Cámara declaró admisible la acusación a ministra Donoso y su suerte la decidirá el Senado
CONGRESO. La opción por aprobar el libelo ganó por amplio margen, ya que hubo 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones. Testimonio de relatoras fue clave.
La Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidía la Comisión de Libertad Condicional que le otorgó ese beneficio en 2016 a Hugo Bustamante, hoy formalizado por la violación y femicidio de Ámbar Cornejo. Los votos por aprobar la acusación fueron 73, mientras que quienes estuvieron por no acoger el libelo fueron 52, al tiempo que hubo 14 abstenciones.
La jornada comenzó en la mañana con la argumentación de los cinco diputados que integraron la comisión que revisó la acusación antes de que llegara a la Sala.
El primero en exponer fue el diputado Gabriel Ascencio (DC), quien rechazó la cuestión previa y dijo que "lo que ocurrió el 2016 es gravísimo". El parlamentario destacó el testimonio de las dos relatoras que trabajaron para la comisión ese año.
"Las relatoras tenían todos los antecedentes e informes, los habían estudiado, y esperaban que se les preguntara, pero al momento de iniciar su relato ante la comisión, se les hace saber que sus integrantes han decidido recibir sólo dos datos: los relativos al tiempo cumplido y a la conducta de los reos postulantes. Quedaron en sus carpetas todos los demás informes que habrían contribuido notablemente a una mejor apreciación de las personalidades, de las características del delito cometido, sus capacidades de reinserción social, antecedentes e informes que, simplemente, no quisieron ser recibidos por la comisión del año 2016", advirtió Ascencio, agregando que, en promedio, los jueces dedicaron "sólo dos minutos" a revisar cada caso.
Abandono de deberes
El diputado dijo ser "un convencido que uno puede concluir que hubo abandono de deberes por parte del conjunto de la comisión al actuar de esa manera. Más aún, soy un convencido de que dicho abandono de deberes sí puede ser calificado de notable, por la falta de rigurosidad, por la falta de previsión de las consecuencias que una decisión de este tipo, tomada de esa manera, podía acarrear".
En ese sentido, planteó que "me he convencido de que los jueces tenían la posibilidad y la obligación de estudiar, de observar, de advertir todos los antecedentes que tenían a su disposición. Eso era perfectamente posible, porque estaban en manos de los relatores (...)".
El diputado Juan Luis Castro (PS) miembro de la comisión y el único que había rechazado la acusación el miércoles, mantuvo su posición estimando que no existió abandono de deberes y rechazó la cuestión previa.
Luego, el diputado Florcita Alarcón (PH), quien también integró la comisión, le habló directamente a la jueza Donoso: "La estamos juzgando", dijo, y le preguntó si se sentía una víctima, tras lo cual se emocionó y su voz se le quebró al decirle que si se sentía una víctima, entonces podría transformarse en una buena jueza, porque un juez que no se pone en el papel de las víctimas no es un buen administrador de justicia. No obstante, se declaró de acuerdo con la cuestión previa.
Tras él intervino el diputado Pablo Prieto (Ind. ex UDI), quien resaltó que la ministra presidía la comisión, por lo que "si hubo suficiente acuerdo para declarar admisible la acusación y destituir al ministro (de la Corte Suprema Hernán) Cereceda el año 92, con mayor razón existen antecedentes y motivos plausibles para avanzar en esta acusación", ya que Cereceda era el presidente de una Sala del máximo tribunal que integraban otros ministros que también eran acusables.
Finalmente, el presidente de la comisión, Marcelo Díaz (Unir), partió diciendo que "me gustaría haber saludado a la jueza Donoso, que creo que por deferencia con este Poder Legislativo, debió haber estado presente en esta Sala", y agregó que "la decisión de la comisión de la cual fue parte la ministra Donoso fue un grave error que permitió que salieran en libertad personas que no debieron dejar la cárcel", y rechazó la cuestión previa.
Una vez finalizadas las exposiciones de la comisión que revisó la acusación, expuso el impulsor de ésta, Andrés Longton, quien hizo notar que la ley le daba a la comisión un plazo de un mes para resolver, pero prefirieron hacerlo en un día, "porque al parecer tenían cosas más importantes que hacer que decidir las libertades condicionales de psicópatas, asesinos, violadores y abusadores sexuales de niños".
"valientes relatoras"
Longton destacó el testimonio de "las valientes relatoras de la comisión nos señalaron que, a pesar de que habían estudiado todos los antecedentes, la comisión les solicitó remitirse sólo a tiempo y buena conducta, lo que fue sorprendente para ellas".
Recordó los votos de minoría de la ministra Donoso en casos como la violación de una niña de 13 años en la que la jueza argumentó que no hubo dolo porque el violador no sabía la edad de la niña, y otro de una niña de 5 años, hija de quien finalmente fue condenado, en el que desestimó el testimonio de la víctima, "que junto con los exámenes físicos, daban cuenta de una violación reiterada".
Con respecto al testimonio de las relatoras, el abogado defensor de la jueza, Jaime Winter dijo que, efectivamente, los jueces no tuvieron los informes a la vista, y explicó que aquello fue porque no era un requisito que exigiera la ley. Sin embargo, tras su exposición, el diputado Andrés Longton hizo notar que Winter omitió decir que, pese a no ser un requisito, la ley tampoco impedía que los jueces los solicitaran, y prueba de ello es que las comisiones de años anteriores sí pedían y consideraban esos antecedentes e informes.
Tras ello, el diputado Matías Walker (DC), también destacó el testimonio de las relatoras y votó a favor de la admisibilidad de la acusación. Luego el diputado y firmante del libelo, Pablo Kast (Evópoli), coincidiendo con lo planteado por Marcelo Díaz, dijo que le gustaría que hubiera estado presente la ministra Silvana Donoso, y le pidió que "salga, dé la cara, y le explique a los chilenos su versión".
La siguiente en intervenir fue la diputada Natalia Castillo, quien rechazó la acusación, así como la cuestión previa, lo mismo que hizo el diputado Raúl Soto (Ind. ex DC), quien argumentó que no podía recaer toda la responsabilidad únicamente en la jueza Donoso. Acto seguido, el diputado Florcita Alarcón rechazó la acusación, asegurando que quienes la impulsaban sólo se oponían a la libertad condicional, pero nada dijeron de los 400 ojos que se perdieron en el estallido social.
Tras él tomó la palabra la diputada Carolina Marzán (PPD), quien recalcó que "Hugo Bustamante no es una persona que debía cumplir su condena el libertad" y aseguró que "la independencia del Poder Judicial no está en juego", agregando que si bien la acusación constitucional no le devolverá la vida a Ámbar, sí es un llamado de atención, y votó a favor de la acusación.
202 peligrosos criminales
Luego, la diputada y firmante Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde Social, detalló que la comisión presidida por Donoso liberó a "60 homicidas, 2 femicidas, 100 violadores y 40 abusadores sexuales de menores, y "no se escuchó a los relatores, no se hizo la pega, no fueron rigurosos, si esto no es abandono de deberes, ¿qué es lo que es?".
El diputado Marcos Ilabaca (PS) votó en contra, señalando que el PS presentó un proyecto para crear los tribunales de ejecución de penas, pero el Gobierno lo detuvo. Su par Gonzalo Fuenzalida, uno de los firmantes, reconoció que si el informe de Gendarmería fuera vinculante no se requeriría una Comisión de Libertad Condicional, "pero eso no significa que no importa".
El último en intervenir fue el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), otro de los firmantes, quien dijo que "el testimonio valiente de las relatoras en la comisión fue fundamental porque dejaron en evidencia que la defensa de la jueza había mentido descaradamente cuando dijeron que se habían enterado por la prensa de la existencia de informes psicosociales (de Hugo Bustamante)".
Ahora los diputados Andrés Longton, Gonzalo Fuenzalida y Daniel Verdessi (DC) presentarán la acusación al Senado, que decidirá si la ministra es destituida de su cargo.