Sorpresa y no poco entusiasmo, hay que reconocerlo, causó el recurso de protección presentado por el abogado y exdiputado Gonzalo Ibáñez Santa María a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando una orden de no innovar que impida la realización del próximo plebiscito constituyente del 25 de octubre, por el eventual riesgo sanitario que éste conlleva para la población.

En su escrito de 8 páginas, Ibáñez equipara la situación con la primera postergación que sufrieran tales comicios (del 26 de abril al 25 de octubre) a partir de un decreto del Ministerio del Interior y el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe dictado por el Presidente Piñera el 18 de marzo, y prorrogado por noventa días el 15 de junio y, por el mismo lapso, el 12 de septiembre.

Por ende, afirma el abogado, "(...) para el Gobierno, las condiciones de calamidad y catástrofe públicas que nos afectan ahora no son obstáculo para realizar ese plebiscito como sí lo fueron seis meses atrás".

Dada la máxima relevancia del plebiscito en cuestión, Ibáñez también estima coartada su libertad de votación, en virtud de las cuarentenas, toques de queda, uso obligatorio de mascarilla y una larga lista de exigencias para vocales de mesa y electores, y una abierta violación a su derecho constitucional de vivir en un medioambiente limpio de contaminación (N° 8 del artículo 19 de la Carta Magna), acaso el antónimo de una aglomeración propia de un plebiscito.

No es todo. Asimismo, el abogado también utiliza a su favor las últimas declaraciones del desde hace algún tiempo errático ministro de Salud, Enrique Paris, quien se refirió a la inconveniencia de realizar el Festival de Viña del Mar en cinco meses más e incluso si estuviera disponible una vacuna para el covid-19.

Para finalizar, Ibáñez -viejo zorro- incluso entrega la solución para una nueva postergación del plebiscito, ordenado por disposición constitucional, y que debe necesariamente ser modificado a través de una reforma de la misma, acusando una grave omisión por parte del Presidente y ambas Cámaras del Congreso, contra los cuales interpone su publicitado recurso.

Sendas misivas enviadas a este medio por parte de sus lectores coinciden con el abogado en la lógica de su demanda, aun cuando se quiera instalar un marcado sesgo derechista en sus intenciones.

Y así, finalmente, aunque pueda terminar entrampándose un plebiscito necesario para el país, la Justicia tendrá la última palabra al respecto. Hasta el minuto, sin embargo, son el propio Gobierno y el Poder Legislativo los que con sus abiertas contradicciones le dan la razón a Ibáñez. Para qué hablar de los partidos y los políticos incumbentes. ¿O acaso el recurso presentado por la alcaldesa de Viña para aferrarse ciegamente al sillón de Arlegui es algo más presentable que éste?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) acaba de entregar las cifras del mercado laboral en Chile. El primer dato relevante es la tasa de desempleo a nivel nacional en el trimestre móvil junio-julio-agosto, que alcanzó un 12,9%, y para la región de Valparaíso una tasa del 14,0%, las cuales revelan aún cifras significativamente altas y que tendrán un claro impacto en el aumento de la desigualdad a final de este año.

En relación a los ocupados, se aprecia la disminución en un 19,4% a nivel del país y una caída regional de un 24,0%, equivalente a 210.758 personas menos respecto a un año atrás. En el caso de nuestra región, los sectores con mayor variación negativa en el empleo han sido el comercio (-27,7%), la construcción (-42,3%) y alojamientos y servicios de comida (-50,2%), similares a la tendencia nacional.

Hay un tercer dato que requiere un análisis conjunto de la tasa de desempleo y la tasa de participación, entendida como el cociente entre la fuerza de trabajo (FT) y la población en edad de trabajar (PET). Esta medida nos ayuda a entender la evolución del mercado laboral en un horizonte de tiempo más amplia y en el último trimestre móvil las cifras registran una tasa de participación en la fuerza de trabajo del 52,5% a nivel nacional y una tasa del 48,5% en nuestra región.

En esta misma perspectiva, hay otro indicador relevante del INE y es la tasa combinada de desocupación y la fuerza de trabajo potencial, que es una categoría compuesta por personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar y se convierten en potenciales entrantes a la fuerza de trabajo cuando las restricciones de movilidad por la pandemia se levanten o mejoren las expectativas de las personas por encontrar un empleo. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó un 29,0%, con un ascenso de 14,6 % en el último año. En los hombres se situó en 26,8% y en las mujeres en 32,0%.

En consecuencia, como planteó hace un par de semanas el economista Alejandro Micco, el "empleo debe ser la prioridad económica número uno, dos y tres de Chile"; y los recientes anuncios en términos de subsidios para un millón de empleos con foco en mujeres, jóvenes y trabajadores con discapacidad apuntan correctamente a la continuidad laboral de los empleos suspendidos en el marco de la Ley de Protección al Empleo y la contratación de nuevos trabajadores. No obstante lo anterior, no hay que perder de vista que los procesos de reactivación económica son asimétricos respecto a los procesos de recuperación de empleo, con lo cual los períodos de desempleo se pueden extender en el tiempo y, además, puede haber cambios de desplazamiento sectorial derivados de los cambios tecnológicos.

La complejidad para abordar el empleo requerirá diseños de políticas públicas que no repitan miradas de "conducir con el espejo retrovisor", sino básicamente un enfoque hacia un presente y un futuro que está cambiando, y ello requerirá rediseños de la forma en que se organiza la economía, especialmente para el Estado y los mercados.