Tras el anuncio de un paro de camioneros formulado por el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó el interés del Gobierno en el diálogo, a la vez que rechazó lo que llamó "extorsión". Fea palabra con la que se podría estar calificando la convocatoria a movilización de transportistas. A la vez, el funcionario llamó a avanzar en las investigaciones de los atentados que los afectan y en la tramitación de normas legales que sancionan esos hechos.

El movimiento, que se iniciaría el jueves a las cero horas, es la respuesta de los camioneros agrupados en la CNTC, que no son todos los del país, ante los ataques en la zona de La Araucanía, uno especialmente grave ocurrido en la noche del viernes, cuando resultó herida una niña de 9 años que viajaba en el vehículo conducido por su padre, en el que también se trasladaba su madre. El camión, con 30 toneladas de carga, fue baleado directamente en la cabina y luego incendiado. La niña, tras una operación, se encuentra fuera de riesgo vital en el hospital de Temuco.

Este hecho se suma al más dramático de Juan Barrios, conductor que murió por graves quemaduras que recibió mientras dormía en su vehículo detenido, el cual fue incendiado. Agonizó por semanas.

A la falta de seguridad en la zona del conflicto mapuche se suman reiterados asaltos a vehículos de transporte, con conductores lesionados y altas pérdidas materiales.

En el caso de la CNTC, el dirigente Pérez pide al Gobierno trámite de urgencia para 13 proyectos de ley sobre seguridad en la ruta y sanciones a los autores. Con ese timbre de urgencia, ¿estará dispuesto el Parlamento a avanzar en esas iniciativas que podrían chocar con algunas "sensibilidades"? Para algunos, aunque no se diga, los muertos, heridos y daños son "externalidades" en la lucha por una causa justa.

En el supuesto que los proyectos sean ley, su cumplimiento será difícil y la incertidumbre se mantendrá en las rutas si la condena a la violencia no logra esa unanimidad que da contundencia a la legalidad.

Por otra parte, un paro de camioneros, que inevitablemente revive fantasmas del pasado, tendría graves efectos sobre la ya castigada economía, afectando la producción, el comercio, el abastecimiento, las exportaciones y la transferencia de carga en los puertos. La CNTC no llama a bloquear rutas, sino que, simplemente, a no poner las máquinas en circulación. En cualquier caso, el daño es el mismo y aleja soluciones a un conflicto de mayor profundidad que para acometerlo, en una primera instancia, exige recursos, estrategia en terreno y acuerdos básicos que sumen voluntades, frenen la impunidad y condenen la violencia.

El pasado 14 de agosto pasado se cumplieron 30 años desde que Chile ratificó oficialmente la Convención de Derechos de la Niñez (CDN). A tres décadas de dicho compromiso, podemos observar que esto sólo se ha cumplido a nivel declarativo y con grandes problemas a nivel práctico, sin permear de manera profunda las lógicas culturales e institucionales, como ocurre con los niños de la comunidad mapuche, con aquellos que viven en zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví, en los niños y adolescentes que siguen siendo objeto de violencia física y sexual, como lo representa dramáticamente la muerte de Ámbar.

A la hora de abordar la temática de niñez y juventud siguen primando lógicas que ponen en cuestión los principios fundamentales de la CDN como son: el interés superior del niño y niña; la no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación infantil.

A diario podemos observar cómo la relación con niños y niñas está marcada por concepciones relacionadas a minoridad, objeto de protección, inferioridad, peligrosidad si está en condiciones de pobreza o, en su contrario, aparece como material de sueños, idealidades y proyectos políticos contingentes, como el eslogan: "Los niños primero".

El Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, ya ha emitido un juicio categórico sobre Chile: las grandes vulneraciones se producen por cuatro causas estructurales: la visión tutelar de la infancia; una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; la excesiva judicialización del sistema; y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema.

En nuestro país se ha avanzado en medidas universales a través del programa Chile Crece Contigo y en otras más especializadas, pero se requiere una política pública que incorpore todas las medidas que supone un sistema de protección integral, de tal modo que se garanticen los derechos de niñez, generando y promoviendo las condiciones materiales fundamentales para que esto ocurra.

Es relevante destacar que la garantía de derechos de la niñez, considerando con especial relevancia la participación infantil, no sucede por azar. Es necesario el condicionamiento de los escenarios políticos, económicos y socioculturales desde las concepciones mismas de la democracia, en el sentido de revisar cómo el sistema político y económico de nuestro país considera y genera condiciones de vida digna para todas las personas.

El Estado debe procurar favorecer cambios culturales necesarios para fortalecer la construcción de sujetos de derechos con lógicas de cuidado colectivo, de respeto mutuo, con relaciones de buen trato entre todos y todas. Esto es considerar el cambio cultural que implica valorar a las niñas, niños y jóvenes como sujetos que tienen validez en el presente y no sólo como una apuesta a futuro.