Cristián Rojas M.

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Léo Heller, entregó un lapidario informe sobre la situación hídrica de Chile, en el que expresa su preocupación por lo que ocurre en la provincia de Petorca, declarada Zona de Catástrofe por la escasez de agua, señalando que el Gobierno no debe priorizar las plantaciones de palta por sobre los derechos a la salud y al agua de la población, y que las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades sobre estos derechos.

"El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud," planteó Heller, subrayando que "el Gobierno está obligado a garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente".

Con respecto a los 50 litros diarios de agua potable que reciben los habitantes de esa zona a través de camiones aljibes, Heller advirtió que "esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia", agregando que "el Ministerio de Salud de Chile recomienda el lavado de manos como una de las maneras más efectivas para prevenir la propagación del covid-19, por lo que el Gobierno debe garantizar un suministro de agua adecuado para todas las personas y asegurarse de que las empresas no socaven la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones".

Responsabilidades

Tras conocer el informe, la diputada Carolina Marzán (PPD) puntualizó que "hay muchas responsabilidades del Estado en cómo se ha enfrentado el tema de provisión de agua para personas, en uso prioritario para consumo humano. El año pasado muchos habitantes de la provincia de Petorca salieron a las calles manifestándose ante la gravedad de los efectos de la falta de agua, en una situación de un 75% de descenso en las precipitaciones y acaparamiento del agua por parte de las grandes industrias. Lo que obtuvieron fue que los hechos se calificaron de 'agresividad, terrorismo, vandalismo', se les trató de subversivos sin siquiera aludir el tema de fondo: La desesperación por la falta de agua".

A juicio del diputado Luis Pardo (RN), "sin duda hay que reformar el Código de Aguas para eliminar todo espacio a la especulación en torno a sus derechos, además de sancionar las extracciones ilegales. Dicho eso, creo que el problema de desabastecimiento de agua potable rural en la cuenca de Petorca, además de muchas otras comunas, tiene que ver con la inoperancia y burocracia estatal que por décadas ha arrastrado proyectos de agua potable rural sin ejecutar".

Por su parte, la senadora Isabel Allende (PS) señaló que "valoramos y respaldamos la declaración del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación en Chile de los derechos humanos y el agua. Se ha relevado lo que hemos sostenido en varias oportunidades: el Gobierno de Chile no debe priorizar las plantaciones de paltas y la producción de electricidad antes que los derechos a la salud y al agua de su pueblo, y las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades sobre estos derechos. Esperamos que el gobierno aclare estas materias en su política de desarrollo económico y aclare si piensa respetar los derechos humanos en lo que concierne al agua o no".

A su vez, el senador Francisco Chahuán (RN) hizo "el llamado al Gobierno a entender que la situación de catástrofe hídrica es devastadora, y que llegó el momento de ocuparse, y eso implica que en la próxima Ley de Presupuesto se adopten todas las medidas para poder avanzar tanto en los embalses cabecera como en los embalses laterales en la Región de Valparaíso".

En tanto, el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio ambiente (Modatima), emitió una declaración pública en la que agradecen "el pronunciamiento de tan importante referente internacional, y señalamos una vez más que seguiremos batallando por el agua en todos y cada uno de los espacios que sean necesarios".

"Se ha relevado lo que hemos sostenido en varias ocasiones: El Gobierno no debe priorizar la plantación de paltas".

Isabel Allende, Senadora (PS)

"Sin duda, hay que reformar el Código de Aguas para eliminar todo espacio a la especulación".

Luis Pardo, Diputado (RN)

La Comisión de Evaluación Ambiental, encabezada por el intendente y compuesta, además, por diez seremis, aprobó de manera unánime el proyecto Saneamiento del Terreno Las Salinas, presentado por la inmobiliaria Las Salinas, propiedad de Copec, con el objetivo de preparar, en base a biorremediación con bacterias, el extenso paño que antiguamente ocupaban las petroleras, a fin de dejarlo apto para desarrollar allí un conjunto inmobiliario.

La sesión se inició con la exposición de la encargada del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para este proyecto, Sandra Fuentes, quien señaló que el SEA recomienda aprobarlo porque "cumple con la normativa ambiental vigente aplicable; presenta medidas de reparación adecuadas a los efectos" y porque "cumple con los requisitos contenidos en los permisos ambientales sectoriales mixtos".

Luego hubo más de 40 intervenciones de ciudadanos que pidieron la palabra, y también algunas autoridades, como el diputado Rodrigo González y los consejeros regionales Tania Valenzuela y Manuel Millones, todos planteando sus reparos a la iniciativa, mientras que el único que habló a favor fue el gerente de Desarrollo de la ILS, Esteban Undurraga.

Reconocidos expertos

Tras la aprobación, la empresa emitió un comunicado en el que destaca que "el proyecto es fruto de la labor de especialistas de Las Salinas y científicos de las principales universidades de la región: Michael Seeger, experto en biorremediación y académico del Departamento de Química e investigador senior del Centro de Biotecnología de la USM; Marcel Szantó, experto en manejo de residuos sólidos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV); Luis Álvarez, director del Instituto de Geografía de la PUCV; Salvador Donghi, experto en diagnósticos ambientales estratégicos y proyectos en conservación de la PUCV; y Roberto Orellana, investigador asociado al Centro de Biotecnología de la USM y académico de la Universidad de Playa Ancha".

A juicio del diputado Rodrigo González "hubo un gravísimo error del Gobierno Regional y de quienes votaron a favor de esa biorremediación sin guardar la objetividad necesaria, la prudencia necesaria, de haber convocado a la Universidad de Chile, a algunos centros objetivos e imparciales que pudieran señalar si verdaderamente en ese sistema de biorremediación no hay efectos contaminantes para la salud, no hay peligros como los que denunciaron profesores miembros de la comunidad. Fue impresionante la participación de la comunidad".

Core en contra

Por su parte, el core Manuel Millones recordó que el Consejo Regional "se pronunció en contra de este proyecto por los evidentes riesgos a la salud de las personas y el impacto al medioambiente. Pese a los contundentes argumentos develando que es un proyecto con muchas interrogantes, igual el SEA lo aprobó. La solución es modificar el Plan Regulador fijando un uso de suelo más compatible con ese sector y, por cierto, gravando áreas verdes, parques, además de comercio y otros usos".

A su vez, el vocero de la organización opositora Un Parque para Las Salinas, Gonzalo Gálvez, calificó la votación como "una vergüenza", destacando que "hubo cerca de 44 intervenciones, 43 en contra, muchas fundamentadas técnicamente en observaciones desde el mismo proceso, y una sola a favor, al último, el gerente de la empresa".

Considerando que ya no queda alguna instancia administrativa de apelación, Pavez adelantó que acudirán al Tribunal Ambiental y entablarán un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de cautelar el derecho a la salud de los vecinos.

"Hubo un gravísimo error del Gobierno Regional y de quienes votaron a favor de esa biorremediación sin guardar la objetividad necesaria".

Rodrigo González, Diputado (PPD)

Con la entrega de los terrenos para la construcción del Laboratorio Ambiental de la Región de Valparaíso, se inicia la ejecución de una de las obras que impulsa el gobierno en su plan de reactivación económica. Se estima que generará más de 600 empleos.

Se trata de una edificación de dos pisos emplazada en el sector de Belloto, comuna de Quilpué, que viene a potenciar la capacidad fiscalizadora de la autoridad sanitaria regional.

Participaron los seremis de Obras Públicas, Raúl Fuhrer Sánchez y Salud, Francisco Álvarez, junto a la gobernadora Carolina Corti. La inversión supera los $2.500 millones y se espera que en octubre de 2021 las obras sean entregadas, emplazadas en un terreno de poco más de 3 mil metros cuadrados, lo que contribuirá al desarrollo de la comuna.

Tras 8 años de espera, el laboratorio permitirá aumentar en más de un 50% la capacidad analítica en la región para la vigilancia de programas, contingencias y emergencias alimentarias, ambientales y de salud ocupacional.

Además se podrán hacer análisis de suelos, aguas, alimentos y residuos, para fortalecer el trabajo de la salud pública en la región.