Cristián Rojas M.

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un presunto femicidio ocurrido en un campamento gitano en Villa Alemana, luego de que una mujer de 28 años fuera encontrada allí sin vida, situación que, en base a relatos de testigos, se vincularía con su pareja, quien ya tenía dos denuncias previas que la víctima había hecho por violencia intrafamiliar.

El fiscal de turno, César Astudillo, detalló que "en horas de la mañana se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en este campamento gitano ubicado en Villa Alemana".

Antecedentes previos

Al respecto, precisó que "se ha logrado establecer que la víctima mantenía una relación de convivencia con un sujeto, también de la comunidad gitana, y de acuerdo a las investigaciones que hemos podido desarrollar, hay antecedentes previos de violencia intrafamiliar, y es por eso que se puede establecer, preliminarmente, una vinculación entre ese fallecimiento y este sujeto".

En ese contexto, destacó que "va a ser determinante la autopsia médico legal, a efectos de establecer la causa precisa y determinante de la muerte, cómo, en definitiva, perdió la vida. No obstante ello, los antecedentes que ya existen nos permiten preliminarmente vincular el hecho con el conviviente, y es por eso que hemos pedido la orden de detención judicial, la cual fue otorgada recientemente por el juez de Garantía de Villa Alemana".

El imputado pasará hoy a control de detención en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, la que "muy probablemente se deberá ampliar, para tener mayores y mejores antecedentes, con miras a establecer si efectivamente esto corresponde a un femicidio atribuible a este sujeto", adelantó el persecutor.

Astudillo hizo notar que "hay una historia de agresiones por parte de este sujeto a la víctima, y efectivamente, testigos dan cuenta de que en horas de la noche hubo uno de esos episodios. La vinculación de ese episodio de violencia de anoche (domingo) con la muerte, es lo que estamos investigando".

El fiscal precisó que "las causas de agresión previas corresponden al año 2018 y 2019, por tanto, están terminadas, no había medidas cautelares vigentes que le prohibieran estar juntos".

Madre la escondió

Por su parte, el comisario Rodrigo López de la Brigada de Homicidios de la PDI advirtió que "tenemos que ser cautos, para esperar la autopsia. (...) No obstante, conforme a los primeros antecedentes y líneas investigativas que se han podido recoger, dan cuenta de que, efectivamente, existen investigaciones previas, que datan del 2018 y 2019, por violencia intrafamiliar". Precisó que el cuerpo de la víctima "presenta lesiones a nivel facial".

A su vez, Teresa López, madre de la víctima, comentó a la prensa que su hija era maltratada frecuentemente por el imputado, razón por la cual la acogió en su casa para alejarla del agresor en estos últimos días. "Ella durmió conmigo hace tres días, se escondió en mi carpa para que él no la golpeara", aseguró, agregando que la noche del domingo él la había ido a buscar a su carpa, pero la escondió tras un sillón, acción que finalmente no logró evitar el fatal desenlace.

Continúa la actividad en la comisión de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, quien presidía la Comisión de Libertad Condicional que le otorgó en 2016 ese beneficio a Hugo Bustamante, imputado por la violación y femicidio de Ámbar Cornejo.

Ayer fue la presentación del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien vía remota reiteró ante los diputados sus aprensiones sobre la acusación y defendió la independencia de los jueces. "No es posible escrutar las decisiones judiciales a partir de los efectos indirectos que ellas producen. Las decisiones judiciales no son ejercicios de prestidigitación, adivinatorios ni en base a pronósticos. Por lo mismo, se debe tener especial precaución con el estándar que se exija para dar por satisfecha la causal de notable abandono de deberes", expuso.

Agregó que "al existir una tensión entre la acusación constitucional a magistrados del Poder Judicial y la independencia y autonomía necesaria para el debido cumplimiento de nuestro mandato constitucional y legal, el notable abandono de deberes es un estándar que no puede darse por satisfecho, meramente, por el disgusto de una decisión específica ni por el natural horror y rechazo que produce un crimen cometido por una persona, cuya libertad se asume como la causa directa de ese reprochable hecho".

Relatoras

También expusieron las dos relatoras que trabajaron para dicha comisión. Una de ellas, Paulina Martínez, señaló que ese año se les pidió solamente relatar si los postulantes cumplían o no con los requisitos de tiempo mínimo y buena conducta, y desestimar todos los demás antecedentes, con lo que se demoraron mucho menos en relatar en comparación con comisiones de años anteriores en las que le tocó participar.

Sobre el punto, el diputado Andrés Longton, impulsor de la acusación, cuestionó los antecedentes dados por la defensa de la jueza Donoso, que planteó que no existían esos antecedentes. "Y la verdad es que, tanto Paulina, como Paz, nos dicen que los informes estaban, (...) por lo tanto, eso me parece particularmente grave, porque se faltó, claramente, a la verdad", dijo Longton.

Un duro emplazamiento hizo el administrador municipal, Claudio Boisier, a los concejales que piden aplazar la decisión sobre la operación de leaseback que propuso la alcaldesa Virginia Reginato. El mecanismo, aludió el directivo, permitiría a la municipalidad viñamarina paliar los menores ingresos que ha tenido debido a la pandemia.

La operación que deberá decidir el Concejo Municipal consiste en aumentar a $9.500 millones el proceso que deja en prenda bienes municipales (leaseback), ya aprobado por los ediles por $2.500 millones para pagar el Bono SAE de los profesores de la Corporación Municipal

Ante las dudas planteadas, Boisier insistió en que "los recursos que ha entregado el Estado para afrontar la pandemia no tienen nada que ver con los gastos operacionales del municipio para atender los requerimientos de la ciudad".

Por ello, expuso que "desconocer y negar la posibilidad de obtener un financiamiento externo como un leaseback, es no reconocer la gran crisis económica que está generando esta pandemia y en el caso de la municipalidad, es avalar la disminución los servicios básicos que se prestan a la comunidad, como son la manutención de la ciudad, la extracción de residuos domiciliarios o el alumbrado público y su mantención, entre tantos otros".

Incluso, Boisier dijo que "dejar sin financiamiento adicional que reemplace lo que no se recibe por el casino, corre riesgo hasta el pago de los sueldos de los funcionarios de la municipalidad".

Aunque la idea ya había sido planteada a los ediles en la reunión de comisiones del martes pasado, varios rechazaron realizar una votación inmediata, a la espera de nuevos antecedentes.

El presidente de la comisión de Finanzas del Concejo Municipal, Jaime Varas (UDI), dijo que el tema que se seguirá analizando, aunque reconoció en que "no es mucho el margen que nosotros tenemos, no tenemos otros mecanismos de financiamiento".

En la exposición hecha a los ediles, el municipio indicó que el pasivo a corto plazo es de 10.990 millones de pesos, al que habría que sumar otro a largo plazo de $3.673 millones, por lo que el total estimado es de 14.663 millones de pesos.

Sueldos en riesgo

Sin embargo, la concejala Marcela Varas (PPD) advirtió que "hasta el momento no he visto por parte del municipio una propuesta que plantee un plan económico detallado para enfrentar la crisis. La presentación que nos hizo la administración la semana pasada no me dejó satisfecha. Esta no es una decisión que se tome en 48 horas, como lo planteaba la alcaldía.".

En tanto, el concejal Carlos Williams (RN) sostuvo que "he pedido a la administración municipal, a través del asesor de finanzas, que se cuantifique el plan de ahorro que se está proponiendo, para conocer con exactitud la cantidad de dinero que nos permitirá ahorrar y en qué ítems se estaría aplicando".

Agregó que "también me interesa tener la información referente a los funcionarios a honorarios, para establecer si ha habido aumento en los contratos en los últimos meses. Si se nos entrega en regla toda la información requerida, no podríamos negarnos a permitir que se mitigue el déficit".