Cerca de 400 empresas se han acogido a nueva ley de quiebras
REGIÓN. En tanto, a seis años de vigencia de Ley de Insolvencia, las liquidaciones a nivel de personas suman más de 1.000.
Ayer se cumplieron seis años desde que se visara la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento que reemplazó a la ley de quiebras. En la región, a partir de 2016, cuando se desagregaron las cifras por territorio, 377 empresas de la zona se han acogido a liquidación, lo que representa un 6% de participación a nivel nacional.
En tanto a nivel de personas el número llega a 1.007 procesos de liquidación, lo que equivale al 7% del total país en el periodo transcurrido. En cuanto a reorganización las cifras bajan notoriamente, sobre todo en el caso de las empresas donde, por ejemplo, en todo el 2019, sólo una se acogió a este proceso.
"Como era una ley que nacía, en un principio fue difícil hacerle entender a las personas que existía una nueva herramienta, pero con los años esta opción se ha difundido y ha aumentado el número de liquidaciones y de renegociaciones", comentó la coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), María Soledad Meneses, agregando que esto ha tenido un paréntesis sólo a causa de la pandemia.
"Creemos que tras la emergencia va a aumentar la afluencia de público y nos estamos preparando para ello", agregó la abogada.
Modificaciones
Actualmente, en el Congreso se tramita un proyecto de ley que viene a modificar algunos aspectos de la legislación. Al respecto, el superintendente de la Superir, Hugo Sánchez, destacó la creación de un nuevo proceso simplificado mediante el cual se eliminarán los costos del certificado de deudas, se disminuirán los costos de honorarios de veedores, se simplificarán los procesos y se reducirán los plazos.
"El proyecto, además, establecerá un nuevo proceso simplificado de liquidación para empresas de menor tamaño y personas naturales, que permitirá que el deudor conserve sus bienes hasta su venta y que elimina el requisito de tener bienes para iniciar el procedimiento", dijo el personero.
En esa línea, manifestó que la agilidad en los procedimientos facilitará a los usuarios la posibilidad de iniciar un nuevo camino, sobre todo tomando en consideración el contexto en que se encuentra el país.
"El objetivo central es contar con una rehabilitación mucho más fácil, accesible y rápida de los deudores, ya sean personas o empresas. Lo anterior nos permitirá recuperar los empleos y los ingresos, y poner en plena marcha nuestra economía", subrayó el superintendente.
Cara y sello
En el marco del debate que ha generado este proyecto de ley se han planteado varios reparos. "Tiene varias medidas que desde nuestro punto de vista son bastante contraproducentes, sobre todo, tomando en cuenta la condición socioeconómica que estamos viviendo", comentó el abogado fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez.
Entre éstas menciona que a las personas que se declaran en quiebra les van a pedir consignar 10 UF para gastos de procedimiento. "Hay que considerar que esto es complicado para una persona que está quebrada", subrayó, agregando que esto al menos debería ser proporcional a la deuda.
En esa línea, añadió que ese cobro no se justifica porque además no ha existido un abuso de la ley. "En seis años hay 13 mil personas que han ocupado el procedimiento sobre un universo de 4,5 millones de chilenos que están en Dicom y me atrevo a asegurar que el 99% de los deudores que se declaran en quiebra lo hacen de buena fe", manifestó el abogado, que también fue crítico de la medida incluida en el proyecto que establece que una persona pueda declararse en quiebra sólo una vez cada 5 años. "Eso no fomenta el emprendimiento", manifestó.
En cuanto a los puntos favorables, enfatizó que se reducen los costos para las pymes para reorganizarse al suprimir el auditor, pero remarca que se mantiene el veedor que significa un gran desembolso.
"Como era una ley que nacía, en un principio fue difícil hacerle entender a las personas que existía una nueva herramienta".
María Soledad Meneses, Coordinadora regional Superir
6 años cumplió ayer la nueva legislación, que reemplazó a la antigua ley de quiebras.
377 empresas de la región se han acogido al proceso de liquidación, desde 2016 a la fecha.