra insiste en que "aquí el problema mayor es de grupos de chilenos, que no son tan minoritarios porque cuentan con apoyo de fuerzas políticas que están en el Congreso, que no están jugando con las reglas de la democracia". Y en lo que respecta a la situación de La Araucanía es taxativa: "El imperio de la ley es lo que tiene que regir la convivencia entre chilenos, sean del origen que sean (…) No existe una violencia más buena o grave que otra, y esta es una escalada que uno sabe cómo empieza pero no cómo termina".

CONFLICTO EN EL SUR Y ESTADO DE DERECHO

- Respecto de los sucesos de La Araucanía, usted señaló que es condenable la violencia de la toma y la de quienes deciden hacer justicia por sí mismos. ¿Por dónde cree que deben ir las soluciones?

- Pienso que aquí hay una responsabilidad del Estado en representación de la sociedad chilena, que es multicultural. Por una parte, la responsabilidad de buscar solución al problema de La Araucanía, pero por otra, la de mantener el orden público, y una toma es un acto violento e ilegal. No puede ser que un grupo de chilenos, sea de la condición que sea, decida tomarse cinco municipios, pueda destruir lo que hay dentro e incendiar, y no se apliquen los instrumentos que tiene el Estado de Derecho para resguardar la seguridad de las personas y el orden público. Y tampoco puede ser que un grupo de chilenos, sea de la condición que sea, decida tomar la justicia en sus manos y resolver el acto anterior con otro acto de violencia. Esa es la ley de la selva, eso no es un Estado republicano ni democrático. El imperio de la ley es lo que tiene que regir la convivencia entre chilenos, sean del origen que sean. La violencia es igualmente grave, quienquiera sea quien la cometa. No existe una violencia más buena o grave que otra, y esta es una escalada que uno sabe cómo empieza pero no cómo termina. Y aquí, no cabe duda de que hay grupos, de lado y lado, que están con los ánimos temperados y en el fondo, saltándose las reglas del Estado de Derecho. Eso no puede quedar impune.

- El exministro Alfredo Moreno lideró el Plan Impulso Araucanía, se reunió cuatro veces con el Consejo de Lonkos y hasta el primer semestre de 2019 fue 19 veces a esa región, sin resultados positivos a juzgar por lo que pasa.

- Creo que ha habido un diálogo que quedó inconcluso y luego vino la crisis de octubre de 2019 y más. El tema, entonces, desapareció de la esfera, pero no deja de ser significativo que en La Araucanía hubiese menos manifestaciones y menos hechos de desorden y violencia que en Santiago, Valparaíso y otras capitales regionales donde hubo muchos actos de desobediencia civil, de destrucción. Yo no tengo ningún antecedente, pero hay una coincidencia entre que en Santiago hoy día no existen condiciones para actos de carácter violento mientras resurgen en La Araucanía, ya sea porque no hay cuarentena o porque la pandemia está más reducida. Por otra parte, en los últimos meses el tema ha sido difícil, porque ¿cómo se avanza cuando se plantea que hay que cambiarlo todo?

GARANTIZAR EL ITINERARIO CONSTITUCIONAL

- ¿Qué le pareció la cuenta pública del Presidente? Desde la oposición en el Parlamento criticaron su insistencia en fustigar el populismo y no haber profundizado en las causas y consecuencias del estallido social.

- Veo que no hay ánimo de encontrar nada bueno en el adversario. Y el adversario ya no es adversario, sino que es enemigo. Entonces, hay que buscar lo que no dijo, lo que dijo mal, lo que se saltó, en vez de destacar algunos aspectos de la cuenta. Yo veo una oposición que quiere que las cosas se hagan como si ella fuera Gobierno, y no lo es. Ahora, que tenemos un Gobierno muy debilitado, eso es otra cosa, pero el Presidente hizo un planteamiento serio. A algunos puede gustarles más y a otros menos, pero la verdad es que tuvo un tono al menos humilde, cuando él por lo general no lo es; tuvo una propuesta de reactivación económica que uno podrá discutir, pero no a priori fijarse en todo aquello que no dijo o que estuvo de más. Siento que hay muy mala voluntad para mirar si en el lado del Gobierno hay buena intención. Se supone la mala intención, la defensa de los ricos, que no quiere que haya plebiscito, que es el "gabinete del rechazo". Y no se piensa en si allí hay algo que rescatar. Creo que la oposición está en esa actitud y veo al Gobierno más humilde.

- ¿Y las declaraciones del ministro Víctor Pérez tras los hechos de La Araucanía?

- No tengo ninguna simpatía por el nuevo ministro del Interior, pero me parece que sus palabras han sido sensatas. No veo que haya dicho cosas tan radicales que incendiaron La Araucanía. Su tono me ha parecido un tono de Estado. Cuando señala que "no vamos a permitir la violencia", me parece razonable que lo diga porque es su rol, y ojalá que no la permita, venga de donde venga. Ojalá que el Gobierno tenga los pantalones para no permitir la violencia.

- ¿Y qué efectos políticos puede tener el cambio de gabinete, al que también la oposición tildó de "gabinete del Rechazo"?

- Sinceramente, creo que este gabinete tendrá un sector o muchos de los ministros que vayan a votar por el Rechazo. Pero el Gobierno está comprometido a respetar la Constitución y tendrá que hacer todo lo posible para que el itinerario constitucional se cumpla. Ese itinerario empieza con un plebiscito en que hay dos opciones y las dos son legítimas. Ahora, al Gobierno le podrá gustar una, pero no va a poder matricularse con una sola opción. Con lo que sí está obligado a matricularse, es con garantizar un itinerario constitucional, para que se vote con la libertad que se requiere, como se ha hecho en la historia republicana de Chile. Creo que va a tener que ser muy cuidadoso en eso; espero y quiero confiar en que así sea. Pienso que hay que poner confianza en los demás y en que la oposición también respete los acuerdos que se hacen. Lo que veo hoy es que, en general, estamos en una pendiente en la cual el respeto entre unos y otros se hace cada vez más difícil.

NACIONALIZACIÓN DE AHORROS PREVISIONALES

- ¿Cómo habría votado usted el retiro del 10% de los fondos previsionales de haber sido parlamentaria?

- Mire, voy a ser muy impopular, pero habría votado en contra. No porque crea que la gente no tiene necesidad, vemos que sí tiene porque las personas están yendo a sacar plata de sus cuentas. Ahora, también lo hace gente que tiene recursos y que puede retirarla sin impuestos, a la cual le dieron un regalito, ya que después puede ponerla en un APV para que le rinda más. Pero a mí, más que el retiro del 10%, lo que me preocupa es el tema constitucional. Desde el gobierno del presidente Frei Montalva, lo referido al sistema de previsión social, entre otros, es de iniciativa del Ejecutivo y además es materia de ley. Aquí, finalmente, se usó un resquicio para hacerlo a través de una reforma constitucional y ahora se pretende ocupar el mismo resquicio para estatizar los fondos del sistema de pensiones.

- Usted se ha mostrado totalmente contraria a la posibilidad de que se nacionalicen los ahorros previsionales como establece el proyecto presentado por la senadora Provoste y los senadores Navarro y Latorre, entre otros. ¿La propuesta tiene alcances expropiatorios?

- Por supuesto que tiene alcances expropiatorios. Y eso es lo que pretenden. La verdad, es una vuelta de carnero porque primero dijeron que los chilenos tenemos derecho a retirar el 10% porque es de nosotros, y ahora dicen que lo que queda se va a nacionalizar. ¿Qué es eso? La palabra nacionalizar significa que va a ser de todos los chilenos. No de los ahorrantes, sino de todos. Esa es una decisión mayor y, por lo mismo, no puede tomarse por una moción parlamentaria para hacer una reforma constitucional y lograr cambiar el sistema de previsión, que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Yo viví el uso de los resquicios legales durante el gobierno de Salvador Allende. A través de ellos se nacionalizaron muchas empresas y se polarizó el país. Se prescindió de la discusión democrática conforme al Estado de Derecho para hacer lo que quería un grupo de la sociedad que era minoritario. Y ahora está pasando lo mismo. El retiro del 10% se prestaba para hacerlo, porque el 80% de la gente lo quería y porque responder a lo que quiere la gente es muy fácil. Pero quiero preguntar qué harán los parlamentarios si la gente quiere que se vayan todos los migrantes de Chile, que tengan una categoría distinta a los chilenos, o que se reponga la pena de muerte. De verdad, es un camino riesgoso.

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