Laura Giannici (DC), actual concejala de Viña del Mar, se suma a la nutrida parrilla de interesados por el sillón alcaldicio de calle Arlegui, actualmente ocupado por Virginia Reginato (UDI). Pese a los graves problemas económicos de la municipalidad y las críticas situaciones de vivienda y empleo de la comuna, con un turismo ahogado por la pandemia, la alcaldía viñamarina sigue siendo tentadora para todos los sectores, tal como ocurre con la de Valparaíso, ciudad que cruje por todos lados.

La postulación de Laura Giannici, así como la elección del edil Marcelo Barraza como candidato para el Puerto, muestran los esfuerzos de la DC por recuperar la posición dominante que esa colectividad tuvo en la zona donde, afirmaba un analista, "la guaguas nacían democratacristianas".

La postulación de doña Laura está en su etapa inicial, ya que si bien fue aprobada por el Consejo Nacional de su partido, pese a objeciones del camarada René Lues, otro interesado, debería pasar a eventuales primarias opositoras, votaciones que tendrían lugar el 29 de noviembre, mecanismo por definirse. Y ahí hay varios nombres "disponibles", algunos que podrían venir de otras latitudes, el recurrido "turismo electoral".

Laura Giannici tiene como capital 30 años de militancia en la DC y 10 como integrante del Concejo Municipal. Crítica de la gestión de Virginia Reginato, firmó, junto a otros tres concejales, la acusación contra la alcaldesa que conoce el Tribunal Electoral Regional.

Mira los problemas locales en terreno "con todo el centro turístico de Viña cerrado, con letreros de arriendo, se vende, es para llorar". Le inquieta la grave situación del momento debido a que el Casino ya no entregará a la municipalidad los $ 23 mil millones que debería cancelar hoy martes. Ello, por la postergación de la apertura del establecimiento determinada por la Superintendencia de Casinos de Juego.

"Esto es un drama para la ciudad", sostiene y confía en que el Gobierno acogerá las llamadas de ayuda que hace la municipalidad. Insiste en que la ciudad tiene "un déficit horroroso" con la mayoría de las actividades cerradas y propone "hacer todo de nuevo… con otra mirada".

Y dentro de esa mirada nueva recuerda que Viña del Mar es "la comuna con más campamentos de Chile, Eso el Estado tiene que solucionarlo, pero eso la municipalidad tiene que trabajarlo con los organismos correspondientes". Llama también a explotar el capital turístico olvidado de la comuna más allá del Festival y a "tirar para arriba" la cultura.

La elección municipal, alcaldes y concejales, el 11 de abril próximo, es un verdadero cóctel. Se vota además por gobernador regional y constituyentes, según el resultado del plebiscito. Y en ese menú, si es que llega a la cédula, está el mensaje "todo de nuevo" de Laura Giannici, tras años de la era Reginato.

La crisis sanitaria actual, al igual que todo fenómeno social extraordinario, puede tener distintas interpretaciones. Del confinamiento, cierre de fronteras y otras medidas que parecen alejarnos más, lo normal sería pensar que el sentido de solidaridad internacional no es más que un anhelo con rasgos utópicos. Qué podríamos esperar entonces, se preguntarán muchos, para los posibles espacios de trabajo conjunto en áreas tan específicas como la Justicia. Con todo, es la Justicia y sus servicios asociados una de las áreas que más conecta al Estado con la ciudadanía y, por cierto, uno de los pilares de la convivencia social.

Dicho lo anterior, es que, más allá de meros gestos de solidaridad, la cooperación internacional resulta hoy un imperativo para alcanzar soluciones comunes a un problema compartido como el covid-19. Es así, como desde inicios de 2020 a la fecha, esta dimensión internacional -la cooperación jurídica internacional- ha cobrado especial valor. El sector justicia es mucho más que un ministerio, pensemos en cómo los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y los diversos servicios relacionados con la Justicia han debido ser innovadores y proactivos en la mitigación de la pandemia.

En este escenario, el diálogo multilateral ha sido clave, particularmente con países cuyas realidades en política de servicios a la población, política criminal y, en definitiva, idiosincrasia, son similares a la nuestra. Un problema global como el que vivimos requiere respuestas de la misma naturaleza y un actuar coordinado, que se nutra de aciertos y aprenda de los errores presentes en jurisdicciones y políticas públicas foráneas.

En el caso concreto de Chile, tanto el diálogo Norte-Sur -al alero del Sistema Interamericano- como la cooperación de los países iberoamericanos, han confluido en diversas instancias de diálogo para lograr aminorar, en parte, los efectos negativos del virus, impulsando mejores políticas públicas en el sector justicia y, a la vez, coadyuvando a la tarea fundamental de carácter sanitario en cuyo empeño se encuentran la mayor parte de los Estados del mundo.

Hoy se pone a prueba la verdadera utilidad de la dimensión internacional sectorial de justicia, en que a veces una acción a miles de kilómetros evita adoptar una mejor medida, ya sea otorgando mejores estándares en materia de DD.HH. o en materias más pedestres, como la optimización a la atención de público en los servicios vinculados a la justicia. Siglas como COMJIB, REMJA, CEJA, BID, ILANUD y otras, de a poco muestran su utilidad práctica. A modo de ejemplo, COMJIB, Organismo Internacional que agrupa a 22 Estados con sus correspondientes autoridades de Justicia, ya ha impulsado un plan de trabajo técnico y foros multilaterales virtuales que han mostrado que, aún en crisis, las nuevas tecnologías permiten verdaderas cumbres internacionales a costo cero.

La responsabilidad de cooperar sí es posible y necesaria en tiempos de pandemia, superando las limitaciones asociadas a aquello y demostrando que puede resultar un catalizador del empleo de nuevas tecnologías que disminuyan la "tramitología procesal internacional" (por ejemplo, digitalizando los exhortos o cartas rogatorias); efectuando más reuniones y foros por plataformas virtuales y alternativas innovadoras por medios remotos que permitan brindar un mayor acceso a la justicia a todas y todos los chilenos.