Una sensación de alivio recorrió Viña del Mar y Valparaíso al saber que podían salir del duro sacrificio de la cuarentena a partir de las 05.00 horas del próximo martes 13 de octubre. Para muchos, principalmente el sector comercial asociado a labores turísticas, la decisión del Ministerio de Salud permite reactivar negocios y recuperar en algo las pérdidas sufridas en este periodo, que el lunes 12 de octubre se habrá extendido por 123 días. En varios casos, los dueños de pequeños emprendimientos estaban cerca de bajar definitivamente la cortina ante las perspectivas de que la reapertura esperada desde hace varias semanas no ocurría. Sin embargo, para muchos otros, el término de la medida más restrictiva que ha aplicado el Gobierno para enfrentar la pandemia desatada por el covid-19 plantea dudas y temores ante el riesgo de que se repitan aquí los rebrotes que afectan a ciudades del norte y el sur del país. Esa doble pulsión, entre la incertidumbre y la esperanza, ha marcado la vida de todos desde que en marzo de este año se supo del primer caso de contagio.

¿Qué es necesario para evitar que volvamos a caer en cuarentena? Los especialistas no tienen dos respuestas: mejorar la trazabilidad, aumentar los testeos y mantener toda la insistencia posible para que la población mantenga medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado constante de manos.

El Minsal informó ayer del desconfinamiento luego que los indicadores revelaran 28 casos nuevos en Valparaíso y 9 en Viña del Mar. A nivel regional, los casos activos alcanzaron las 1.614 personas y la positividad de los testeos se empinó al 6% para un total de 1.617 PCR realizados en las 24 horas anteriores.

Junto al impacto económico positivo, el fin de la cuarentena significa un alivio emocional y psicológico para la población enclaustrada y un camino hacia la regulación de las operaciones postergadas, de las atenciones médicas suspendidas por corresponder a patologías extra covid, un paso hacia el reencuentro responsable de familias y la visita con resguardos especiales a los adultos mayores cercanos. En el mediano y largo plazo, la decisión también abre una puerta a la reflexión sobre cómo la crisis por el coronavirus nos ha llevado a renunciar a libertades que pensábamos inamovibles y a cambiar hábitos y estilos de vida tan asentados en nuestra cultura -el beso de saludo, el apretón de manos, el abrazo entre amigos-, que volver a ellos se transforma en una reacción instintiva. En ese escenario, vale la pena recordar el pensamiento que expone el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Loewe, autor de "Ética y coronavirus": Si el coronavirus se quedara con nosotros para siempre, ¿estaríamos dispuestos a aceptar las restricciones a las que nos hemos visto obligados en forma ilimitada?

Luego del respaldo recibido por el Senado esta semana, en condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica el Código del Trabajo, para exigir a las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Éstas deberán promover políticas de inclusión y contar con al menos con un experto del área de recursos humanos que esté certificado en integración laboral. Actualmente, contamos con la Ley 21.015 referida a inclusión laboral, la cual cuenta con dos años de vigencia, donde las empresas deben contar con una cantidad mínima de contratación de personas con discapacidad.

Hemos tenido y estamos teniendo avances en materias de inclusión. No obstante, surge de manera natural una serie de reflexiones, esto a raíz de Daniel, un amigo activista que forma parte del grupo de autorrepresentación de la fundación a la cual pertenezco y que tiene autismo. Al observar su proceso es inevitable no emocionarme, pero al mismo tiempo nos interpela como comunidad a entender que la inclusión debe ser posible, debe ser real, y que es deseable.

La gran interrogante aparece ahora: ¿qué oportunidades reales le estaremos ofreciendo en el futuro cercano para que pueda ejercer todo aquello que implica ser ciudadano y adulto con derechos? El ser ciudadano implica, por un lado, participar activamente en la vida social, política y económica de una comunidad, y por otro, que se reconozcan sus derechos y cómo ponerlos en práctica. Me refiero al acceso al trabajo, a la vivienda, a la vida independiente y a la igualdad y no discriminación.

Sin embargo, las personas con discapacidad han sido las más olvidadas y en la medida que logremos que puedan participar, hacer elecciones, tener control respecto a los aspectos relevantes de su vida y a tener una vida feliz, estaremos estableciendo las bases de la justica y la dignidad humana.

Así como Daniel, en nuestro país tenemos a María, Paula, Cristián, Juan o Eduardo, personas con discapacidad que se verán enfrentadas al mundo del trabajo con una mochila cargada de sueños e ilusiones intentando ejercer su derecho al trabajo y una vida digna. No obstante, sabemos que la inclusión laboral aún es un contexto minado no sólo por las escasas oportunidades, sino que por la principal y más importante barrera, casi sutil e imperceptible: los prejuicios existentes en torno a la discapacidad. Es por ello que surge otra gran interrogante: ¿De quién es Daniel? (tomando como referencia un texto escrito por Javier Tamarit Cuadrado el año 2011), ¿de la Fundación Apoyo Autismo Chile por tener autismo?, ¿de los equipos profesionales a cargo de los procesos de inclusión sociolaborales? ¿De quienes prestan servicios a personas con discapacidad? Daniel no es de nadie, más que de sí mismo. No obstante, requiere de una comunidad y un contexto sociolaboral, sin excepción, que lo acoja.

Es por ello que la invitación está puesta en derribar estos muros invisibles e incrementar la experiencia vital de la persona, así como promover una vida plena elegida; y por otro lado, apoyarlo para que pueda ejercer su derecho a tener una vivienda, ocupación con sentido y relaciones significativas. ¿Y por qué? Porque la aspiración de toda persona a tener un trabajo y una vida independiente es igualmente una aspiración para las personas adultas con autismo y/o discapacidad.