LLa conectividad gana cada día más importancia en el país en áreas tan variadas como economía, comercio cultura, educación, transporte, salud, educación o esparcimiento. El desarrollo exponencial de la telefonía celular que facilita la comunicación individual es una expresión muy concreta del progreso en conectividad alcanzado en los últimos años.

Estos avances con el tiempo han ido cubriendo numerosas actividades logrando agilizar operaciones públicas y privadas e impactando en la vida diaria de las personas.

La conectividad, sin embargo, tiene muchas limitaciones, y no alcanza a todos los puntos del territorio, pese a lo cual se realizan esfuerzos por superar barreras naturales que limitan los alcances de las redes inalámbricas.

Con todo, continúan los avances tecnológicos: está en marcha el proyecto de un enlace transoceánico de fibra óptica entre nuestro país y China que facilitaría la información y el intercambio, especialmente económico.

Además, llega la tecnología 5G, dando alta velocidad a las comunicaciones, facilitando el tráfico de información en las más variadas expresiones.

Pero de pronto todo el edificio digital acusa profundas grietas que afectan actividades y personas, de lo cual da cuenta acertadamente un reportaje dominical de este Diario. Ahí está el colapso de los sistemas de BancoEstado, afectando a miles de usuarios. Y el miércoles pasado una falla en las redes de VTR alteró los servicios también de miles de personas en ciudades de la Región de Valparaíso, de Santiago y de otros puntos del país.

Ambos casos revelan una vez más la fragilidad de los medios digitales expuestos a intervenciones maliciosas y fallas muchas veces previsibles en los sistemas mismos.

Sobre el caso VTR la Subsecretaría de Telecomunicaciones declaró que "según la normativa vigente, los usuarios tienen derecho a un descuento en su tarifa mensual por toda suspensión, interrupción o alteración de un servicio por causa no imputable que exceda las seis horas en un día o doce horas continuas en un mes".

Corresponde por cierto la sanción, pero dada la importancia de la conectividad y la masificación de su uso, la normativa no se puede quedar solo en compensación.

La norma se debe adelantar a la prevención de la falla, exigiendo seguridad en las redes, de gran extensión en ciudades y campos, pero expuestas diversos daños.

En nuestra maltratada economía y en nuestra vida diaria, cada día tenemos mayor dependencia de las redes digitales; por tanto, la calidad de esos medios y la seguridad en su continuidad exige una legislación y una autoridad controladora acorde a la creciente importancia que han cobrado las nuevas modalidades de conectividad.

Constantemente, vecinos de diversos sectores de la Región de Valparaíso me contactan para informar de una situación que se repite y que da cuenta de un patrón común, referido a los efectos colaterales de la búsqueda de una vivienda digna. Ellos ven con impotencia cómo día a día crecen "las tomas" aledañas a sus hogares y comprueban cómo inescrupulosos se adueñan de predios abandonados, los nivelan, lotean y construyen de manera irregular, todo con el objetivo de venderlos a quienes sueñan con la casa propia, a sabiendas que se trata de una venta nula. Las ocupaciones ilegales crecen día a día y hay quienes se dedican a este "negocio", sin que sus acciones tengan ninguna consecuencia, a pesar de que muchas veces lo hacen en bienes de carácter público, destinados a proyectos habitacionales u otras obras en beneficio de la comunidad.

Cuando me refiero a que las acciones de los inescrupulosos que lotean y venden terrenos de los que no son dueños no llevan aparejadas consecuencias, quiero decir con ello que las autoridades que deben intervenir en estas materias se encuentran en un estado de inercia incomprensible. He recurrido a la Fiscalía, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, a la Seremi de Bienes Nacionales, a las gobernaciones de San Antonio y a la de Valparaíso, al Consejo de Defensa del Estado y a los alcaldes de todo el Distrito 7, sin ningún resultado, salvo el de excusas por su imposibilidad de acción. De todos ellos, sólo la fiscal regional, Claudia Perivancich, ha anunciado que iniciará un catastro de todas las causas pendientes al respecto.

Frente a hechos constitutivos de delito, como lo es la ocupación ilegal de un terreno, ¿por qué las autoridades nada hacen?, ¿por qué justifican su inactividad en excusas sin fundamentos, ¿por qué se abandona a los vecinos que con esfuerzo han logrado tener su casa propia?, ¿por qué se descuida a quienes ocupan ilegalmente estos sectores al no dar una solución de vivienda digna?, ¿por qué sigue siendo Valparaíso la región con más campamentos en el país? La respuesta es desalentadora y, lamentablemente, no es ni social ni económica, sino que tiene que ver con razones políticas, relacionadas íntimamente con los votos que se "pierden" al levantar la voz por estos casos, con lo impopular que nos vuelve luchar contra quienes usan terrenos que no les corresponden, especialmente considerando las elecciones que están próximas a desarrollarse.

La pregunta final es ¿cuándo las autoridades asumirán sus responsabilidades políticas en estas materias? La proliferación de las ocupaciones irregulares se les fue de las manos, perdieron el control de los terrenos públicos y privados, con políticas habitacionales insuficientes y sin acciones concretas para estos casos.

Espero que las soluciones lleguen antes de las elecciones.