UPLA pide a Piñera la remoción de sus dos representantes
VALPARAÍSO. Consejo Académico tomó decisión tras fuerte disputa en Junta Directiva y la presentación de una denuncia a la Contraloría acusando irregularidades en OTEC.
Una marcada tensión ha sellado el devenir de la Junta Directiva de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) desde fines de agosto a la fecha, debido a serias desavenencias entre los dos representantes del Presidente Sebastián Piñera en esa instancia y los demás integrantes del organismo.
El motivo se centra en las acusaciones formuladas por Jorge González (ingeniero comercial y coordinador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez) y Fernando Reitz (técnico eléctrico y director ejecutivo de la inmobiliaria Dhelos), ambos nombrados por el Mandatario para integrar la Junta Directiva, por eventuales irregularidades financieras al interior del plantel que encabeza el rector Patricio Sanhueza, referidas puntualmente al funcionamiento de la Fundación Organismo de Capacitación Técnica de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (Fundación OTEC UPLA), creada con el propósito de entregar capacitación para la formación de oficios.
En una reunión de directorio realizada el 24 de agosto, de acuerdo a lo publicado ayer por La Tercera y confirmado a este Diario por el mismo rector Sanhueza y el director jurídico de la casa de estudios, el exintendente Raúl Celis, Jorge González elevó serias acusaciones por el manejo de la Fundación y puso en duda el destino de $380 millones traspasados a esa entidad, lo cual derivó en serias recriminaciones y descalificaciones.
Tras esto, la vicerrectora de Administración de Finanzas, Carolina Canales, a quien González pidió su renuncia, no toleró los cuestionamientos y dejó el cargo, misma decisión que adoptó la presidenta de la Junta Directiva, Ximena Azúa, seguida por el historiador Eduardo Cavieres.
Decisión del consejo
Finalmente, los dos representantes del Presidente Piñera, más Carlos Hernández, quien perteneció a la Junta Directiva hasta el 5 de octubre, presentaron una denuncia ante la Contraloría con el fin de clarificar el destino y uso de los $ 380 millones.
El tenor de las acusaciones fue duramente criticado por el rector Sanhueza y los restantes miembros de la instancia, quienes asumen de manera enfática que no existe irregularidad alguna.
"Todo esto detonó que fuera el Consejo Académico de la universidad, órgano representativo de toda la universidad, que de forma unánime y tras recibir previamente un informe elaborado por el director jurídico de la universidad junto a dos decanos y una decana, el que le pidiera al Presidente de la República la salida de estos dos directores", precisó el rector de la UPLA, acción que se concretó el pasado 24 de septiembre.
"Tanto en mi anterior rol como secretario general de la universidad y luego como rector, nunca me había tocado participar en una reunión como la señalada, en que se advirtieron no sólo interrupciones y gritos, sino peor aún, gratuitas y livianas manifestaciones de desconfianza y descalificaciones personales", puntualizó Sanhueza.
Por su parte, el director subrogante de la Fundación UPLA, Juan Álvarez, explicó que "con relación al destino de $ 380 millones sobre los cuales se ha querido instalar una duda, como quedó establecido en la presentación que se realizó a la misma Junta Directiva y como fue expuesto a la asamblea de académicos de la Facultad de Educación, se utilizaron para pagar fundamentalmente finiquitos, deudas con bancos y proveedores. Por cierto, el destino de esos recursos fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad de la época, por tanto, no veo dónde puede haber una duda".