Aplicando normas del Estado de Excepción Constitucional y del Código Sanitario, el Gobierno ha tomado múltiples medidas con el fin de controlar la pandemia que ya ha provocado en el país miles de muertes.

Así se han dispuesto cuarentenas y confinamientos acotados, restricciones a las personas de la tercera edad, cierre de locales comerciales no esenciales o barreras sanitarias, generalmente tardías.

Ahora, con ocasión de las Fiestas Patrias se han establecido restricciones sobre la cantidad de personas que, en determinadas condiciones, se podrían reunir en una casa particular. Estas restricciones tienen como finalidad evitar reuniones numerosas en algún recinto sin el adecuado distanciamiento y sin mayor conocimiento en cuanto a identidades, cuestión esencial para realizar la tan necesaria trazabilidad de casos de covid-19.

Para hacer cumplir esta norma las autoridades sanitarias, con el apoyo de la fuerza pública, tendrían la facultad de ingresar en las casas particulares con el fin de controlar su cumplimiento. Este anuncio ha provocado reacciones sobre la constitucionalidad de la medida, que va más allá de las normas existentes sobre allanamientos que exigen claramente una orden judicial, la que según el seremi de Salud, Francisco Álvarez, se podría obtener rápidamente si hubiere resistencia para el señalado control. Puntualizando, el ministro del Interior, Víctor Pérez, distinguió dos casos: "Uno en que exista una flagrancia: la autoridad sanitaria descubre que hay una determinada fiesta clandestina. Otra es si la autoridad sanitaria tiene información de que, en una determinada propiedad, hay personas contagiadas, y sin duda tiene las atribuciones para fiscalizar la situación".

Esta polémica facultad para una fecha precisa estaría violentado un derecho constitucional y se suma a otras, también, cuestionadas y planteadas en tribunales como disposiciones que limitan el desplazamiento de adultos mayores.

Están en juego en todos estos casos dos valores: la inviolabilidad del hogar y el derecho al movimiento de las personas, valores permanentes, y la obligación de la autoridad de proteger la salud de la población en contingencias como las actuales.

Y es así como se están aplicando normas, algunas muy antiguas como las del Código Sanitario, pero con el señalado objetivo superior que es la salud y el derecho a la vida.

La cuestión de fondo es que se llega a estas medidas y divergencias jurídicas hasta constitucionales debido a la falta de claridad de las normas vigentes, nunca situadas en la posibilidad de una crisis como la presente y, más que nada, debido a conductas colectivas que ante una realidad trágica de miles de víctimas, no asumen la responsabilidad individual en la protección de la vida, propia y ajena.

La imposibilidad de realizar clases presenciales ha obligado a llevar a cabo esfuerzos sin precedentes para entregar educación a distancia. El primero vino desde el Mineduc, que implementó una completa plataforma digital con sus respectivos programas de apoyo, así como también desde los establecimientos educacionales y muy especialmente de los profesores para poder materializar las clases a distancia.

A su vez, también se ha necesitado contar con un acompañamiento de los padres para que sus hijos puedan desarrollar con éxito esta nueva experiencia y de los canales de televisión abierta que han implementado TV Educa. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones han debido poner a disposición un pack de internet solidario gratuito y más de 200 radioemisoras se han sumado a la difusión de contenidos educativos, especialmente en zonas rurales.

Para adecuarse a esta nueva realidad, el Mineduc también realizó un ajuste curricular priorizando los contenidos de Lenguaje y Matemáticas, cambio que fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, además de una pérdida generalizada de aprendizajes, se está produciendo un incremento significativo de las brechas derivadas por el entorno socioeconómico y cultural de las familias, ya sea por las dificultades de acceso a internet o por la falta de acompañamiento de un adulto idóneo. En algunos casos, por ambas causas a la vez.

Las familias, por su parte, han experimentado dificultades de diverso orden, las cuales, en su gran mayoría, se relacionan con tener a sus hijos confinados y recibiendo una educación de menor calidad, lo cual si bien es producto de una fuerza mayor y no de un mal servicio, genera una tensión agregada a las tantas ya existentes. Los sostenedores y los profesores, en tanto, están sometidos a un esfuerzo superior: los primeros para sostener las remuneraciones y costos del proceso con menos ingresos dada la crítica situación económica derivada de la pandemia, y los segundos enfrentando un método nuevo que demanda más trabajo y dedicación.

En medio de esta crítica experiencia surgen con inusitada frecuencia proyectos de ley que buscan "solucionar" algunos de los aspectos antes mencionados, pero sin hacerse cargo de la complejidad del problema. Decretar la denominada "promoción automática" es quitarle el piso a miles de profesores y padres que hacen un gigantesco esfuerzo por mantener la atención y el compromiso de los alumnos para seguir aprendiendo en estas difíciles circunstancias. "No se esfuercen, todos pasarán de curso" pareciera ser la consigna en vez de confiar en el criterio y conocimientos de los equipos docentes que, obviamente, no harán repetir a nadie por la pandemia. En definitiva: una mala señal para la educación.