Claudio Ramírez

Un creciente aumento de los niveles de morosidad en la zona reveló el último informe elaborado por la Universidad de San Sebastián y Equifax que evidenció, entre otros aspectos, que el monto medio de la deuda en la región aumento el doble que el registrado a nivel país en el segundo trimestre de 2020.

De acuerdo al documento, el valor de la mora promedio en el territorio llegó a la suma de $1.705. 150 lo que representa un incremento del 2,7% en relación al mismo periodo del año pasado donde el monto se situó en $1.660.026. En tanto a nivel nacional, el alza fue de sólo un 1,3% alcanzando la cifra de $1.894.721.

Pero además hay que consignar otro indicador y es el desempleo, pues el 2019 a la fecha la tasa regional se ubicaba en un 8,3%, mientras que este año es de 13,4%.

Medio millón

El informe también da cuenta que en la región, el 34% de los habitantes mayores de 18 años y que equivale a 504.816 están en la categoría de morosos, es decir, una de cada tres personas está atrasada en alguna de sus deudas.

También hay otro dato que consigna el escrito y que da cuenta de la fragilidad en la capacidad de pago, pues el promedio regional de la mora equivale a 3,1 veces el ingreso medio que es de $549.141.

"No es posible distinguir el efecto de la pandemia con tanta nitidez", comentó el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Gonzalo Edwards, apuntando a que las medidas a nivel estatal y las reprogramaciones han incidido en la cifra de morosos como de impagos.

El economista de la Universidad de Viña del Mar, Alejandro Corvalán, advierte que esto refleja que el nivel de endeudamiento de las personas va más allá de la banca o del sistema financiero.

"Vemos el endeudamiento con las casas comerciales, entre otros factores, y eso habla también de una cierta precariedad del bienestar de los chilenos hace un año atrás donde se mostraba una propensión al endeudamiento", indicó el académico, agregando que el panorama se acentuó con el estallido social y la pandemia.

"El impacto en los ingresos y el empleo ha sido brutal y con ello el flujo de pago se rompe y, por lo tanto, esa deuda debería aumentar, y allí uno llama a los entes involucrados a proponer mecanismos de pago a futuro relativamente posibles con periodos de gracia o tasas bajas", remarcó, añadiendo que la situación podría agravarse.

"Espero que el control de la pandemia permita ir abriendo, con todos los resguardos necesarios, un espacio para la reactivación económica porque además sabemos que en términos de vacuna queda un buen tiempo", subrayó.

Número aumentará

Para el abogado de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez, el número de personas morosas debiera aumentar a nivel país, y también en la Región. "Esto por diversos factores como el aumento en el nivel de desempleo, que es uno de los más altos del país, y el término de los beneficios que el gobierno entregó más la postergación de cuotas de créditos de consumo e hipotecarios que los bancos ofrecieron a sus clientes".

Al respecto añadió que cuando esos beneficios terminen, sumado al aumento del desempleo, y la lentitud en la recuperación económica, se verán los impactos provocados por la emergencia sanitaria en su real magnitud.

"Hacia fines de año debiéramos ver el real efecto que la pandemia tendrá en el nivel de morosidad, que será bastante mayor a los niveles actuales", enfatizó.

"El impacto en los ingresos y el empleo ha sido brutal y con ello el flujo de pago se rompe y, por lo tanto, esa deuda debería aumentar".

Alejandro Corvalán, Economista UVM

"Hacia fines de año debiéramos ver el real efecto que la pandemia tendrá en el nivel de morosidad".

Ricardo Ibáñez, Abogado Defensa deudores.cl

El exministro del Medio Ambiente en el último gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, afirmó que es partidario del cierre de la fundición Ventanas y aseguró que no descansará hasta lograrlo.

"Que alguien en una zona de Chile le tenga miedo a algo que el Estado permite es tremendo. Es una violación de derechos humanos. No voy a descansar hasta que Ventanas cierre", aseguró el ingeniero civil en una entrevista con The Clinic, en la cual abordó su experiencia con la fundición cuando fue parte del gabinete de la expresidenta.

Al ser consultado sobre por qué no se adoptaron mayores exigencias respecto a la medición de las emisiones, comentó que hubo obstáculos. "Quisimos adoptarlas, pero siempre hubo una oposición muy férrea por parte del sector minero con influencia en el Ministerio de Hacienda y el de Minería. Cuando quisimos aprobarlas, nunca llegamos a consensos", dijo Mena que, según consigna la publicación, en la actualidad asesora a la Defensoría de la Niñez en una demanda contra el Estado por los daños generados en Puchuncaví.

Agregó que "no fuimos capaces porque no tuvimos una crisis para justificar la aplicación de las medidas. Así opera el sistema político, por mucho que yo dijera que era para evitar otra crisis de contaminación, si no está, no se le da la urgencia a las decisiones".

En esa línea explicó que el último episodio crítico que había como antecedente fue el 2011. "Cuando negociamos esto el 2016 y 2017 era muy abstracto, por eso pensamos en hacer una norma inicial que visibilizara que había episodios críticos y que pudiera gatillar un paso inevitable para el cierre. No trabajé para ese cierre porque no tuvimos evidencia en ese minuto. Si hubiéramos tenido episodios críticos con las características de 2018 habría impulsado el cierre".

El Tribunal Regional Electoral (TER) de Valparaíso acogió el requerimiento por notable abandono de deberes presentado por dos concejales de San Felipe, Christian Beals y Juan Sabaj, en contra del alcalde Patricio Freire, por lo que resolvió su remoción del cargo, decisión a la cual el jefe comunal puede apelar, aunque ello también le significará dejar el cargo mientras ello se define.

La sentencia, de fecha 10 de agosto, se basa en la causa rol N° 1775-2019, que inició el TER tras la acusación presentada por los ediles mencionados en base a los cuestionamientos que hicieran sobre una ordenanza para estacionamientos provisorios gestionada para mitigar la pérdida de calzo por el plan de gestión de tránsito y ciclovías para la comuna, más la modificación del contrato con Citelum, empresa especializada en alumbrado con la cual habría fijado en 2018, y con el fin de evitar un eventual litigio, el pago de $1.532 millones ($1.532.708.816), mediante 72 cuotas mensuales.

De acuerdo a lo informado por el concejal Beals al periódico El Observador, el acuerdo con Citelum requería una votación de una mayoría absoluta por el monto del contrato: "Son dos tercios, equivalente a 4.76; lo cual equivale a cinco votos y la asesoría jurídica interpretó que era cuatro y nosotros le planteamos al alcalde que no era legal porque se necesitaba un voto más y el alcalde firmó igual".