El conflicto entre el Presidente peruano, Martín Vizcarra, y el Congreso opositor, llegó otra vez a un punto extremo en medio de la peor crisis sanitaria del país.

Al cierre de esta edición, el Legislativo debatía para "ver exclusivamente la vacancia presidencial", dijo el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, por supuesta "incapacidad moral" del gobernante. El primer ministro, Walter Martos, declaró a la radio RPP que "lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de la Constitución".

La destitución de Vizcarra está basada en la difusión de tres audios difundidos el jueves por el legislador opositor Edgar Alarcón, a quien la Fiscalía investiga por presunta corrupción y falsificación de documentos. En uno de los audios se escucha a Vizcarra planificar la defensa de dos funcionarias de su entorno para responder a una investigación del Congreso por la contratación de un conocido suyo, el cantante Richard Cisneros, "Richard Swing", contratado nueve veces por el Estado entre 2018 y 2020 por US$49.500.

Propuesta

El Congreso recibió antenoche una propuesta de seis partidos políticos, entre los cuales está el grupo de Alarcón, donde se acusa a Vizcarra de "faltar a la verdad y obstruir" las investigaciones, por lo que se pidió iniciar el proceso de destitución por la causal de incapacidad moral, cláusula constitucional con múltiples interpretaciones, según diversos expertos constitucionalistas.

Tras conocerse la propuesta de los legisladores, Vizcarra habló la noche del jueves desde el palacio presidencial: "Si quieren sacarme, aquí estoy... no voy a renunciar, yo no me corro". Sobre los audios, dijo que "han sido editados y manipulados maliciosamente".

Nuevo choque

La fiscal Janny Sánchez-Portura, quien investiga el caso "Richard Swing", pidió que se le remitan los audios de las conversaciones que implican a Vizcarra y a personal de confianza de este, según reveló ayer el diario El Comercio. Ella indaga presuntas contrataciones irregulares del cantante y actos vinculados de funcionarios del Ministerio de Cultura.

El nuevo choque con el Congreso ocurre poco después de que el Presidente le exigió aprobar una ley para que los sentenciados en primera instancia no puedan postularse a un cargo público, menos de un año antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. La norma, cuyo plazo de aprobación vence a fines de septiembre, se convertiría en un golpe directo a la clase política tradicional: varios de sus miembros tienen condenas por corrupción o por no entregar pensiones de alimentos. También perjudicaría a posibles candidatos en zonas remotas ligadas al narcotráfico, la tala y la minería ilegal.

Desde que comenzó su mandato en 2018, Vizcarra ha gobernado sin bancada parlamentaria y tiene frecuentes fricciones con la Cámara. Hace un año, disolvió el Parlamento anterior y, en agosto, el nuevo obligó a dimitir al primer ministro, Pedro Cateriano.

Para el procedimiento de destitución se necesitan 52 votos entre los 130 miembros del Parlamento unicameral. Si esos 52 votos se dan, luego tendrá que haber un debate entre el martes 15 y el martes 22 de septiembre. También está la opción de que se obtengan 104 votos y así se podría acelerar la votación de la destitución, entre hoy y el lunes.

La politóloga Adriana Urrutia dijo que la denuncia "debe ser procesada, analizada y sancionada en su momento correspondiente", pero que "no es esta la agenda que los ciudadanos requieren". La también presidenta de la Asociación Transparencia expuso que la situación del Presidente, en manos de un Congreso mayoritariamente impredecible, revela "la precariedad de la democracia y del sistema político" de Perú. "Gobernar sin partido no le da al Gobierno estabilidad", afirmó. Para el analista Fernando Tuesta, no hay proporción entre el hecho (los audios) "y la respuesta a ese hecho" (la denuncia).

El Reino Unido y Japón llegaron a un acuerdo de libre comercio, el primero de relevancia que logra el Gobierno británico posbrexit, que reforzará el comercio de su país en 15.000 millones de libras (16.090 millones de euros).

El anuncio lo hizo la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, quien consideró que la alianza comercial con Tokio, concretada ayer por videollamada con el ministro japonés de Exteriores, Motegi Toshimitsu, marca "un momento histórico para el Reino Unido y Japón, porque es nuestro primer gran acuerdo comercial posbrexit al asegurar nuevos triunfos para los negocios británicos en nuestras grandes industrias manufacturera, de alimentación y bebidas y en las industrias tecnológicas".

Destacó que el acuerdo se negoció "en tiempo récord y en circunstancias exigentes" y que "va más allá del actual acuerdo (de Japón) con la Unión Europea (UE)", pues otorga a las compañías británicas que exportan productos al país asiático ventajas competitivas y, en concreto, permitirá que un 99% de estas exportaciones a Tokio se beneficien de un comercio exento de tarifas.

Para Truss, la nueva alianza comercial creará "nuevas oportunidades para los ciudadanos de todo el Reino Unido" y colocará al país "en el centro de una red de acuerdos de libre comercio modernos con amigos y aliados similares".